Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala B, 5 de Agosto de 2022, expediente CIV 093201/2004/CA001

Fecha de Resolución 5 de Agosto de 2022
EmisorCamara Civil - Sala B

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA B

93201/2004

S.R.L. c/ LA ECONOMIA COMERCIAL

S.A.DE SEGUROS GRALES. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de agosto de dos mil veintidós, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces y la Señora Jueza de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Salina,

R.L. c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Grales. s/ daños y perjuicios” respecto sentencia de grado, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces y Señora Jueza: DR. CLAUDIO RAMOS

FEIJOO - DR. ROBERTO PARRILLI – DRA. L.F.M. –

A la cuestión planteada el Dr. C.R.F., dijo:

  1. La sentencia de fs. 645/656, hizo lugar a la pretensión de la madre del nasciturus que naciera sin vida producto de la asfixia intrauterina, y condenó a la jefa de servicio de obstetricia del hospital, al médico que la evaluó

    y posteriormente realizó la cesárea y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e hizo extensiva la condena a la citada.

  2. Contra el referido pronunciamiento, apela solamente el GCBA y el médico.

    El primero tilda a la sentencia de errada y arbitraria, en la apreciación de los hechos y la prueba. Cuestiona la imposición de costas a su cargo y califica de elevados los rubros indemnizatorios y pide se aplique la ley de consolidación.

    El segundo centra su falta de responsabilidad en la inexistencia de relación de causalidad de los hechos imputados con su conducta profesional;

    en concreto con su no presencia en la franja horaria en que comenzó el trabajo de parto.

    Fecha de firma: 05/08/2022

    Firmado por: C.R.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.F.M., JUEZA DE CAMARA

  3. Pasaré a examinar los agravios expresados, en la inteligencia que en su estudio y análisis corresponde seguir el rumbo de la Corte Federal y de la doctrina interpretativa. En tal sentido, ante la inconsistencia de numerosos capítulos de la expresión de agravios, conviene recordar que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN: 258:304; 262:222; 265:301;

    272:225; F.Y., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

    Comentado, Anotado y Concordado, T° I, pág. 825; F.A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, T 1, pág. 620).

    Tampoco es obligación de los juzgadores ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estimen apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN: 274:113; 280:3201; 144:611).

    Es en este marco, pues, que ahondaré en la cuestión de fondo del caso sub examine.-

  4. La apelación del Gobierno enrostra al sentenciador haber estructurado su pronunciamiento, en forma excluyente, en la pericia de la médica legista.

    Hasta la plétora (nada más apropiado por su doble significado) se ha escrito en doctrina y jurisprudencia sobre la importancia de esta prueba en la definición de la denominada mala praxis de los médicos. De ello resulta la cantidad de jurisprudencia y doctrina que cita la agraviada.

    Cabe traer a colación que la ley 4128, del año 1902, dio al artículo 178 del Código de Procedimiento Civil de la Capital, entonces vigente, en reemplazo de la anterior que decía: “Siempre que los peritos nombrados tuvieran título y sus conclusiones fueran terminantemente asertivas, tendrán fuerza de prueba legal. En los demás casos podrá el juez separarse del dictamen pericial toda vez que tenga convicción contraria, expresándolos fundamentos de esa convicción” (N.R., Medicina Legal, El Ateneo, p. 31,12ma. R.,

    1982).

    Conteste con ello la jurisprudencia que el Gobierno cita de esta Sala (vocalía 5, expte. 94.978/2004) con pericia en dichos autos del CMF, de relevancia superlativa (Responsabilidad Profesional de los Médicos, G., p.

    960, La Ley, 2003)

    Aunque es cierto que la experticia médica no resulta vinculante para el Juez, en este tipo de juicios la prueba pericial deviene relevante ya que el informe del experto no suele ser una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos Fecha de firma: 05/08/2022

    Firmado por: C.R.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.F.M., JUEZA DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA B

    (CNCiv., Sala D, en autos “Yapura, G.E. c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ Ds. y Ps.”, expte. libre n° 77.257/98, del 8/10/02; íd., “F.,

    J.L.c.P., J. y otro s/ Ds. y Ps”, expte. libre n° 105.505/97, del 20/09/91).

    La función de la prueba pericial es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de las cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. No será el perito quien defina el pleito, pero es indudable que -fundando debidamente su informe- esta actuación, por su peso y envergadura, desplaza por lo regular y quita valor convictivo a otros elementos que no resulten definitorios. Al respecto, es oportuno aclarar que la mera opinión de los litigantes o de eventuales testigos no puede prevalecer sobre las conclusiones de los expertos, en especial si se advierte que no hay argumentos valederos para demostrar que las mentadas conclusiones fueron irrazonables.

    La solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que la prueba pericial es la más adecuada, pues ella es el fruto del examen objetivo de las circunstancias de hecho, de aplicación a éstas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos al dictamen (CNCiv., Sala “D”, en autos "Quiros de D., N. c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y Perjuicios",

    expte. libre nº 25.403/93 del 27/12/96; esta sala, “Chomsky c/ Palavecino s/ ds. y ps.”, del 15/12/2005).

    Con las precedentes aclaraciones, en definitiva, habrá que examinar si los galenos que atendieron a la paciente de autos han extremado todas las previsiones y cautelas para evitar el daño que se reclama de acuerdo a lo que la ciencia médica aconseja y si existe relación de causalidad entre el obrar de los mismos (culpabilidad) y el daño provocado (ver –entre otros- mi voto, expte. n° 45.026/2015, “., A y otro c/ F., K. M. y otros s/ ds. y ps”).

    El propio apelante (GCBA) se cuestiona: ¿por qué se internó la actora? Y responde: “porque al haber empezado a controlar su embarazo en forma tardía, no se tenían datos confiables acerca de su verdadera edad gestacional, a que las fechas probables de parto diferían considerablemente teniendo en consideración la fecha de la última menstruación y las ecografías realizadas”. F. como interrogante ¿si debía hacerse una intervención cesárea? y concluye que los factores de riesgo perinatales apuntados por la médica legista de oficio no eran motivos para una cesárea (la negrita es mía).

    De ello concluye que el fallo apelado se funda en un informe pericial construido a partir de...

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