Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 4 de Julio de 2018, expediente A 74939

Presidentede Lázzari-Soria-Genoud-Kogan
Fecha de Resolución 4 de Julio de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A.74.939 “S.M. Y OTROS C/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERIA Y CASINOS S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“

La Plata, 04 de julio de 2018.

AUTOS Y VISTOS:

Los señores Jueces doctores de L., S., G. y la señora Jueza doctora K. dijeron:

  1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n°2 del Departamento Judicial Mar del Plata, acogió parcialmente la demanda promovida por M.S., J.D.L.L. y A.V.R. y, en consecuencia, condenó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos a abonarle a cada uno de ellos la indemnización prevista del art. 30 inc. b) de la ley 10.430 y una reparación por daño moral generado individualmente a cada actor en la suma que indicó (v. fs. 643/567 vta.).

    Para así decidir, en lo que es del caso resaltar, aseveró -en primer lugar- que no surgía controversia entre las partes respecto de la extensión y formalidades dadas a los vínculos que ligaron a las partes en la relación de empleo público mantenido.

    Luego, delimitando las cuestiones a resolver, advirtió que en los planteos ventilados existían dos grupos de hechos a partir de los cuales se estructuraba el conflicto. Así, consideró que un primer grupo estaba conformado a partir de las relaciones forjadas a raíz de los contratos de locación de servicios que se dieron hasta el 31 de diciembre de 2009, dónde la decisión de no continuar de tal modo recayó en cabeza de la Administración; mientras que el segundo se dio desde la nueva contratación gestada en el año 2011 y cuyo fin vino dado por la voluntad de los actores.

    1. En ese marco, pasando a atender el primer tramo de la relación, adelantó que si bien el planteo actoral al respecto podría aspirar a la reparación pecuniaria, no existía posibilidad alguna de que en dicha fase temporal se le reconozca a los accionantes el derecho a la estabilidad en el empleo publico por el mero paso del tiempo.

      Para arribar a tal conclusión, comenzó por rechazar la posibilidad de que los actores se vean beneficiados por el plazo del art. 10 de la ley 22.140, por cuanto sus designaciones tuvieron lugar a través de la figura del contrato de locación de servicios -previsto en los arts. 115 y 116 de la ley provincial 10.430- con carácter estrictamente temporal. En tal sentido, reforzando el alcance de la doctrina recaída en las causas "Ramos" (CSJN Fallos: 333:311) y "Cerigliano" (CSJN Fallos: 334:398), subrayó que la adquisición del derecho a la estabilidad -que trae por efecto la reinstalación ante un despido arbitrario- siempre está conectada y requiere como condición una designación regular que procure el carácter permanente de la incorporación del agente.

      Desde la misma óptica, desestimó la posibilidad de tener por adquirido tal derecho aún considerando el plazo de 24 meses establecido en la negociación paritaria que tuvo lugar entre los gremios representativos del sector y la parte empleadora para incorporar a planta permanente a los agentes que -luego del traspaso de la administración y explotación de los casinos a la provincia- se desempeñaban en base a contratos de locación de servicios. Estimó, que si bien los actores estuvieron incorporados a los listados preliminares de aquellos agentes que se proyectaba incorporar a la planta permanente de la parte demandada, luego -junto a otros 15- resultaron excluidos del proyecto de acto por no habérseles renovado el contrato para el año 2010, período anual en que justamente se dispuso el ingreso -en tal calidad- de 218 agentes, por vía del decreto 280/10. Así, juzgó que dicha circunstancia refiere a un acto preparatorio que no coincide con aquella nota definitoria del derecho a obtener la reinstalación, afirmando que no se concretó una mutación del estatus jurídico de los actores.

    2. Respecto del segundo segmento de hechos...

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