Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 20 de Marzo de 2019, expediente A 74515

PresidenteSoria-Kogan-de Lázzari-Genoud
Fecha de Resolución20 de Marzo de 2019
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., K., de L., G.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.515, "Rojas, L.E. contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en M. delP. rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- desestimó la demanda contencioso administrativa deducida por la señora L.E.R.. Las costas de la instancia de apelación fueron impuestas en el orden causado -art. 51 inc. 2, CCA; t.o. ley 14.437- (v. fs. 398/408).

Disconforme con dicho pronunciamiento,la accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 412/428 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 429 y vta.

Dictada la providencia de autos (v. fs. 436) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en M. delP. confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda contencioso administrativa promovida por la señora L.E.R., mediante la cual pretendió: i) la nulidad de la resolución 11.112 n° 1.445, dictada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que dispuso la cesantía de la accionante por abandono de cargo, en los términos del art. 85 de la ley 10.430 y ii) la reparación de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la medida segregativa.

Para así decidir, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, el Tribunal de Alzada consideró que los argumentos desplegados por la apelante no lograron conmover los pilares fundamentales en los cuales se sustentó el fallo en crisis.

I.1. L., señaló que ningún reproche de orden lógico o valorativo cabía endilgar al magistrado de grado, en tanto su razonamiento se sustentó en las constancias obrantes en el expediente administrativo 2979-4506/07, que dan cuenta de la configuración de la falta endilgada en los términos del art. 85 de la ley 10.430 y que, por otro lado, no han merecido cuestionamiento alguno.

I.2. Posteriormente, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 85 de la ley 10.430, que la recurrente intentó introducir en esa instancia alegando una presunta omisión de su tratamiento por el magistrado de grado.

Al respecto, consideró -con base en la jurisprudencia de la Corte Federal y en la doctrina de esta Corte- que dicho planteo constituyó fruto de una reflexión tardía, en tanto observó que en la demanda la accionante se limitó a enunciar la inconstitucionalidad del citado artículo, sin dedicar un mínimo de argumentación en pos de fundar y demostrar de qué manera la aplicación del mentado precepto a los hechos del caso vulneraría la Constitución y causaría el perjuicio que se denuncia. En definitiva, juzgó que tal proposición no conformó el desarrollo argumental de la pretensión anulatoria entablada.

I.3. Consecuentemente, ponderó que la recurrente dejó incólume el marco legal en que el juez de grado encuadró el caso y, con ello, los parámetros que el art. 85 de la ley 10.430 contiene para tener por configurada la falta y aplicar la sanción.

Sentado ello, destacó que ela quotuvo por acreditado que la agente R. se ausentó de su lugar de trabajo desde el 18 de octubre de 2007 hasta el 30 de octubre de 2007, y que no obstante encontrarse debidamente intimada, no concurrió a prestar servicio, por lo que la tuvo incursa en abandono de cargo.

A partir de allí, descartó que la Administración hubiera formalizado un sumario administrativo irregular o incausado, como así también, que hubiera vulnerado el derecho de defensa de la actora.

Además, observó la insuficiencia recursiva sobre el tópico, al ser una reedición casi literal del contenido del escrito de inicio.

I.4. Por otro lado, descartó que el fallo cuestionado incurra en una omisión relevante al soslayar el análisis de las declaraciones vertidas en el acta notarial 187, en tanto consideró que allí solo quedó evidenciado que al día 16 de abril de 2008 se encontraba en trámite el expediente administrativo 2974-4506/07 y que aún no se había dictado el acto administrativo por abandono de cargo.

Agregó que el órgano jurisdiccional solo se encuentra obligado a atender las argumentaciones que sean decisivas para la solución del pleito, respetando el principio de congruencia, tarea que -afirmó- se encontraba cumplida por el sentenciante de grado en virtud de las circunstancias verificadas en la especie.

I.5. En igual sentido, desestimó los reproches vinculados con la falta de colaboración de la...

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