Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 21 de Marzo de 2011, expediente 44.384

Fecha de Resolución21 de Marzo de 2011

Poder Judicial de la Nación Causa Nº 44.384, “Y.P.F. SA s/

delito de acción pública”

Juzg. Fed. Nº 11, Secretaría Nº 21

Reg. N°: 216

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011.-

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

El Dr. E.F. dijo:

  1. Vienen las actuaciones a conocimiento del Tribunal en razón de que el titular del Juzgado Federal Nº 11 dispuso, el 21 de diciembre de 2009, el sobreseimiento de C.S.M., de D.F.C., de J.A.C.F., de J.A.R., de E.O.R., de R.B.F. y de F.J.M. (punto Nº I); de León Nells, de M.M., de C.R. De La Vega, de M.L.P., de P.C.P., de J.C.C., de R.L.M., de C.J.P., de M.E.V., de D.P., de E.S. y de Bayless Mannign (punto Nº II); de N.E.N., de C.A.O.,

    de M.D.G., de C.A.A., de R.G., de E.R.P., de A.V.B., de B.G., de P. delA., de A.H.G.A.C.,

    de J.S.R., de A.C. de A., de J. De Luca, de C.J., de M.R., de A.M., de A.M., de C.M.T., de Orlando Rubén De Simone y de E.M.V. (punto III); en orden a los hechos por los que fueron perseguidos y en los términos del art. 336, inc. 3 del C.P.P.N.

    Apelaron la decisión las querellas representadas por los siguientes apoderados: R.O.L., M.G.I., G.H.V. y A.F.; por N.C.C.; por M.G.B. y D.D.; y por la Dra. A.R.D., así como el Sr. Fiscal,

    E.T.. Por su parte, el Dr. H.A.E. adhirió a los recursos de apelación interpuestos por las querellas.

    Cabe señalar que la decisión apelada fue dictada como consecuencia de la anulación dispuesta por esta Sala del sobreseimiento dictado por el a quo el 20 de julio de 2006 (c/nº 39.646, “Noblia”, reg. Nº 718,

    rta. El 6/6/07).

    Los motivos de la invalidación radicaron en la falta de precisión del objeto procesal sobre el que se emitía el pronunciamiento y la consecuente falta de referencia de las conductas en orden a las cuales se desvinculaba a cada uno de los imputados. En esa ocasión, la Sala clarificó,

    sobre la base del requerimiento de instrucción y sus sucesivas ampliaciones,

    cuatro aspectos o episodios enmarcados en el proceso de privatización de YPF

    SE comprendidos en el objeto procesal: 1) El dictado de las resoluciones ministeriales y demás actos a través de los cuales se habría excluido de la posibilidad de acceder al Programa de Propiedad Participada (PPP) a quienes fueron empleados de la empresa estatal con anterioridad al 7 de julio de 1993;

    2) La venta ilegítima y arbitraria del paquete accionario perteneciente a los ex agentes de YPF S.A. mediante el decreto 628/97; 3) Las sucesivas ventas de activos pertenecientes a la empresa Y.P.F. S.A. en virtud de su discutida titularidad y el eventual desbaratamiento de derechos que ello pueda significar; 4) La operatoria identificada como el mandato de desafectación de activos y de transferencia de activos remanentes afectados al PPP de YPF S.A.

    para la desafectación y transferencia de las acciones clase C remanentes y otros activos remanentes, por medio del cual los empleados participantes otorgaban un mandato especial, exclusivo e irrevocable a favor de M.B.A.

    Sociedad de Bolsa S.A. para la tramitación, gestión y aprobación del requerimiento de desafectación de los activos remanentes (acciones clase C

    afectadas al PPP que no pudieron ser vendidas en el mes de julio de 1997 en el marco de la propuesta de cancelación anticipada de la deuda con el Estado Nacional, por encontrarse firmes ciertas medidas cautelares a favor de ex empleados de YPF); así como la materialización de la transferencia.

    Poder Judicial de la Nación La Sala dispuso la invalidación y el reenvío con el fin de que: “…el Juez de grado determine puntualmente la responsabilidad que pudo haberle cabido, o no, a cada uno de los imputados en las distintas maniobras que se denuncian, contrastándola con la intimación que se les efectuara a quienes fueron efectivamente indagados…”.

    Corresponde mencionar que tras el reenvío, se generaron una serie de incidencias vinculadas con pedidos de aclaratoria y de medidas cautelares para evitar futuros traspasos de activos; se presentaron asimismo múltiples ampliaciones de denuncia por ulteriores ventas accionarias y se registró la intervención de nuevos denunciantes. Sin que se hayan resuelto todas estas nuevas articulaciones, el Juez emitió el pronunciamiento apelado.

    Adelanto que, sin perjuicio de la necesidad de ciertas precisiones, propondré

    al acuerdo confirmar el temperamento apelado.

  2. Los lineamientos principales de la resolución recurrida son los siguientes: el J. sintetizó que la instrucción versó sobre la adjudicación y las posteriores ventas de las acciones clase C correspondientes al PPP previsto por la ley 23.696 e implementado en Y.P.F. S.E. por medio del decreto PEN N° 2778/90 (aprobado por ley 24.415) y por ulteriores actos administrativos.

