Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 29 de Septiembre de 2023, expediente FCT 001943/2020/CA001

Fecha de Resolución29 de Septiembre de 2023
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Expte. N° FCT 1943/2020/CA1

En la ciudad de Corrientes, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, estando reunidos los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, D.. Selva A.S., M.G.S. de Andreau y R.L.G., asistidos por la Sra. Secretaria de Cámara Dra. M.G.G., tomaron conocimiento del expediente caratulado “R., É.C. c/ Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM) s/ Amparo contra Actos de Particulares”, Expte. N° FCT 1943/2020

CA1, proveniente del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes.

Efectuado el sorteo a los fines de determinar el orden de votación, resultó el siguiente: D.. M.G.S. de Andreau, S.A.S. y R.L.G..

SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

-¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

-¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS LA DRA. M.G.S.

DE ANDREAU DICE, CONSIDERANDO:

  1. Que la demandada interpuso recurso de apelación contra la resolución que hizo lugar a la acción promovida, ordenando a OSDEPYM se abstenga de modificar el plan vigente contratado por la actora, y mantenga la cobertura integral en su favor, en los términos convenidos y por los valores oportunamente pactados. Impuso las costas a la vencida y reguló los honorarios profesionales.

  2. Alega el apelante que el a quo omite considerar sus fundamentos y las constancias y pruebas conducentes aportadas en la causa. Agrega que el magistrado efectúa afirmaciones arbitrarias y contrarias a la normativa que rige la relación entre la Sra. R. y la obra social. Se queja de que la carga económica de brindar los altos niveles de salud física y mental pesen sobre OSDEPYM,

    Fecha de firma: 29/09/2023

    Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.G.G., Secretaria de Cámara #34850855#385714381#20230928101210519

    alegando que la normativa citada en la sentencia es clara en el sentido de que los Estados son los que deben arbitrar los medios para asegurar los derechos de las personas.

    Afirma que no surge de las normas aplicables ni de las pruebas producidas que su parte haya incumplido con sus obligaciones. Indica que se trata de una obra social que cuadra en el art. 1, inc. e) de la Ley 23660, por lo que debe brindar a sus beneficiarios las prestaciones de salud previstas en el Programa Médico Obligatorio y leyes especiales si correspondiere. Destaca que por aplicación del art. 1 de la Ley 26682 la accionante contrató un plan superador de adhesión voluntaria -PYME 4000-, con cobertura a partir del 1/03/2020, hecho este no fue controvertido. Considera que ésta última ley mencionada es la que regula la relación con la actora, cita el art. 9 de la norma, y alega que ello habilita a su parte a rescindir el contrato, sin proceso judicial, contrariamente a lo alegado en la resolución apelada.

    Seguidamente afirma que su parte probó, al tiempo de contestar el informe de ley, que la Sra. R. ha falseado su declaración jurada, conforme surge de la Historia Clínica del Sanatorio Norte de Corrientes, suscripta por el Dr. H.R.V. que acompañó. Entiende que el a quo no puede omitir prueba trascendental como es la que demuestra la falsedad de la declaración jurada.

    Agrega que la actora, en la solicitud de ingreso, declaró no poseer enfermedad alguna.

    Alega que su parte no le negó el ingreso como afiliada a la accionante por poseer una enfermedad determinada, sino que aplica una cuota superior. De lo contario, refiere que si se permitiera el ingreso de personas con enfermedades preexistentes se rompería el equilibrio respecto de los aportes del resto de los afiliados.

    Continúa agraviándose de que en la sentencia se afirme que la Sra. R. no puede abonar la cuota elevada, ello sin una prueba que acredite tal extremo.

    Finalmente se queja de la imposición de costas. Sostiene que OSDEPYM

    poseía sobrados motivos para oponerse a la acción y que nunca dejo de cubrir las prestaciones requeridas. Agrega que tiene razón suficiente para litigar, dados los términos del art. 9 de la Ley 26682 y las pruebas de declaración jurada e historia clínica. F. reserva del caso federal.

    Fecha de firma: 29/09/2023

    Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.G.G., Secretaria de Cámara #34850855#385714381#20230928101210519

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

  3. Concedida la apelación y corrido el traslado de ley, no fue contestado por la parte actora.

  4. Elevados los autos, se llamó al Acuerdo para resolver las cuestiones sometidas a revisión por este Tribunal de Alzada, providencia que se halla firme y consentida.

  5. Superado el control de los recaudos de admisibilidad, corresponde abocarse al tratamiento de los agravios desarrollados por el recurrente.

    Cabe afirmar que la cuestión debe analizarse resaltando que en el caso se encuentran discutidos los derechos a la salud y a la integridad psico-física de la parte actora.

    Que, el derecho a la salud, es uno de los modos de protección de la vida, ya que es imprescindible para el ejercicio de la autonomía o libertad personal (arts.

    14 bis, 19, 28, 31, 33, 42, 43 y 75, Constitución Nacional; arts. 11, 1) y 12, 1, 12.2.d),

    Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se dispuso que debe considerarse los derechos de toda persona "al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", “La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad” y "...a una mejora continua de las condiciones de existencia..."; art. 6, 1), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 1, 11, 16 y 18, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 3 y 25, 1), Declaración Universal de los Derechos Humanos; arts. 4, 1), 5, 1), 8, 1) y 25, 1), Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    Corresponde tratar, en primer lugar, los agravios que atañen a la arbitrariedad, dado que de existir ésta no habría, en rigor, sentencia propiamente dicha (Fallos: 312:1034; 318:189; 319:2264; 330:4706 y 339:683, 340:1252, entre otros).

    Ello así, observo que dicho agravio no puede prosperar. En efecto, y en contraposición a lo expuesto por el recurrente basta remitirse al pronunciamiento dictado en fecha 18 de abril de 2022 para verificar que el a quo no ha dictado una sentencia desprovista de fundamentos, desarrollando los hechos y el derecho sometido a su jurisdicción, y atendiendo además a la prueba aportada a los autos.

    Que, en el caso cabe verificar si...

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