Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 31 de Mayo de 2017, expediente CNT 052223/2010/CA001

Fecha de Resolución31 de Mayo de 2017
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II SENTENCIA DEFINITIVA NRO.: 110582 EXPEDIENTE NRO.: 52223/10 AUTOS: “ROJAS CENTENO ORLANDO GILBERTO C/CREA TEXTIL SA Y OTRO S/ ACCIDENTE – ACCIÓN CIVIL”

VISTO

Y CONSIDERANDO:

En Buenos Aires, a los 31 de mayo de 2017 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos y para dictar sentencia definitiva, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo a los fundamentos que a continuación se exponen:

El Dr. M.Á.M. dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs.

495/500vta., dictada por la Dra. G.V., que admitió la demanda fundada en el Código Civil, se alzan las demandadas a tenor de los memoriales de fs. 506/511 (Crea Textil SA) y fs. 512/516 (ART) que merecieron réplica a fs. 518. Asimismo, las demandadas cuestionan los honorarios regulados a los todos profesionales intervinientes en autos y sus representaciones letradas y la perito contadora apelan los regulados a su favor por considerarlos reducidos.

II) Se queja también la exempleadora de la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557.

En rigor, mucho se ha dicho sobre esta debatida cuestión, y ya como juez de primera instancia he sostenido que, a mi juicio sin lugar a dudas, el art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 trata desigualmente a los trabajadores víctimas de infortunios ya que los priva del acceso al Código Civil, es decir al derecho común a todos los habitantes del país, destacando en mis decisiones que, de todas maneras, esa discriminación solo habilita la declaración de inconstitucionalidad cuando provoca perjuicio, dato este señalado por la sentenciante de grado en el presente caso.

Es que sostengo que en el sistema jurídico el legislador puede efectuar discriminaciones para hacerse cargo de situaciones diferentes pues como señalaba K. (¿Qué es la Justicia?, págs. 71/2, Editorial Leviatan, Bs. Aires, 1981) "de hecho los hombres son muy distintos y no hay dos que sean realmente iguales", y así lo ha Fecha de firma: 31/05/2017 entendido la C.S.J.N. que repetidamente ha interpretado que el trato igualitario de la ley al Alta en sistema: 06/06/2017 Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.A.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.F., SECRETARIO INTERINO #19809164#179493823#20170601103850441 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II que refiere el art. 16 de la C.N. debe entenderse en igualdad de situación. Por ende, y como también se lo preguntara Kelsen, ¿Cuáles son entonces las diferencias que deben tenerse en cuenta y cuáles no? (Ob. y lugar cit.).

Me parece irrefutable que la condición de trabajador dependiente desde ningún punto de vista puede considerarse una diferencia relevante para excluirlo en caso de contingencias de las reglas del Código Civil y creo oportuno repetir aquí la clara doctrina sentada por el Tribunal Constitucional español: "La celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la constitución le reconoce como ciudadano, ya que, ni las organizaciones empresariales forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad, ni la libertad de empresa… legitima que quienes prestan servicios en aquellas por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar despojos o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales" (F.J. 2ª, sentencia 88/1985 del 19-06-85; F.J.

  1. , sentencia 104/1987 del 17-06-87 y F.J. 6ª, sentencia 6/1988 del 21-01-88, citadas por F.V.D.-Re, “Poderes del empresario y derecho de la persona del trabajador”, en Relaciones Laborales, España, 1990, Nº 8 pág. 12).

Además, ni el Mensaje de Elevación del Proyecto original del PEN sobre el SIPRIT ni el debate parlamentario que motivó la sanción de la ley 24.557 dan pautas que expliquen ni sugieran, siquiera, cuál sería la razón por la cual cabría considerar que, frente al daño causado en su salud, integridad psicofísica o vida, un trabajador dependiente se encuentre en diferente situación fáctica que otro habitante del país, y que, por ende, se lo deba tratar de un modo distinto y, como en este caso, perjudicial. Los funcionarios públicos que tuvieron en la pasada década la difícil misión de asumir la defensa de la ley 24.557 han sostenido en diversas ocasiones el argumento financiero como razón de ser de la limitación de la responsabilidad así como la conveniencia de que el sistema resultara cerrado, financieramente previsible, y evitara la litigiosidad.

