Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 20 de Diciembre de 2017, expediente L. 117464

PresidentePettigiani-Kogan-de Lázzari-Negri-Soria-Genoud
Fecha de Resolución20 de Diciembre de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 20 de diciembre de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresP.,K.,de L.,N.,S.,G., se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 117.464, "R., P.A. contra Consolidar ART S.A. Accidente de Trabajo-Acción Especial".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata admitió parcialmente la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada (v. fs. 205/216 vta.).

Se dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 228/238 vta. -por la parte demandada- y fs. 240/244 vta. -por la parte actora-).

Dictada la providencia de autos, conferidos los traslados en virtud de la entrada en vigencia de la ley 14.399 y el Código Civil y Comercial (v. fs. 285 y vta. y 297, respectivamente), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 228/238 vta.?

    En su caso:

  2. ) ¿Lo es el de fs. 240/244 vta.?

    V O T A C I Ó N

    A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor P. dijo:

    1. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el señor P.A.R., condenando a la firma Consolidar ART S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 (texto según decreto 1.278/00). Con relación a la modalidad de pago en renta que dispone este último precepto, declaró su inconstitucionalidad, disponiendo su cancelación mediante un único pago.

      Para así decidir, juzgó acreditado que el día 11 de septiembre de 2008 el actor sufrió un accidente de trabajo, como consecuencia del cual padece una incapacidad permanente parcial que lo invalida en un 65% del índice de la total laboral (v. vered., 3 y 4 cuest., fs. 202/204; sent., fs. 207). También, que la demandada resultó ser la aseguradora de riesgos del trabajo contratada por la firma M. y Staneck S.A. -empleadora del reclamante- en los términos de la ley 24.557 (v. vered., 2 cuest., fs. 201 vta.).

      I.1. En lo que aquí interesa por constituir materia de agravio, ela quodeclaró la inconstitucionalidad -aunque de modo parcial- del tope indemnizatorio contemplado en el párrafo final del citado art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 (texto según decreto 1.278/00) en cuanto prescribe que la suma que le corresponde percibir al trabajador con arreglo al primer párrafo del precepto indicado "en ningún caso será superior a PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000)".

      De modo liminar realizó el cálculo de dicha prestación -teniendo en consideración la remuneración, porcentaje de incapacidad y edad del actor al momento del infortunio- estableciendo que ascendía al importe de $527.868, el cual -observó- era holgadamente superior al referido tope legal.

      Puesto a analizar si la aplicación de este último resultaba inconstitucional en el caso -tal como lo postuló el actor en la demanda- el órgano de grado anticipó su respuesta parcialmente afirmativa.

      En ese sentido, remitiendo a los precedentes "P.S. c. Pcia ART S.A." (expte. 19.625) y también "Nine c/ A.C.A." (expte. 15.415), emanados de ese Tribunal, consideróper seinjusto que existan "topes" indemnizatorios o jubilatorios, en la medida que se dirijan a nivelar "para abajo" en lugar de mejorar o acrecentar (sin inflacionar) el poder adquisitivo de los haberes previsionales o de los salarios básicos de convenio colectivo.

      Sostuvo que si bien a partir del caso "V., C.A. c. AMSA S.A. s/Despido" (sent. de 14-IX-2004) y luego en el propio "Nine c. A.C.A." la Corte Suprema nacional había flexibilizado el sistema de topes -criterio que fue seguido y fijado como doctrina legal por esta Corte en los precedentes L. 85.997, "Pricolo" (sent. de 7-II-2007); L. 80.233, "E." (sent. de 11-IV-2007) y L. 101.689, "Sonería" (sent. de 18-V-2011)-, a su juicio, de resultar inconstitucional su aplicación, debiera serlo en su totalidad y no solamente aquella cuota-parte que fijen los jueces, pues al así hacerlo se convierten en legisladores.

      Discrepó igualmente acerca de la "tasa" o medida del 33% -propia y aplicable en materia impositiva- para definir hasta dónde el tope es constitucionalmente tolerable, estimando -a todo evento- que debió haber sido la del 15% utilizada por la misma Corte nacional a partir del caso "A.C." (sent. de 19-VIII-1999) para determinar si media o no confiscatoriedad, en la movilidad de haberes previsionales (materia ésta última indicó más afín a la laboral).

