Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - SALA V, 22 de Octubre de 2014, expediente CNT 031244/2011/CA001

Fecha de Resolución22 de Octubre de 2014
EmisorSALA V

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA V Expte. nº CNT 31244/2011/CA1 SENTENCIA DEFINITIVA.

AUTOS: “R.J.M.C./ LA CAJA ART SA Y OTRO S/ ACCIDENTE ACCION CIVIL” (JUZG. Nº 54).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 22 días del mes de octubre de 2014 se reúnen los señores jueces de la S. V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR E.N.A.G. dijo:

Contra la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda apelan ambas accionadas.

Por razón de método expositivo me explayaré en primer término respecto del agravio de la empleadora relativo a la existencia de culpa de la víctima con referencia al segundo accidente. Se afirma en la sentencia que esta defensa no fue opuesta. Sin embargo, a fojas 63 la defensa es expresamente planteada y se señala que no existió orden alguna que obligara a realizar al actor la maniobra que hizo.

De la testimonial realizada surgen dos elementos que conspiran contra el progreso de la acción por este accidente en los términos de la acción civil. El primero, que el hecho invocado como causa de la incapacidad (saltar desde un muelle sin amarras) no fue el hecho que provocó la lesión (que fue saltar de una pirámide de bloques de cemento utilizados para fondear las boyas). El segundo, que prescindiendo de estas incongruencias en los hechos, se ha demostrado que pudiendo bajar mediante un paso largo, el actor eligió

saltar sin indicación alguna del superior. Al respecto es central la declaración del testigo R. (fojas 520) quien sostiene que lo habitual era bajar sin F. de firma: 22/10/2014 Firmado por: E.N.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.D., SECRETARIO DE CAMARA Firmado por: O.Z., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.A.R., JUEZ DE CAMARA saltar y no saber por qué causa el actor saltó. Debe señalarse que los testigos que deponen en la causa fueron ofrecidos por la parte actora.

En el caso existe entonces la culpa de la víctima que exime de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa. Debe señalarse que la culpa de la víctima en los términos del artículo 1113 del Código Civil es aquél actuar consciente capaz de interrumpir el nexo causal entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño. En el caso, saltar no es algo que el sujeto realice por automatismo, por lo que entiendo que se ha configurado la culpa de la víctima que rompe el nexo causal. Por el contrario, en términos de la acción especial, para evitar las consecuencias producidas por el hecho u ocasión del trabajo, es menester la concurrencia de dolo del trabajador (artículo 3 inciso a) LRT).

Lo expuesto importa rechazar el reclamo por la incapacidad que surge del segundo accidente. En consecuencia debe prosperar el reclamo exclusivamente por el primer accidente cuyos efectos sobre el lucro cesante son estimados en un 7% por el perito médico cuyas conclusiones llegan firmes a esta alzada. Por tanto, tomando en cuenta los criterios de valoración de la Sra. Juez de grado el monto de condena debe ascender a la suma de $

50.689,66 en concepto de daño material.

Cuestiona el demandado la condena por daño moral. Sin perjuicio de que el cálculo ha quedado sin efecto en la medida que la pérdida de movilidad producida por el segundo accidente, las consecuencias del primer accidente importan un daño moral que es mayor que la incapacidad resultante pues importa mutilación corporal. Por ese motivo estimo el daño moral en la suma de $ 30.000. Teniendo en cuenta que por el mismo hecho la ART abonó

la suma de $ 9036 (las obligaciones emergentes de la LRT y por derecho común son obligaciones concurrentes), el monto por el que ha de progresar el reclamo en términos de la acción civil contra el empleador es de $ 71.653,66 con más los intereses correspondientes.

F. de firma: 22/10/2014 Firmado por: E.N.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.D., SECRETARIO DE CAMARA Firmado por: O.Z., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.A.R., JUEZ DE CAMARA Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA V Respecto a la tasa de interés aplicable, debo señalar que el análisis de los intereses posteriores a la sentencia de origen escapa a la regla general del artículo 277 C.P.C.C.N.

Precisamente esa norma faculta a los tribunales de alzada la consideración de hechos posteriores a la sentencia definitiva, dentro de los cuales se encuentra el tratamiento de los intereses, materia que puede y debe ser analizada por el tribunal de alzada, sobre todo teniendo en cuenta la motivación del acta CNAT 2601.

Ello en modo alguno implica afectar el principio de congruencia pues la determinación de los intereses constituye materia aplicable de oficio, aun en caso de falta de petición expresa por lo normado en el ámbito general de las obligaciones por los artículos 519, 508 y 511 del Código Civil y, en el ámbito de los hechos ilícitos por la norma del artículo 1069 del Código Civil, por lo que la falta de petición específica del tipo de interés en la demanda, a fortiori, no importa incongruencia en el tratamiento por los tribunales.

