Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 21 de Octubre de 2010, expediente 13.055

Fecha de Resolución21 de Octubre de 2010

CAUSA Nro.

R.S., R

s/recurso de Cámara Nacional de Casación Penal REGISTRO NRO. 17.374.

n la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre del año dos mil diez, reunidos los integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por los doctores W.G.M., L.M.G. y G.J.Y., bajo la presidencia del primero de los nombrados,

asistidos por la Secretaria de Cámara doctora S.D., con el objeto de resolver los recursos de casación interpuestos a fs. 112/113 y 114/118 contra la resolución de fecha 18 de agosto de 2010, en esta causa n° 13.055 registro de esta Sala,

caratulada: “R.S., R.A. y otros s/recurso de casación”, estando presente la Dra. G.G. y el Dr. R.D. por la defensa de J.R.L.S. y el Dr. R.T. por la defensa de R.A.R.S..

Habiéndose efectuado el sorteo para que los jueces emitan su voto,

resultó designado para hacerlo en primer término el doctor el doctor Luis M.

García, en segundo lugar G.Y. y, por último el doctor W.

Gustavo Mitchell (confr. fs. 161).

El señor juez doctor L.M.G. dijo:

-I-

Contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Mendoza, que denegó el pedido de prisión domiciliaria solicitada por los imputados R.A.R.S. y J.R.L.S. y dispuso que los detenidos continúen alojados en la Cárcel de Encausados de esa ciudad (cfr. 98/101), han interpuesto recurso de casación las respectivas defensas (fs.

102/113 y 114/118), los que han sido concedidos a fs. 133/134 de este legajo.

Que a la audiencia prevista por el art. 465 bis del C.P.P.N. se presentaron la Dra. G.G. y el Dr. R.D. por la defensa de −1−

J.R.L.S. y el Dr. R.T. por la defensa de R.A.R.S..

Que a fs. 161 se dejó debida constancia de haberse superado la etapa prevista en el art. 468 del C.P.P.N.

-II-

En la decisión recurrida se tiene por constatado, y no está sujeto a disputa, que R.A.R.S. y J.R.L., satisfacen el presupuesto del art. 32, inc. 2, ley 24.660, en tanto han superado los setenta años de edad. Sin embargo el a quo ha declarado que alcanzada esa edad la concesión de la libertad domiciliaria no es automática, “sino que de[ben] apreciarse, en tanto la normativa aplicable faculta al juez y no lo obliga a su aplicación, otras circunstancias igualmente ponderables”. En este caso ha ponderado: la gravedad de la pena que podría corresponder a los hechos conforme el requerimiento fiscal de elevación a juicio y su ampliación y su calificación como delitos de lesa humanidad; la necesidad de “preservación de los testigos convocados de cualquier posible acción perturbadora que ponga en riesgo sus vidas, sus libertades o tranquilidad de ánimo para deponer en el debate” y también “la razonable sospecha consecuente de que, de continuar en libertad, los imputados pudieran profugarse sustrayéndose a la acción de la justicia y la realización del debate” (fs. 99 vta.).

Con referencia a J.R.L.S. el a quo relevó en particular “la denuncia de amenazas realizada por la Sra. J.S.D.

en el marco de la audiencia del [...] debate oral, la que vino a confirmar los dichos de su hijo, el Dr. A.D.

. Estimó al respecto que “Esta nueva situación viene a avalar las razones que dieron fundamento a la decisión adoptada [...] en fecha 06 de Julio del corriente año, por la cual [...] se ordenó la detención de los imputados, entre otros motivos, a fin de asegurar la libertad e integridad de los testigos convocados a declarar en el debate oral” (fs. 100 vta.).

En otro orden, el a quo descartó que se presentase el supuesto del art.

32, inc. a, de la ley 24.660, pues estimó que “de los informes médicos obrantes en autos [practicados respecto de R.A.R.S. y de J.R. −2−

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R.S., R

s/recurso de Cámara Nacional de Casación Penal Labarta Sánchez] no surge la existencia de enfermedades que no puedan ser tratadas o de las que no puedan recuperarse adecuadamente en el establecimiento carcelario

(cfr. fs. 100).

-III-

Los recurrentes tachan de arbitrario el pronunciamiento.

La defensa de J.R.L.S., argumenta que se tuvo en cuenta la opinión de la acusación, omitiéndose el tratamiento de las cuestiones propuestas por la primera; en concreto ha discutido las pautas valoradas por el a quo para fundar el peligro de fuga de su defendido, situación que a su criterio tampoco estaba acreditada en autos, y argumentó sobre su arraigo.

