Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 29 de Agosto de 2019, expediente CAF 003611/2018/CA001

Fecha de Resolución29 de Agosto de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la N.ión CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA II 3.611/2018 En Buenos Aires, a los días del mes de agosto de 2019, reunidos en acuerdo los señores Jueces de la S.I.I de la C.ara N.ional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para conocer del recurso interpuesto en autos “R.V., M. c/ EN – M Interior – OP y V - DNM s/ recurso directo DNM”, respecto de la sentencia obrante a fs.

234/243 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. J.L.L.C. dijo:

  1. Por sentencia de fs. 234/243 vuelta el señor J. de primera instancia rechazó el recurso interpuesto por la señora M.R.V. y, en consecuencia, confirmó las D.osiciones SDX Nº 306064, de fecha 18 de diciembre de 2012, y SDX Nº 237435, de fecha 29 de noviembre de 2017, correspondientes al expediente Nº 193997/2011 del registro de la Dirección N.ional de Migraciones (en adelante, D.N.M.).

    Para así decidir -luego de reseñar las actuaciones administrativas de la causa-, en primer término, respecto del planteo de inconstitucionalidad de las modificaciones del procedimiento migratorio introducidas mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/17, toda vez que en la D.osición SDX Nº 306064 se hizo aplicación de lo previsto por los arts. 3, inc. j), y 29, inc. c), de la ley 25.871 vigentes al momento de los hechos; es decir, sin las modificaciones introducidas por el decreto impugnado. Como así tampoco la D.osición SDX Nº 237435 -que rechazó el recurso jerárquico-, en la medida que aplicó lo establecido por el Decreto Reglamentario Nº 616/10.

    Estimó que, de tal modo, una declaración en punto a las modificaciones introducidas por el mencionado decreto al régimen migratorio devenía, en este proceso, insustancial.

    Sin embargo, señaló que del análisis de los antecedentes administrativos se observaba que se había hecho aplicación de las modificaciones introducidas por el citado decreto 70/17 a partir del dictado de la D.osición SDX Nº 237435. Por ello, en tales condiciones y atento al desarrollo que contenía el escrito impugnatorio respecto a la inconstitucionalidad de las disposiciones adjetivas del decreto 70/17 por violación del derecho de defensa frente a la exigüidad de los plazos fijados, cabía precisar que, una vez dictado el acto primigenio que ordenó la expulsión, la migrante tuvo la oportunidad de expresar su disconformidad mediante la interposición del recurso, donde acompañó las probanzas que Fecha de firma: 29/08/2019 Alta en sistema: 30/08/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 1 Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #31205133#242627789#20190827114434514 estimó conducentes. Además, ambas disposiciones de la D.N.M. articularon previsiones en punto a resguardar el debido proceso y asegurar la tutela judicial efectiva de la extranjera, haciéndole saber los distintos recursos que se encontraba en condiciones de interponer, sus plazos y requisitos de presentación.

    Consideró que, en rigor, sólo a partir de la presentación del recurso judicial se vio alcanzada por el nuevo procedimiento sumarísimo instaurado por el decreto 70/17.

    Empero, dado que el recurso fue presentado en tiempo y forma -

    pudiendo ofrecer la recurrente la prueba que consideró pertinente-, destacó

    que no se apreciaba transgresión a los principios constitucionales invocados.

    Finalmente, no le fue vedado el acceso a la jurisdicción mediante el recurso pertinente, ni se vio cercenado su derecho de defensa por la brevedad de los plazos. En tal sentido, la actora no demostró el perjuicio que le habría ocasionado la tramitación de esta causa bajo los cánones del nuevo procedimiento sumarísimo.

    Por otro lado, en cuanto al fondo del asunto -luego de reseñar la normativa aplicable a la especie- estimó que de los actos administrativos dictados como consecuencia de la comunicación realizada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, se desprendía que en atención al delito cometido y el monto de la pena impuesta a la migrante la D.N.M.

    había realizado una discreta aplicación del artículo 29, inc. c) y sin forzar la subsunción legal, toda vez que la señora M.R.V. había sido condenada en el territorio nacional, por el delito de tenencia de estupefacientes y materias primas para su producción con fines de comercialización y, por lo cual, mereció la pena de tres años de prisión.

    Desde otra perspectiva, en punto al agravio relativo al rechazo del pedido de dispensa previsto en el artículo 29 in fine de la ley 25.871, estimó

    que la decisión administrativa cuestionada no merecía el reproche endilgado por la actora, en tanto el temperamento adoptado por la D.N.M. no desconoció el propósito legal de garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar (art.3º inc. y art. 10); mas tuvo en consideración la gravedad de los hechos cometidos por la actora, al concluir que no correspondía conceder la dispensa ministerial -prevista en la norma mencionada-, con fundamento en la naturaleza del delito por el cual fue condenada.

