Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 11 de Marzo de 2009, expediente 10.396

Fecha de Resolución11 de Marzo de 2009

Cámara Nacional de Casación Penal °

Causa n° 10396

R., H.O. s/rec. de casación

Sala III CNCP

Registro n° 226/09

n la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo del año dos mil nueve, se reunieron los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, D.. G.J.T.,

E.R.R. y A.E.L., bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Prosecretaria de Cámara, Dra.

°

M.J.M., con el objeto de dictar sentencia en la causa n°

10396 caratulada “R., H.O. s/rec. de casación”, con la intervención del representante del Ministerio Público ante esta Cámara,

Dr. J.M.R.V. y del Sr. Defensor Público Oficial, Dr. J.C.S. (h), por la asistencia del imputado.-

Efectuado el sorteo para que los Señores Jueces emitan su voto,

resultó que debía observarse el orden siguiente: T., R., L..-

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

El señor J.D.G.J.T. dijo:

PRIMERO

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 137/147vta. por la Dra. M.M.C., Defensora Pública Oficial interina, contra el pronunciamiento dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de Córdoba, que resolvió:

No hacer lugar al beneficio de detención domiciliaria solicitada por la Defensa técnica a favor de H.O.R. ...

(fs. 131/135).-

Que el remedio intentado fue concedido por el a quo a fs. 148/vta.

Radicadas las actuaciones en esta instancia y celebrada la audiencia prevista por el artículo 465 bis del Código Procesal Penal de la Nación en función del −1−

454 y 455 ibídem (texto según ley 26.374), a la que asistió

exclusivamente el Sr. Defensor Público Oficial (fs. 164), el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.-

SEGUNDO

Que ingresando al tratamiento de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional debe ponerse de resalto que la asistencia técnica de R. solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de Córdoba se reestablezca el beneficio de detención domiciliaria concedido al nombrado durante la etapa de instrucción, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 314 del C.P.P.N.

Argumenta en tal sentido la edad y el estado de salud de su representado.-

Asimismo, expresa la defensa que en virtud del efecto suspensivo dispuesto por el artículo 442 del ordenamiento ritual, debió prevalecer el beneficio ya acordado del que venía gozando por estricta aplicación del principio de inocencia y non bis in idem (art. 18 CN y Pactos y Tratados Internacionales).-

Que en atención a la naturaleza de los agravios introducidos por la defensa en su presentación, conviene aquí recordar que en particular en los autos “Comesaña, T.M. s/rec. de casación” (Reg. 573/06 del 7/6/06);

E., K.A.

(Reg. 1434/06 del 27/11/06) y “T., H. s/rec. de casación” (Reg. 235/07 del 15/3/07) afirmé que “partiendo de la base que de una interpretación armónica de los artículos 7 y 10 del Código Penal, 314

y 502 del Código Procesal Penal y 33 de la ley 24.660 y de los fundamentos del decreto 1058/97, que la prisión domiciliaria puede ser obtenida también por procesados; que para que proceda este excepcional modo de cumplimiento de la prisión preventiva deben estar presentes los requisitos exigidos por la ley. Que a tales fines es indispensable que la imputada esté comprendida en una de los dos casos que habilitan el otorgamiento del instituto: 1) que sea mayor de setenta años ó 2) que padezca una enfermedad incurable en período terminal”.-

“Que al igual que lo entendí con lo dispuesto por el artículo 33,

−2−

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estimo que las prescripciones del artículo 495 del Código Procesal Penal pueden ser aplicadas no sólo a los condenados sino que merced de una interpretación análógica in bonam partem a aquellos que se encuentran sometidos a proceso.

Reza la mentada norma que “La ejecución de la pena privativa de la libertad podrá ser diferida por el tribunal de juico solamente en los siguientes casos: 1°)

Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de seis (6) meses, al momento de la sentencia. 2°) Si el condenado se encontrare gravemente enfermo y la inmediata ejecución pusiere en peligro su vida, según el dictamen de peritos designados de oficio. Cuando cesen esas condiciones, la sentencia se ejecutará inmediatamente.” (cfr. mi voto en autos “Espíndola” ya citados).-

En tal sentido, no pasa inadvertido que la ley 26.472 (B.O. 20/1/09)

no sólo ha mantenido los dos incisos previstos en antiguo artículo 33 de la ley 24.660 sino que ha ampliado los casos de procedencia del instituto.-

Reza ahora el artículo 32 de la Ley 24.660: “El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) Al interno mayor de setenta (70) años; e) A la mujer embarazada; f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo.”

Por su parte el artículo 33 quedó redactado de la siguiente manera:

La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución o −3−

competente. En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la decisión deberá fundarse en informes médico, psicológico y social. El juez, cuando lo estime conveniente, podrá disponer la supervisión de la medida a cargo de un patronato de liberados o de un servicio social calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad.

Asimismo, el artículo 10 del Código Penal fue modificado y dice hoy: “Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria: a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) El interno díscapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimientocarcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) El interno mayor de setenta (70) años; e) La mujer embarazada;

f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo.”

Que partiendo de la premisa de que el legislador al crear tal disposición le otorgó facultad al juez para aplicarla, al igual que lo mantiene ahora con la reforma legislativa recientemente operada, no sólo no excluyó a ninguno de los antiguos supuestos sino que como se advierte incorporó a otros no contemplados en la anterior redacción,

deberá evaluarse en cada caso particular la posibilidad o no de disponer la excepción a que se alude.-

TERCERO

Que tal como se desprende del estudio de las actuaciones con fecha 21 de mayo de 2008 el Tribunal a quo, con fundamento en “razones de −4−

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seguridad” dispuso modificar las condiciones de detención de H.O.R. -prisión domiciliaria en la provincia de Mendoza- “hasta la finalización del juicio” y disponer su inmediato alojamiento en dependencias del Tercer Cuerpo del Ejército.-

En particular se expresó “Dadas las particularidades del caso, tal medida aparece como las más adecuada en pos de extremar los recaudos tendientes a, por un lado, preservar la integridad física de los encartados y, por otro, asegurar su presencia durante el juicio, ello de conformidad con lo preceptuado por el art. 366, ultimo párrafo del C.P.P.N.”. -

Posteriormente, en oportunidad de darse lectura al veredicto de sentencia condenatoria a su respecto el 24 de julio de 2008, se dispuso “revocar su prisión domiciliaria y ordenar su...

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