A su vez, destacó que “[...]dicho argumento revela un error grave en el tratamiento de la cuestión, ya que lo requerido [...] es el arresto domiciliario,

consistente en una alternativa de prisión, y no la libertad ambulatoria. De modo que si el Tribunal ordenase el debido control que la norma contempla para esta modalidad de detención, ningún, riesgo podría verificarse, sin perjuicio de lo prescripto en art. 34 de la mentada ley 24.660”(cfr. fs. 110) .

Por lo demás, alega que las constancias médicas disponibles la delicada situación de salud en la que se encuentra el detenido, destacando las afecciones que describen los informes agregados al legajo -cardiopatía hipertensiva arterial en estadio II (JNC VII)-(cfr. fs. 108).

En la audiencia, los defensores públicos han insistido en que la situación de J.R.L.S. encuadra en el art. 32 de la ley 24.660

por cuanto ha superado los setenta años de edad, se han quejado de que se ha omitido una correcta valoración de las razones humanitarias invocadas, afirmando que “sólo se hizo mérito de la gravedad de los delitos imputados”, han informado que recientemente el imputado debió ser conducido en hospital intramuros por un cuadro de hipertensión arterial, han sostenido que la negativa equivale a una denegación de acceso a la jurisdicción una denegación de justicia, insistiendo en que el ámbito carcelario no es adecuado para el tratamiento de las dolencias del detenido, y han invocado las llamadas “100 Reglas de Brasilia” sobre personas sujetas a vulnerabilidad.

−3−

Por su parte, la defensa de R.A.R.S., se agravia de que “el a quo ha hecho una aplicación literal de lo dispuesto por el art. 32 de la ley 24.660, sin haber analizado además del agravamiento de la situación procesal de mi defendido, quien no sólo padece las enfermedades que da cuenta en el informe médico que se encuentra agregada a estos obrados [...], sino que tiene una edad que le debe permitir acceder al beneficio solicitado, habida cuenta de que el encerramiento ordenado con fundamento en el agravamiento de la situación procesal del encartado no es motivo suficiente para su prisión preventiva; tampoco es motivo suficiente la gravedad del hecho y la pena que le pudiera corresponder en abstracto” (cfr. fs. 115).

En la audiencia el defensor del detenido se ha remitido a los términos de su recurso, y adherido en lo pertinente a las alegaciones de los defensores públicos que tomaron intervención en primer término.

-IV-

Aunque no se dirige el remedio contra una de las decisiones expresamente enumeradas en el art. 457 C.P.P.N., por sus efectos, debe tenérsela por equiparable a definitiva. Ello es así porque, si la ley establece un derecho a la morigeración del régimen de prisión preventiva cuando se satisfacen distintos presupuestos que toman como referencia distintas circunstancias personales del detenido que justificarían la morigeración, entonces el derecho que se afectaría con la denegación de ese régimen morigerado no podría obtener reparación con la sentencia final.

-V-

En primer lugar destaco que las alegaciones de los recurrentes sobre la existencia de peligro de fuga no pueden ser examinadas en el marco del objeto de la decisión que viene recurrida. Tanto la prisión preventiva, como su sustitución por la forma morigerada de arresto domiciliario, tienen por presupuesto la existencia de indicios suficientes de peligro de fuga, pues de lo contrario, ni la una ni el otro tendrían una finalidad justificada. De tal suerte, no es este estadio en el que corresponde revisar las pautas sobre cuya base el a quo pudo haber estimado el peligro de que los imputados se sustraigan al proceso como −4−

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R.S., R

s/recurso de Cámara Nacional de Casación Penal tampoco lo sería el peligro de entorpecimiento. En todo caso, habida cuenta de que éstos estaban en libertad bajo caución, que fue revocada al inicio del debate, y tomando nota de que inmediatamente se había promovido su excarcelación, que fue denegada (confr. copia del acta de debate, fs. 39 vta. / 40), las defensas tenían expeditas las vías de impugnación una vez denegado el pedido de excarcelación,

de las que no hicieron uso (cfr. certificación actuarial de fs. 163). No es pues el recurso de casación contra la denegación ulterior del arresto domiciliario la vía para someter a revisión aquella cuestión, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante sobre el peligro de fuga y de entorpecimiento desde el punto de vista de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad.

Sentado...

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