Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 20 de Diciembre de 2006, expediente L 90221

PresidenteGenoud-Hitters-Pettigiani-Roncoroni-Soria-de Lázzari
Fecha de Resolución20 de Diciembre de 2006
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 20 de diciembre de 2006, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresG., Hitters, P., R., S., de L.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 90.221, "R. ,R.S. contra Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Indemnización por enfermedad accidente".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 2 de Bahía Blanca rechazó la demanda promovida; con costas a la parte actora.

Esta dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J.d.G. dijo:

  1. El tribunal de grado rechazó la demanda promovida en las presentes actuaciones porR.S.R. contra el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía el resarcimiento de las secuelas incapacitantes atribuidas a su desempeño laboral junto con el pago de la indemnización prevista por la norma del art. 32 de la ley 9578.

    En lo concerniente a la primera de dichas pretensiones, conforme estableció que el 4 de marzo del 1999 se consolidó el daño, la ley aplicable -concluyó- no era otra que la 24.557. En consecuencia, fundada la demanda en una ley derogada, es decir, la 24.028, la rechazó.

    En orden al reclamo de la indemnización especial que contempla el art. 32 de la ley provincial 9578, se estableció en el fallo en crisis que el accionante no acreditó la concurrencia de los presupuestos que exige la norma citada para acceder a su cobro; esto es, la existencia de incapacidad total y permanente para cualquier tipo de actividad, ya sea dentro de la repartición o en la vida civil.

  2. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sosteniendo que la motivación de la sentencia aparece viciada por un notorio error en la identificación del objeto de la demanda.

    Puntualiza que lejos de sustentar su reclamo en la ley 24.028 -como lo entendió el tribunala quo- la actora ha atacado la constitucionalidad del régimen de la ley 24.557, pretendiendo obtener las prestaciones de la ley para quien "padece una incapacidad con motivo o en ocasión de su trabajo" (ver recurso fs. 257 vta./258).

    En apoyo de su argumentación, señala que tal circunstancia se evidencia palmariamente apenas se repare que en el punto VII del escrito de demanda, en el que se puntualizó el derecho en el que sustentaba su reclamo, no se mencionó a la ley 24.028. Censura, en definitiva, que el juzgador de mérito no aplicó el principioiura novit curia.

    Respecto de la pretensión relativa a la indemnización prevista en el art. 32 de la ley 9578, sostiene su procedencia por resultar absurda la conclusión del sentenciante en orden a que no se acreditó que el actor padece una incapacidad total y permanente.

  3. El recurso no prospera.

    1. Las alegaciones que se formulan en la queja no resultan hábiles para descalificar la interpretación que del pedimento efectuó el sentenciante de grado.

      En efecto, en el fallo dictado se estableció, en decisión que llega firme a esta instancia por falta de impugnación del recurrente, que el 4 de marzo de 1999 se consolidó el daño, es decir, durante la plena vigencia del nuevo sistema reparatorio de la ley 24.557 (conf. art. 2º, decreto 659/1996, B.O.N. del 27-VI-1996).

      Y si...

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