    Fecha de firma: 29/08/2019 Alta en sistema: 30/08/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 2 Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #31205133#242627789#20190827114434514 Poder Judicial de la N.ión CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA II 3.611/2018 Finalmente, impuso las costas a la actora vencida, por entender que no existía motivo alguno para apartarse del principio general de la derrota (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.).

  2. Disconforme con lo resuelto, a fs. 245/248 vta., la Defensora Pública Coadyuvante, integrante de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la N.ión, en representación de la actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios, que no fueron contestados por su contraria (ver fs. 251).

    Sostuvo que la medida expulsiva era ilegal por falta de causa y por la caducidad de los antecedentes registrales.

    En tal sentido, indicó que la condena penal -impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata- debía tenerse por no pronunciada desde el día 3 de agosto de 2016, circunstancia que fue oportunamente alegada y probada tanto en la instancia administrativa como en la judicial.

    Se quejó de que el J. de primera instancia había entendido que la expulsión de la extranjera fue correctamente encuadrada en las normas aplicables. Manifestó que, por el contrario, al momento de dictar la disposición que rechazara el recurso de reconsideración oportunamente interpuesto, la demanda ya tenía conocimiento sobre el vencimiento del plazo de 4 años previsto por el artículo 27 del Código Penal respecto de la condena que había recaído en contra de la extranjera, por lo que debía considerarse como no pronunciada.

    Así, sostuvo que la pena se encontraba extinta por lo que sobrevenía la falta de causa o de hecho motivador y, por ende, el acto era nulo de nulidad absoluta conforme lo establecen los artículos 7 y 14 de la ley 19.549.

    En este sentido, destacó que no podía considerarse a la extranjera inmersa en la situación descripta por el artículo 29, inc. c), de la ley 25.871, por cuanto la pena debía tenerse por no pronunciada a la luz del mencionado artículo 27 del Código Penal, según constaba en el certificado de antecedentes penales emitido por el Registro N.ional de Reincidencia con fecha 3 de agosto del 2016 y debidamente acompañado a las actuaciones administrativas con fecha 13 de septiembre del 2016.

    Agregó que, en síntesis, proseguir con la expulsión del país atentaba contra el fin resocializador de la pena, reconocido en nuestro ordenamiento constitucional. En el caso, la actora desde su condena en el año 2012 hasta Fecha de firma: 29/08/2019 Alta en sistema: 30/08/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 3 Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #31205133#242627789#20190827114434514 la fecha no había reincidido en la comisión de delito alguno. Además no sólo se había rehabilitado sino que también se había reinsertado a la sociedad sin representar un peligro para la seguridad del Estado o del orden público.

    Sostuvo que, sobre la base de lo dispuesto por el artículo 27 del Código Penal, la orden de expulsión, no resultaba una medida razonable en las circunstancias actuales.

    Se agravió, por otro lado, de la valoración irrazonable de la reunificación familiar planteada como motivo de la dispensa prevista en el art.

    29 de la ley 25.871 y, además, el derecho a la vida familiar que le asiste a la actora como límite a la potestad estatal para ordenar la expulsión y entendió

    que en la instancia anterior se había efectuado una interpretación restrictiva del alcance del derecho a la reunificación familiar.

    Recordó que la señora R.V., madre de tres ciudadanos argentinos, reside junto a su tercera hija y a sus dos nietos menores de edad -de nacionalidad argentina-, lo cual ha sido debidamente acreditado con las copias de las partidas de nacimiento y DNI acompañados como prueba documental.

    Argumentó que con la orden de expulsión, se le negaba la posibilidad de continuar viviendo con su grupo familiar, generando un perjuicio irreparable desde el punto de vista psicológico, material y espiritual. Destacó

    que fue la propia demandada la que había probado acabadamente los vínculos familiares de la actora mediante el informe social realizado, con fecha 5 de mayo de 2017, al describir al grupo conviviente -su pareja desde el año 2008 de nacionalidad argentina; su hija S. y sus nietos menores de edad-. Asimismo, el informe describía las actividades laborales realizadas por la actora, como así también el hogar en el que vivían.

    Sin embargo, al soslayar tales extremos, el J. de grado realizó un análisis parcial del caso, concluyendo que la actora no había rebatido los argumentos expuestos por la demandada y entendiendo que los actos de la Dirección N.ional de Migraciones habían sido ajustados a derecho.

    Se agravió por cuanto el...

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