Saldos y retazos a la espera de un plan económico

Todavía resulta prematuro aventurar qué grado de aceptación tendrá la última de las "ofertas finales" del gobierno de Alberto Fernández para cumplir con su acertada decisión política de evitar otro default de la deuda bajo legislación extranjera (US$66.000 millones); o, al menos, una judicialización excesiva de los bonistas que no ingresen al canje voluntario a cambio de mayores concesiones financieras. Pero sí existen dos certezas.La primera, que un resultado relativamente exitoso no será el fin sino el comienzo de una etapa que luego incluirá la reestructuración en similares condiciones de la deuda con ley argentina (equivalente a US$46.000 millones) y la indispensable extensión de plazos para reembolsar el crédito stand-by del Fondo Monetario Internacional (US$44.000 millones), cuyos mayores vencimientos se concentran entre 2022 y 2023. La segunda, que esta última necesidad obligará a acordar un plan macroeconómico con el organismo (con o sin financiamiento extra) para asegurar la sustentabilidad de la deuda que pregonan al unísono el ministro Martín Guzmán y el FMI. En otras palabras, evitar que la Argentina vuelva a las andadas dentro de algunos años, para lo cual es clave que reordene sus cuentas y vuelva a crecer.Este objetivo choca de frente contra el pasado y el presente de la economía, agravada ahora por la a nivel global y el parate que provoca la cuarentena récord en el AMBA. "Entramos mal y saldremos peor", diagnostica con su habitual concisión el politólogo Rosendo Fraga. Los números le dan la razón. Las estimaciones privadas para 2020 prevén una caída del PBI de -12/13%; una inflación de 42/43% interanual; un nivel de pobreza superior a 40% y un déficit fiscal primario (sin intereses de la deuda) de -6,5/7,5% del PBI financiado mayormente con emisión monetaria.Según el Estudio Broda, este año cerrará otra década perdida, ya que el PBI per cápita será 20% inferior al de 2010. No solo eso. Entre 2010 y 2019, la inflación acumulada fue de 1571%, frente a 32% en Perú; 35% en Chile; 46% en Colombia; 53% en Bolivia. y 114% en Uruguay. La inversión promedió apenas 15,5% del PBI (frente al 20% en los años 90 y casi 30% en los 70); prácticamente no hubo creación de empleo privado (salvo monotributistas sociales y en el sector público) y la pobreza no bajó de 30% (cuando en 1974 era sólo de 4%). A este dramático cuadro agrega que, desde 2003 hasta ahora, la fuga de capitales superó los 188.000 millones de dólares, debido a la...