Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 19 de Septiembre de 2018, expediente p 119228

PresidenteSoria-de Lázzari-Genoud-Kogan
Fecha de Resolución19 de Septiembre de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 19 de septiembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., de L., G., K.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 119.228, "Castillo, R. -particular damnificado-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad en causa Nº 25.796 del Tribunal de Casación, Sala I, seguida a M., S.F. y N., J.C." y acumulada P. 122.557, "D.E.F.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 25.786 -y su acum. 25.745- del Tribunal de Casación, Sala I".

A N T E C E D E N T E S

La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento del 25 de septiembre de 2012, en lo que es de interés destacar, declaró la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de resistencia a la autoridad imputado a E.F.D. y casó parcialmente la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Martín que -en lo que también interesa- había condenado a E.Á.R.I. a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 45 y 165, todos del C.. Penal); y a E.F.D. a la de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como coautor y autor responsable de los de homicidiocriminis causaey tentativa de homicidiocriminis causaeen concurso real entre sí, robo calificado por el uso de armas, tenencia ilegal de arma de guerra y -el aludido- resistencia a la autoridad (arts. 2, 5, 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 42, 44, 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2, 189 bis inc. 2 segundo párrafo -conf. ley 25.886- y 239, todos del C.. Penal; v. fs. 76/96 vta.; legajo 25.745). En consecuencia, obliteró la agravante genérica del art. 41 bis del Código Penal; fijó la pena al nombrado I. en quince años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, y mantuvo la impuesta a E.F.D. habida cuenta la indivisibilidad de la misma, sin costas (v. fs. 251/273).

El representante del particular damnificado articuló recurso de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. fs. 352/356 vta. -causa P. 119.228-); en tanto que el defensor oficial de E.F.D. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 376/382 vta. -causa P. 122.557-), haciendo lo propio el defensor oficial adjunto respecto de E.Á.R.I. (v. fs. 409/418).

Con fecha 13 de julio de 2016, esta Suprema Corte desestimó por inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad incoados por el particular damnificado en la aludida causa P. 119.228 y concedió los de inaplicabilidad de ley en favor de D. -causa P. 122.557- e I. (v. fs. 450/453 vta.).

Oído el señor S. General (v. fs. 481/488 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 493), presentado escrito por el defensor oficial del imputado D. (v. fs. 543/552 vta.) y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley planteado por el defensor oficial a favor de E.F.D.?

  2. ) ¿Lo es el interpuesto en favor del imputado E.Á.R.I.?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

  1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio el señor defensor oficial de E.F.D. atribuyó arbitrariedad al pronunciamiento recurrido "...por falta de fundamentación de la pena impuesta, lo que implicó la vulneración del debido proceso, la defensa en juicio, el doble conforme y la afectación del principio de culpabilidad por el acto (arts. 18, 33 y 75 inc. 22, ley Fundamental)" (v. fs. 378 -con negrita en el original-).

    Cuestionó el mantenimiento de la pena de prisión perpetua, por no haberse determinado numéricamente su plazo de duración, ni adentrado al planteo sobre las pautas mensurativas por tratarse de una pena indivisible (v. fs. 378 y vta.).

    En tal sentido, adujo que más allá de la presunta inelasticidad de la sanción perpetua aquella guarda necesariamente una relación de directa proporcionalidad con el injusto reprochable (conf. art. 18, C.. nac.), debiendo el tribunal exponer las razones por las cuáles no se halla habilitada la fijación de una sanción menor "...cuando el injusto que se reprocha debe variar" (v. fs. 378 vta. y 379).

    Desarrolló el concepto de reprochabilidad por el acto y sostuvo, respecto de la sanción de prisión perpetua establecida en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, que correspondería -por aplicación del postulado de prudencia- brindarle una interpretación acorde al texto constitucional o, en su defecto, declarar su inconstitucionalidad, pese a su condición deultima ratiodel ordenamiento jurídico por afectación al principio de culpabilidad (v. fs. 379 vta. y 380).

    Expresó que existe la posibilidad de efectuar una interpretación constitucional de la pena perpetua, y otorgarle una sanción numérica de 25 años (v. fs. 380 vta.), a partir de argumentos que desarrolló y la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el "C.H., C. y B. y otros Vs. T. y Tobago", del cual reprodujo fragmentos (v. fs. 380 vta. y 381).

    Solicitó, en definitiva, se case la sentencia impugnada, y se disponga la remisión de los autos a la instancia anterior a fin de que se otorgue a la pena de prisión "perpetua" un alcance numérico, por aplicación del principio de culpabilidad, y de no ser ello receptado, se declare su inconstitucionalidad, en función de lo normado en el art. 80 inc. 7 del Código Penal, por contrariedad a lo normado en los arts. 1, 4, 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se determine el monto de pena a su asistido, teniendo en consideración el planteo de la defensa referido al tratamiento de atenuantes y agravantes (v. fs. 382).

  2. Coincido con el señor S. General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 481/488 vta.).

    III.1. Inicialmente debo señalar que el defensor...

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