    En apretada síntesis, sostuvo que un aspecto de la investigación radicó en el arbitrario despojo del derecho de acceder al PPP en perjuicio de los empleados que se desvincularon de la empresa entre el 1/1/91

    y el 7/7/93, en función de lo dispuesto por la resolución N° 72 del ME OySP

    del 25/7/95, firmada por D.F.C., la cual estableció como “fecha de corte” el 7 de julio de 1993. Sin embargo, conforme el decreto 2778/90 (posteriormente aprobado por la ley Nº 24.415 de Federalización de Hidrocarburos) que declaró sujeta a privatización a YPF SE a partir del 1º de enero de 1991, los empleados de la firma habrían adquirido el derecho de participar del capital empresario hasta un diez por ciento. La resolución ministerial guardaba relación con las conjuntas N° 481/93 ME OySP y 462/93

    MTSS (firmadas por C. y por E.O.R. respectivamente), las cuales establecían que los sujetos adquirentes del PPP

    serían aquellos que mantuvieran la relación de dependencia a la fecha del Acuerdo General de Transferencia (AGT) y que la adhesión a programas de retiro voluntario haría caer los derechos emergentes del PPP. Tales resoluciones, a su vez, aprobaron los formularios de adhesión al programa, del AGT, del convenio de sindicación de acciones y del contrato fideicomiso Ninguno de los actos ministeriales, empero, habría sido publicado en el B.O.

    (Punto A).

    El siguiente aspecto referido a la misma maniobra radicó en el dictado de las resoluciones conjuntas N° 1507 ME OySP y 1270 MTSS del 2 de diciembre de 1994 (firmadas por C. y por J.A.C.F. respectivamente), las cuales tampoco se publicaron por aquel medio y que dispusieron, entre otras cosas, implementar el PPP; que éste estaría a cargo de ambos Ministerios, quienes serían los encargados de difundir sus lineamientos básicos y de promover la adhesión entre los empleados; y aprobaron la documentación necesaria para ponerlo en marcha (punto B).

    También se investigó la venta de 33.794.000 acciones clase C, sin el mandato de las personas con derechos acordados sobre esos valores y mientras estaban prendadas. La operación fue aprobada por el decreto PEN

    628/97, firmado por el ex P.C.S.M., el Jefe de Gabinete y los Ministros de Economía y de Trabajo. Ese acto administrativo se dictó

    como consecuencia de la propuesta de cancelación anticipada de la deuda con el Estado Nacional presentada en el expediente N° 080-003715/97 ME OySP,

    operatoria de la cual habría tomado parte también la dirección y fiscalización de YPF S.A. (punto C).

    El J. relató que también formaba parte del objeto procesal la presunta falsificación de las firmas de cinco ex empleados de YPF

    en los comprobantes de pago del Banco Nación, en los formularios de adhesión al PPP, los correspondientes al AGT, al Convenio de Sindicación de Acciones y al Contrato de Fideicomiso (punto D).

    Poder Judicial de la Nación Por otra parte, se denunció la intervención de los sucesivos directores y síndicos de Y.P.F. S.A. en las distintas ventas de acciones, por tornar litigiosos los derechos acordados a los trabajadores sobre las acciones clase C (punto E).

    Por otra parte, se denunció a los legisladores nacionales que sancionaron la ley 25.471, del 3/10/2002, por haber excluido a YPF S.A.

    de la obligación de indemnizar a los ex empleados de YPF excluidos arbitrariamente del derecho de participar en el paquete accionario empresarial.

    También se señaló que por medio de esa ley se coaccionó a los empleados despojados para que adhirieran a sus disposiciones, las cuales tornan incierto el pago de las reparaciones pues prevén su materialización por medio de papeles de cambio, bonos o títulos de la deuda pública del Estado Argentino (punto F).

    Por último, también se propuso la investigación de la disposición, por medio de la resolución del ME 1023/06, del 21/12/06, de las acciones clase C correspondientes a los fondos de garantía, las cuales habían quedado fuera de la venta del mes de julio de 1997 (Punto E).

    El Juez dispuso, en relación con los sucesos identificados bajo los puntos D) y F), archivar las actuaciones por inexistencia de delito,

    dispositivos que no han sido materia de apelación. En relación con las actividades descriptas en los restantes puntos, dispuso sobreseer a los imputados en función del art. 336, inc. 3 del C.P.P.N.

    En pocas palabras, estimó que si bien las resoluciones ministeriales que fijaron como fecha de corte el 7/7/93 podrían haber avanzado sobre la ley 23.696 (Ley de Reforma del Estado –LRE-), sus reglamentaciones y sobre el decreto 2778/90, no se tradujeron en actos de desbaratamiento de los derechos acordados a los trabajadores. Por otra parte,

    que la venta anticipada de las acciones clase C por parte de los empleados adherentes al programa a través de agentes bursátiles, tampoco podía ser leída de ese modo pues se había establecido un fondo de garantía para responder a los reclamos que eventualmente podían formularse respecto de la operación y asimismo, la ley Nº 25.471 vino a reconocer un régimen de indemnizaciones para los agentes excluidos, cuyo derecho había sido determinado a posteriori por medio de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

  3. Los Dres. R.L., M.I., G.V. y A.F. apelaron a fs. 6225/31, mientras que los Dres.

  4. y M. informaron oralmente en la audiencia del 1° de julio de 2010, ocasión en la que presentó el escrito...

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