Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 6 de Noviembre de 2019, expediente C 122456

PresidenteKogan-de Lázzari-Soria-Negri
Fecha de Resolución 6 de Noviembre de 2019
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresK., de L., S., N., se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.456, "R., L.I. contra F., S.R. y otros. Daños y perjuicios".

A N T E C E D E N T E S

La Sala III de la Cámara de Apelación en lo C.il y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó el pronunciamiento de origen que, a su turno, hiciera lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por las señoras L.I.R. y Y.S.T. contra la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 168/175 vta., conjuntamente con su aclaratoria de fs. 179 y vta. y 207/214).

Se interpuso, por la accionada vencida, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 217/224 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  1. A los fines de resolver la problemática traída mediante la pieza recursiva de fs. 217/224 vta., encuentro necesario destacar las siguientes circunstancias procesales.

    Las señoras L.I.R. y Y.S.T. interpusieron demanda de daños y perjuicios contra los señores S.R.F., D.E.F., J.A.M., C.L. y C.G.M. y la Provincia de Buenos Aires, en virtud del secuestro y posterior homicidio del señor P.D.T. (v. fs. 7/12).

    En su escrito de inicio relataron que la víctima -esposo y padre de las demandantes- fue privada de su libertad en ocasión de encontrarse en su domicilio y, posteriormente, asesinada por dependientes de la policía provincial. Por tal razón, por un lado, atribuyeron responsabilidad al Fisco local en virtud del ejercicio irregular de las obligaciones de sus funcionarios y, por el otro, solicitaron la respectiva condena por las sumas que allí determinaron, según lo que surja de la prueba a producirse, con más su actualización (v. fs. 7 vta. y 8).

    II.1. En horas de resolver, el Juzgado en lo C.il y Comercial n° 14 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar al reclamo impetrado. Para así decidir, sostuvo que en la especie se hallaba configurada una prestación irregular del servicio de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en tanto uno de los partícipes de los delitos ejercía el cargo de agente policial, empleando en el acto dañoso su uniforme, el arma reglamentaria y las esposas para su consumación, lo cual permitía subsumir el hecho en el ejercicio irregular de un servicio del Estado tras haberse consumado por un dependiente utilizando una cosa de su propiedad (v. fs. 168/175 vta.).

    En cuanto al monto de condena estableció que el Estado local debía pagar a las accionantes la suma de $4.300.000 con más intereses, debiendo ser calculados éstos según la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el día 19 de mayo de 2009 hasta su efectivo pago (v. fs. 175 vta.).

    II.2. Posteriormente, el magistrado de origen aclaró oficiosamente su propia sentencia desestimando el pedido de actualización monetaria solicitado por la parte actora, en base a las consideraciones allí vertidas (v. fs. 179 y vta.).

  2. Apelada tal decisión, la Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en el fuero departamental la mantuvo en cuanto a los rubros indemnizatorios. Sin embargo, ante al agravio del Fisco bonaerense en torno a los intereses fijados en la especie, calculados desde el día 19 de mayo de 2009 hasta su efectivo pago a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, los modificó (v. fs. 207/214).

    Inicialmente dejó establecido que el hecho lesivo ocurrió el día 17 de octubre de 1989 y no el 19 de mayo de 2009, como fuera consignado por el juzgador de primera instancia. Sobre tales circunstancias, adujo que el tipo de interés establecido resultaba inoponible al accionado en virtud de las prerrogativas que establece la ley 11.192, debiéndose aplicar el tipo de tasa que determina el referido cuerpo legal (v. fs. 212 vta.).

    Luego, indicó que por el efecto adhesivo del recurso de apelación se imponía el análisis de la pretensión de actualización solicitada por la parte actora en la demanda que fuera desestimada en la decisión de primer grado, como consecuencia directa de la errónea determinación de la fecha de mora (v. fs. 212 vta. y 213).

    En tal dirección, estableció que el capital de condena debía ser reajustado a partir del día 17 de octubre de 1989 de acuerdo a las variaciones del índice de precios al consumidor -nivel general que suministra el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)-, monto sobre el cual se devengarían los accesorios a la tasa el 6% anual desde la fecha aludida hasta el día 31 de marzo de 1991, corriendo a partir del día 1 de abril de 1991 los citados, conforme lo determina el art. 6 de la ley 11.192 (v. fs. 213).

  3. Frente a ello, la letrada apoderada del Fisco local interpone recurso...

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