      No obstante dejar a salvo su opinión sobre esta temática, con ajuste al criterio delineado en las causas Ac. 42.965, "Montes" (sent. de 27-XI-1990, "Acuerdos y Sentencias", 1990-IV-309); Ac. 52.258, "G." (sent. de 2-VIII-1994 en D.J.B.A., 147-177) y Ac. 58.428, "B." (sent. de 17-II-1998), según la cual los tribunales de grado deben acatar la doctrina legal de esta Suprema Corte porque ello responde al objetivo de procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia que persigue el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ela quodeclaró que el precedente de la Corte Suprema de la Nación "Vizzoti" (referido al tope contractual art. 245, LCT) constituía por analogía (arg. art. 16, Cód. C..) una válida pauta interpretativa a seguir en casos como el presente.

      Con esa directriz, atento que la indemnización de la ley 24.557 -sin coto- que el actor tenía derecho a percibir ascendía a $527.868, señaló que la aplicación de cualquier límite era constitucionalmente tolerable en la especie hasta la suma de $353.672 ($527.868-33%).

      En consecuencia, sobre la base de que el tope de $180.000 fijado en el art. 14 apartado 2 del precitado régimen afectaba el 65,90057% de la prestación, juzgó demostrado que el mismo resultaba confiscatorio para el actor y, por ende, parcialmente inconstitucional por violentar su derecho de propiedad (arg. art. 17, C.. nac.).

      Agregó que tal solución no importaba salirse del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo ni debía ser considerado por la aseguradora como la imposición de un aditamento pecuniario extra-sistémico no pactado en póliza, ya que se trata tan sólo de un ajuste de valores -y por vía constitucional- sin dejar de respetar la télesis, pautas e instituciones (v.gr. la existencia y aplicación de un tope) propias a la ley 24.557. Corrección que -apuntó- a la postre fue trazada en la misma dirección por el propio régimen tarifario de la ley 24.557, a partir del decreto 1.694/09 (v. sent., 1 cuest., fs. 208/210).

      I.2. Por otra parte, aplicó a la demandada una sanción por temeridad y malicia, por juzgar que su conducta encuadraba en las prescripciones del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.

      Valoró a ese fin que Consolidar ART S.A. no había abonado al actor las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 apartado 4 y 14 apartado 2 de la ley 24.557, pese a haber reconocido hallarse frente a un siniestro a su cargo y que aquél quedó incapacitado a raíz del mismo. Actitud que -señaló- mantuvoa posteriori, en sede judicial, aún después de consentir los dictámenes médicos por los que se estableciera un alto grado de minusvalía, no objetado por la aseguradora (v. sent., 5 cuest., fs. 212 vta./214).

      I.3. Ordenó igualmente la adición de intereses sobre el capital de condena, de acuerdo a la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina, según lo dispuesto en las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) 414/99 y 287/01, estimando que resultaba inequívoca la intención del legislador en el sentido que el damnificado, acreedor de una indemnización por un accidente de trabajo, perciba los importes derivados de la ley 24.557 conforme esa tasa (sent., 4 cuest., fs. 211/212).

    2. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte demandada con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 228/238) en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 23 y 26 de la ley 24.557; 1.197 y 1.198 del Código Civil; 45 y 592 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita.

      Expone los siguientes agravios:

      II.1. Controvierte la decisión de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio estatuido en el último párrafo del art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 (texto según decreto 1.278/00).

      Aduce vulnerado el art. 23 de ese régimen, conforme al cual la responsabilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo está determinada por las contraprestaciones que recibe como consecuencia del contrato de seguro que lo une al empleador, por lo que no puede obligarse a su parte a afrontar "una cobertura no pactada".

      Sostiene que el fallo importa una fractura del sistema diseñado por la ley 24.557, ya que le impone conferir una cobertura por la que no cobró alícuota alguna.

      Considera asimismo conculcado el art. 26 de la ley 24.557, puesto que al tener las aseguradoras de riesgos del trabajo como único objeto el otorgamiento de las prestaciones que prevé el mencionado régimen, de cumplirse la sentencia cuestionada la accionada debería desafectar una parte de las reservas que utiliza para afrontar las contingencias cubiertas por el sistema para solventar "aventuras judiciales", afectando su derecho de propiedad y causando un perjuicio cierto a la masa de asegurados.

      Denuncia transgredida por ela quola doctrina legal delineada en las causas que identifica (L. 41.586, sent. de 22-V-1990; L. 48.227, sent. de 31-III-1992 y L. 70.757, sent. de 25-X-2000), donde esta Corte sostuvo que"para responsabilizar al asegurador debe necesariamente acudirse a la fuente de la obligación que es el contrato de seguro instrumentado en la póliza por la cual las partes quedan vinculadas y recíprocamente obligadas".También aquella otra...

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