Tampoco afecta la cosa juzgada pues el hecho sobreviniente no está comprendido en ella como lo recepta expresamente el artículo 277 CPCCN.

En consecuencia, debe ser objeto de tratamiento el interés a fijarse con posterioridad a la sentencia de grado. A partir del 21 de mayo de 2014 mediante acta 2601 la Cámara Nacional de Apelaciones sugirió la aplicación de la tasa de interés nominal que el Banco Nación aplica para operaciones de préstamos para libre destino hasta 60 meses pues de lo contrario se omitiría conjurar el riesgo de la utilización de una tasa de interés que resulta ajena a las posibilidades de endeudamiento del acreedor que debe proveer a un crédito de carácter alimentario.

Por otro lado, si bien es cierto que el acta CNAT 2601 no es una norma, su falta de aplicación representaría una confiscación del patrimonio del F. de firma: 22/10/2014 Firmado por: E.N.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.D., SECRETARIO DE CAMARA Firmado por: O.Z., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.A.R., JUEZ DE CAMARA actor por efecto de la aplicación de un tasa ficticia, lo que hace necesaria la operatividad de la misma. Por tanto, a partir del dictado de la sentencia de origen corresponde aplicar la tasa de interés establecida por acta CNAT 2601.

La demandada cuestiona la condena en términos de la acción especial indicando que se ha violado la congruencia pues no fue demandada en esos términos. Tal como señala la Sra. Juez de grado la acción fue introducida a fojas 6, por lo que no existe incongruencia.

Sostiene por otra parte que existió un consentimiento a lo actuado por la comisión médica. La queja de la ART relativa a una imposibilidad de revisar la incapacidad no puede ser de recibo. En primer lugar porque entre el examen realizado ante la autoridad administrativa y el examen judicial existe un lapso durante el cual puede producirse tanto la consolidación médica como jurídica de la incapacidad. Por otra parte, no es el perito sino el juez quien determina el grado de incapacidad teniendo en cuenta, si así lo considera pertinente el dictamen del perito médico, del mismo modo que pudo haber tenido en cuenta los antecedentes del caso tanto para apartarse del dictamen como para tomar las medidas de mejor proveer que considere pertinentes. Por tanto el agravio relativo a una supuesta irrevisabilidad de lo resuelto por comisiones médicas debe ser rechazado por no hacerse cargo del hecho de que es el juez quien realiza la determinación jurídica de la incapacidad (sobre la base técnica de lo informado por el perito). Contrariamente a lo afirmado por el apelante, el recurso previsto en la norma del artículo 46 LRT ante la autoridad judicial no tiene plazo, por lo que mal puede afirmarse que lo resuelto se encontraba firme, por lo que en la presente causa se resuelve el cuestionamiento de la incapacidad por ser este el tribunal competente en el criterio de la CSJN emanada del precedente Castillo.

Contra la sentencia de origen que hizo lugar a la demanda la accionada cuestiona la aplicación de intereses. La LRT no contenía previsión F. de firma: 22/10/2014 Firmado por: E.N.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.D., SECRETARIO DE CAMARA Firmado por: O.Z., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.A.R., JUEZ DE CAMARA Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA V alguna respecto de los intereses, los que se encuentran dispuestos en la norma de la resolución SRT 414/99. Textualmente: "la mora en el cumplimiento de la obligación de otorgar las prestaciones dinerarias contempladas en la ley 24.557 se producirá de pleno derecho transcurridos treinta (30) días corridos de la fecha en que la prestación debió ser abonada o el capital depositado, y por el mero transcurso del plazo indicado".

Pero la validez de este dispositivo debe tener en cuenta que las normas no son ínsulas aisladas, el orden jurídico forma un continuum de tal modo que no resulta admisible como postulado de la razón jurídica la existencia de lagunas del derecho. Admitido por la apelante que celebró un contrato con el empleador con estipulaciones condicionales (la existencia de un siniestro) a favor de un tercero (los trabajadores), las obligaciones que de él resultan se rigen por la norma del artículo 504 del Código Civil. Por tanto, al inejecutarse la obligación contractual en su debido tiempo (con absoluta prescindencia del factor subjetivo ya que no se debe por culpa sino por el título mismo que emerge del acto jurídico), corresponde aplicar intereses conforme lo establece el artículo 509 del Código Civil desde que el hecho al que se subordinó la obligación de pago aconteció (artículo 8.1 LRT). Y ello ocurre con prescindencia del momento en que la comisión médica o el juez dictamine sobre una incapacidad permanente existente...

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