Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii, 5 de Octubre de 2020, expediente CNT 086643/2016/CA002

Fecha de Resolución 5 de Octubre de 2020
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO

- SALA VII

CAUSA Nº 86643/2016

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 55457

CAUSA Nro. 86643/2016 - SALA VII - JUZGADO Nº32

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de octubre de 2020, para dictar sentencia en estos autos: “SALATINO, D.T.

C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. S/ ACCIDENTE – LEY

ESPECIAL”, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR N.M.R.B. DIJO:

  1. La sentencia de primera instancia, obrante en autos a fs.

    332/335, que hizo lugar a la demanda, ha sido apelada por ambas partes a tenor de los memoriales de agravios que se visualizan en el Sistema de Gestión Lex.

  2. En virtud de la índole de las cuestiones traídas a conocimiento de este Tribunal, abordaré en primer lugar el recurso deducido por la parte demandada que se queja principalmente por el progreso de la demanda en cuanto al reconocimiento de la ocurrencia de los hechos y patologías denunciadas. Adelanto que la queja no podrá prosperar, toda vez que la Aseguradora recurrente reconoce haber otorgado las prestaciones de ley y el alta médica al actor y en este marco, no puedo menos que recordar que –tal como reza el antiguo aforismo romano- “propriam turpitudinem allegans non est audiendus”, es decir, nadie puede invocar su propia torpeza para fundar un derecho (Bueres, A.–.H., E.I., “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, T. 1, pág.

    1.119, Editor De Palma año 2.001).

    La doctrina de los actos propios, de raigambre romanista (con antecedentes en el Corpus Juris Civilis, en un pasaje de U. referido al fragmento 25 del Digesto 1,7, y en el último título del mismo ordenamiento en el que P. consigna la inadmisibilidad de cambiar de criterio en perjuicio de otro), acuñó el brocardo: “venire contra factum proprium nulli conceditur”, también expresado por Accurcio como: “adversus factum suum quis venire non potest”, cuya finalidad consistía en impedir que un resultado ajustado al estricto derecho civil, pero contrario a la equidad y a la buena fe prevaleciera. Funcionaba “ope exceptionis” de manera similar a la “exceptio dolis”, cuyas resonancias guardan relación con el caso a examen.

    Nuestro Código Civil originario dio lugar a la aplicación de la denominada “Teoría de los Actos Propios” con fundamento en los Artículos 16 (que en algunas interpretaciones jurisprudenciales la recepta con la categoría de principio jurídico) y 953. Más aún a partir de la reforma de 1968,

    Fecha de firma: 05/10/2020

    Firmado por: N.R.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: H.H.K., SECRETARIO DE CAMARA

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    CAUSA Nº 86643/2016

    desde los artículos 1071 y 1198 (conf: A.B.: “La Teoría de los Actos Propios, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987).

    En el contexto fáctico y jurídico descripto, propongo confirmar la sentencia de grado en este punto.

  3. Seguidamente, la demandada cuestiona la incapacidad psicofísica tenida por cierta. Entre sus argumentos, menciona la obligatoriedad de los baremos de Ley, la improcedencia de los factores de ponderación y la falta de denuncia de la incapacidad psicológica (conf. Art.

    65 LO).

    En primer término, considero oportuno recordar que con frecuencia los magistrados deben recurrir a la opinión de un experto en determinadas materias quién, por sus conocimientos científicos contribuya al esclarecimiento de la cuestión litigiosa, pues los jueces carecen de conocimientos en determinadas materias, o aun teniéndolos, no forman parte del área correspondiente a la que se deben avocar, por lo que necesitan de estos auxiliares de la justicia.

    Al respecto ha dicho la CSJN en A. 1167. XLII Recurso de Hecho “A.F., L. c/ Hospital Italiano – Sociedad Italiana de Beneficencia”: “Si el perito es, como se vio, un intermediario en el conocimiento judicial (A.: “Tratado…” 1ra Ed. Vol. II p. 347), y si en lo técnico, esa mediación resulta esencial, es indudable que la intervención especializada coadyuva en forma relevante a la formación regular de las decisiones judiciales.

    Por ende, aunque el dictamen de experto no es vinculante, no parece coherente con la naturaleza del discurso judicial apartarse de él sin motivo y menos aún, abstenerse de ese aporte (ver “Introduction” S.B.,

    Associate Justice of Supreme Court of the U.S., esp. P 2,3,4,5 y 8,

    en “Reference Manual on Scientific Evidence” 2da. Ed. Federal Judicial Center, USA).

    Cómo se adelantara, a pesar de que nuestro sistema la pericial no reviste el carácter de prueba legal, si el experto es una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como auxiliar judicial distinto de las partes, la prudencia aconseja aceptar los resultados a los que aquél haya llegado, en tanto no adolezcan de errores manifiestos, o no resulten contrariados por otra probanza de igual o parejo tenor, (Ver en similar sentido, mi voto in re “M., H.D. c/ Asociart ART SA s/ Accidente – Ley Especial), SD. Nro.: 46834 del 30/06/2014).

    Fecha de firma: 05/10/2020

    Firmado por: N.R.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: H.H.K., SECRETARIO DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO

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    De lo expuesto, se colige que si el juez pretende apartarse del dictamen pericial, dicha circunstancia debe obedecer a la existencia de argumentos científicos que lo fundamenten, lo cual no sé advierten las alegaciones adunadas en esta instancia.

    Cabe aclarar que, para desvirtuar una prueba pericial, es imprescindible valorar los elementos de juicio que permiten advertir fehacientemente el error o el uso inadecuado que el técnico hubiese hecho de los conocimientos científicos que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado. De ahí que cuando el peritaje aparece fundado, en principios técnicos inobjetables, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumento de mayor peso, aceptar sus conclusiones.

    Advierto que el informe pericial médico practicado en autos (ver fs.

    268/270vta, aclaraciones de fs. 277/vta) cuyo basamento repara en los estudios adjuntos (ver fs. 244 y 256/265), constituye un estudio serio y razonado que se encuentra científicamente fundado en las consideraciones médico legales allí expuestas, sin que las alegaciones del demandado quejoso lo refuten de forma adecuada como para apartarme de sus argumentos, por lo que corresponde otorgarle eficacia probatoria (cfr. art.

    386 y 477 CPCCN).

    Respecto del apego a los baremos de ley, tal como lo sostuve en numerosos precedentes sometidos a mi consideración, éstos constituyen sólo tablas que relacionan enfermedades con una disminución de la capacidad laborativa genérica, estimando frente a una dolencia determinada la incapacidad posible, y este carácter estimativo que poseen explica por qué las diferentes tablas puedan informar para una misma dolencia,

    incapacidades diferentes (esta S. in re: “T., F.A. c/

    Aseguradora de Riesgos del Trabajo Liderar SA s/ Accidente – Ley Especial”

    SD 47094 del 17 de octubre de 2014).

    Así las cosas, entiendo que los baremos son sólo indicativos y en definitiva el órgano facultado legítimamente para determinar la existencia o no del grado incapacitante y su adecuación y medida es el jurisdiccional a través de la interpretación de los artículos 386 y 477 del CPCCN todo desde la perspectiva de enfoque que dimana de los principios “pro homine, pro actione y favor debilis” conjuntamente con el principio de indemnidad; con Fecha de firma: 05/10/2020

    Firmado por: N.R.B., JUEZ DE CAMARA

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