Pues bien, como hombre formado en el derecho en general - y el derecho es humanista - y en el derecho social en particular creo innecesario abundar en explicaciones para descartar semejantes razones que, seguramente, son las que realmente han actuado como motor del sistema. Es inmoral limitar la responsabilidad de quien provoca daños por su responsabilidad civil subjetiva (con culpa o dolo ordinario) o mediante la utilización el proceso productivo de cosas riesgosas o viciosas y hacer cargar parte del perjuicio a la víctima inocente con objetivos financieros, tal como lo predicaron las juezas Highton de N. al votar en la causa “A., Isacio c/ Cargo Servicio SA”

del 21/9/2004 y A. en su voto en “D., T. c/ Vaspia SA” del 7/3/2006. Toda previsión financiera - que no debe estar ausente en ningún régimen racional - debe estar al servicio del hombre y de relaciones justas y nunca a la inversa. Poner al lucro -finalidad y Fecha de firma: 31/05/2017 Alta en sistema: 06/06/2017 Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.A.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.F., SECRETARIO INTERINO #19809164#179493823#20170601103850441 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II motor humano muy válido, por cierto- por encima de principios como la indemnidad y la equidad constituye un acto inmoral y descalificable.

Junto a la Doctrina Social de la Iglesia, el propio S. predica la necesidad de moralizar a la economía dado su carácter de ciencia social al servicio de los hombres. Pero, por encima de ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido con extrema claridad, merced a las distintas posturas de sus ministros, en los recién citados casos “A.” y “D.” y terminó con toda posibilidad de debate al declarar que ningún habitante del país puede ser privado de una indemnización justa frente al daño injustamente sufrido, puntualizando que se entiende por indemnización justa solo aquella que repara integralmente los daños y perjuicios.

El Alto Tribunal dejó aclarado que el Congreso de la Nación puede establecer un régimen alternativo y diferente de reparación de infortunios de trabajo pero éste no puede desconocer aquella primera premisa, es decir la del derecho de todo habitante a una reparación justa.

Por ende, no es posible seguir predicando, como lo hacen las apelantes, que el art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 no trata desigualmente a los trabajadores, siendo del caso destacar que las apelantes no afirman en su queja que el régimen de reparación de dicha ley no resulte perjudicial, tal como lo resolviera la Sra.

Juez de primera instancia sin que sobre ello medie agravio, con lo que tal aspecto del decisorio llega firme a esta instancia.

Y estas consideraciones neutralizan, a mi ver, también el argumento en relación a que es resorte exclusivo del Congreso Nacional establecer el régimen legal de reparación de los infortunios del trabajo, toda vez que, en efecto, es facultad privativa del Poder Legislativo legislar en esta materia pero siempre dentro del marco constitucional.

Por ende, en tanto en el caso de autos la sentencia dictada por la Dra. G.V. ha determinado la existencia de responsabilidad civil de las recurrentes y que la reparación tarifada de la ley 24.557 no constituye una justa indemnización de los daños derivados de aquella, la inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 luce incuestionable y por eso propongo desestimar el agravio de la apelante.

III) Cuestiona Crea Textil SA el porcentaje de incapacidad determinado en grado (10%) y su valor probatorio.

La Sra. Juez a quo consideró, con base en el dictamen médico, que el actor presenta una espondiloartrosis y una clara discopatía a nivel lumbar con compromiso neurógeno y que las tareas de esfuerzo o sobrecarga articular y/o en posiciones antiergonómicas resultan idóneas para operar en el desarrollo o agravamiento Fecha de firma: 31/05/2017 Alta en sistema: 06/06/2017 de tales afecciones. Agregó que el actor al momento de la denuncia contaba con apenas Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.A.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.F., SECRETARIO INTERINO #19809164#179493823#20170601103850441 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II 29 años de edad y con casi 4 de antigüedad en la empresa sin que se hubiere alegado que al ingreso se encontraba incapacitado en modo alguno, por lo que, a su juicio, pese al esfuerzo argumental desplegado por las accionadas en las impugnaciones a la pericia médica y en el alegato, no es posible descartar a priori la incidencia de los factores laborativos o del episodio revelador indicado como acontecido el 12/5/09 en el cuadro deficitario descripto por el perito.

La apelante aduce que la sentenciante hizo caso omiso a su pedido de explicaciones al perito en la que intentó preguntarle si las tareas agravaron un síndrome preexistente o pusieron de manifiesto uno que no había existido hasta ese momento. Sostiene que cualquiera sea la respuesta, es claro que las patologías ya existían porque, al...

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