Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 5 de Septiembre de 2023, expediente CAF 008428/2022/CA002

Fecha de Resolución 5 de Septiembre de 2023
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2023.- AFB

Y VISTOS: estos autos 8428/2022 caratulados “RODRIGUEZ,

F.M. C/ EN-AFIP-LEY 20628 S/PROCESO DE

CONOCIMIENTO”, y CONSIDERANDO:

  1. Que, con fecha 21 de junio de 2023, el Sr.

    juez de la instancia de origen hizo lugar a la demanda interpuesta por el actor contra la AFIP-DGI y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 20, inc. i), 23, inc. c); 79 inc. c);

    81 y 90, de la Ley 20.628 (texto leyes 27.346 y 27.430) y, los artículos 30

    inc. c), 82 inc. c), 85 y 94, de la Ley 20.628, (texto ordenado 2019) y en consecuencia, ordenó el cese de la retención del impuesto a las ganancias por parte de la demandada.

    Asimismo, ordenó el reintegro de las sumas retenidas, desde los dos (2) años retroactivos a la fecha de interposición de la demanda (artículo 2562, del Código Civil y Comercial de la Nación),

    con más sus intereses y costas Impuso las costas a la Administración Federal de Ingresos Públicos, por resultar vencida (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.).

    Para así decidir, luego de reseñar las postulaciones de ambas partes y dejar sentado que no se encontraba obligado a seguir todas sus argumentaciones, ni a ponderar una por una y exhaustivamente la totalidad de las probanzas aportadas a la causa (sino a abordar aquellas estimadas conducentes para dirimir el conflicto), puntualizó –en primer término– que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal, era un acto de suma gravedad y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, por lo que debía considerarse como la “última ratio” del orden jurídico, y sólo debía ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional era manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, o bien,

    cuando se tratara de una objeción palmaria.

    En ese sentido hizo referencia a los lineamientos que hacían a la procedencia y al carácter excepcional de la vía elegida.

    Consideró, asimismo, que sin perjuicio de las manifestaciones efectuadas por el Fisco Nacional, para resolver la Fecha de firma: 05/09/2023

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    presente contienda resultaba de aplicación la doctrina del Alto Tribunal sentada en la causa “G., M.I. c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 26 de marzo de 2019.

    En este aspecto, citó jurisprudencia de esta Cámara y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; recalcó que si bien era cierto que el Máximo Tribunal sólo decidía en los procesos concretos que le eran sometidos y sus fallos no resultaban obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tenían el deber de conformar sus decisiones a aquéllos. Adelantó que la presente acción debía ser admitida, pues de las constancias de la causa se desprendía el estado de vulnerabilidad en que se encontraba el peticionante; extremo que ameritaba remitirse a lo dispuesto por el Máximo Tribunal en el precedente citado (cuyos principales términos reseñó).

    A su vez, puntualizó que las sumas a reintegrar debían llevar intereses conforme la tasa pasiva promedio mensual que publique el BCRA (conf. artículo 10, del Decreto 941/91, y artículo 8,

    segundo párrafo, del decreto 529/01), desde que cada suma fue retenida hasta su efectivo pago.

    Por último, señaló que la Sentencia dictada no se vió

    alterada con la modificación de la Ley 27.617, debido a que de su lectura no se desprendía cambio sustancial alguno que permitiera apartarse del temperamento adoptado por el Alto Tribunal.

  2. Que, contra dicho pronunciamiento, la parte actora apeló el 21 de junio de 2023 y fundó su recurso en ese mismo acto.

    Corrido el pertinente traslado, el 1 de agosto de 2023,

    la parte demandada formuló sus réplicas.

    II.1. La parte actora se agravia respecto de la tasa de interes aplicable.

    Sostiene que el juez a quo dispuso la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual que publique el Banco Central de la República Argentina (conf. Art. 10 del Decreto 941/91 y Art. 8° segundo párrafodel Decreto 529/01), cuando resulta de aplicación la tasa de interés prevista en la Resolución nro. 598/19 del Ministerio de Hacienda.

    Cita jurisprudencia para reforzar su postura.

