El rol de la Institución Educativa en la denuncia de Violencia Familiar

Autor:Lucía Richiusa
Cargo:Abogada
Páginas:117-140
 
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EL ROL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
EN LA DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR
Por Lucía RichiusaI
“Las miserias del mundo están ahí, y sólo hay dos modos de
reaccionar ante ellas: o entender que uno no tiene la culpa y
por tanto encogerse de hombros y decir que no está en sus
manos remediarlo y esto es cierto-; o bien asumir que, aún
cuando no está en nuestras manos resolverlo, hay que
comportarnos como si así lo fueraII
I. Introducción. El siglo XX ha otorgado un gran legado para la humanidad: la
consagración de los derechos humanos en diversos tratados internacionales que en
nuestro país han asumido jerarquía constitucional a partir de la reforma de la Carta
Magna de 1994. En este contexto, el maltrato infantil debe ser ubicado como un
problema social cuya prevención y tratamiento interesan a toda la comunidad, de modo
tal que si una madre o un padre golpea a su hijo por “haber desobedecido” o “ser
travieso”, no estamos en presencia de un conflicto privado que sólo interesa a la
familia, sino que es una cuestión de orden público porque afecta a los derechos del
niño; es decir que atenta contra la organización social basada en el respeto de los
derechos humanos que pone límites al ejercicio de poderes arbitrarios, tanto en el
mundo público como en el privado.
Por otra parte, tal como explica Grosman (2002, 166) “el maltrato infantil compromete el
destino mismo de la sociedad dado que es indudable que una socialización edificada
sobre la coacción y el miedo engendrará hombres que reproducirán este modelo de
convivencia en su vida privada y en la acción pública, con el consiguiente deterioro del
bienestar y calidad de vida de los seres humanos”. Esto quiere decir que la prevención
I Abogada, alumna de la “Especialización para el abordaje de violencias interpersonales y de género”,
FCJyS, UNLP.
II Saramago José, La Jornada, México, 3 de diciembre de 1998.
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y el tratamiento de la problemática requiere una participación comprometida no sólo del
Estado sino de toda la ciudadanía, comprendiendo en este sentido a todos los
operadores del sistema en su conjunto, dado que somos nosotros, los operadores
jurídicos, trabajadores sociales, funcionarios, profesionales de la salud, docentes, los
que debemos velar por la protección del niño, que representa al mismo tiempo, velar
por nuestra comunidad toda.
En este trabajo se centrará la atención en el papel de la escuela, puesto que a la
mayoría de las instituciones educativas asisten niños y adolescentes diariamente, en
procura no sólo de recibir capacitación académica sino una formación integral para el
desarrollo de sus vidas en el sentido más amplio de la palabra; es por eso que ellas
poseen una responsabilidad fundamental en la búsqueda del bien común, cumpliendo
un papel importante en la información, prevención y detección de los hechos que
pueden significar una vulneración de derechos de los niños y adolescentes; y esto
implica una intervención responsable que se traduzca no sólo en medidas tomadas
puertas adentro de la institución sino la comunicación comprometida y a tiempo al resto
de los operadores del sistema, ya sea del poder judicial o del poder ejecutivo, en post
de la toma de medidas eficaces y urgentes atento al especial tratamiento que merecen
los niños en cuanto sujeto de derechos.
a. Maltrato infantil. Definiendo al maltrato infantil de acuerdo a la Organización Mundial
de la Salud, Pincever (2008, 1) recuerda que este representa “cualquier acción u
omisión de acción que viole los derechos de los niños y adolescentes y afecte la
posibilidad de que disfruten de un grado óptimo de salud, que afecte su supervivencia o
desarrollo”, la misma autora lo refiere como “toda acción u omisión recurrente, no
accidental que amenace y/o prive al niño en su desarrollo físico, psíquico y social, que
pudiera devenir en un daño real o potencial para su integridad”.
El común denominador del maltrato infantil es habitualmente el posicionamiento del
niño en el rol de objeto y como tal, privado de voluntad de decidir sobre su vida, lo cual

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