    Fecha de firma: 05/09/2023

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

  3. Que, por otra parte, el Fisco Nacional también recurrió la Sentencia recaída en autos, con fecha 21 de junio de 2023 y expresó agravios con fecha 7 de julio de 2023.

    Corrido el pertinente traslado, la parte actora formuló

    sus réplicas.

    III.1. En primer lugar, luego de realizar un breve análisis del fallo recurrido, el Fisco Nacional se agravia respecto de la omisión del Sr. juez a quo respecto de pronunciarse sobre la Ley nro.

    27.617 (B.O. 21/4/2021).

    Recuerda que a través de la sanción de la Ley citada se introdujeron modificaciones a la Ley de IG, la cual “…-conforme su redacción actual vigente al momento de dictar sentencia- establece que se encuentran alcanzadas 'las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes y vicepresidentes de la Nación dispuestas por la ley 24.018' -cfr. artículo 82 inciso c-.” (sic).

    Alega que la modificación descripta establece el límite temporal al condicionante impuesto por el Máximo Tribunal al fallar en la causa “G., M.I..

    Esgrime que las sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas.

    Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su tesitura.

    En segundo lugar, subsidiariamente se agravia de la vía elegida por la actora.

    Arguye que “…En el caso de marras, el agente de retención ha actuado en todo conforme a la legislación vigente deduciendo el gravamen al momento de liquidar los haberes mensuales del actor que, una vez pagados ingresan directamente en las arcas del erario. Vale aclarar que el banco pagador remite directamente el tributo y que, los reclamos de lo que el aquí actor considera que no debió ser retenido, indudablemente, debe ser interpuesto en Sede Administrativa de Fecha de firma: 05/09/2023

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    la AFIP – DGI y seguir el procedimiento reglado por el instituto del art. 81

    de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).” (sic).

    Se queja por cuanto la parte actora no planteó como debió hacerlo, el procedimiento administrativo para agotar la vía por medio del reclamo federal, haciendo caso omiso de lo plasmado en las leyes: Ley n° 19.549 -general- y en la especial que interesa a su parte, la Ley de Procedimientos Tributarios.

    Alega que la pretensión actoral -según entiende- va por un camino contrario al de la órbita reglamentaria poniendo en grave peligro el orden constitucional si el Poder Judicial lo aceptara, debido a que, interferiría en la órbita del Poder Legislativo viéndose de esta manera conculcada la división de poderes. Entiende que habría subrogación judicial en las facultades de su mandante, en correspondencia con dicha pretensión del accionante.

    Aduce que la parte actora trata de tomar un atajo desplegando los efectos de esta acción judicial a un estatus económico en el que pretende instalarse, como eximida del ingreso de la gabela en crisis.

    Como tercer punto se agravia de la aplicación del precedente “Garcia”.

    Le llama la atención que el magistrado de grado cite varios considerandos del fallo aludido, sin siquiera realizar un mínimo análisis del caso de autos a la luz de los hechos descriptos y probados en la presente causa.

    Por lo tanto, entiende que la pretensión actoral se basa en cuestiones meramente dogmáticas y genéricas, no vinculadas al caso en particular, entendiendo que no resulta análoga la situación del actor en autos a la del actora en el precedente “G., M.I..

    Destaca que el actor, no alcanza la edad mínima de ancianidad establecida por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

    Entiende que, de los elementos arribados por la parte actora, no se observa que los porcentajes retenidos afecten su capacidad contributiva, por ende, no lo la hacen vulnerable económicamente, como si ocurría en el fallo “Garcia”.

    Fecha de firma: 05/09/2023

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

    En cuarto lugar, se agravia sosteniendo que el fallo impugnado ordena el reintegro de la totalidad de las sumas retenidas, por los dos años anteriores contados desde la fecha de interposición de la demanda.

    En ese orden, sostiene que, en tanto el sentenciante de grado declara la inconstitucionalidad con el alcance indicado por la CSJN in re “G., debió limitar el reintegro a las sumas retenidas desde la demanda. Señala que, sin embargo, el Sr. magistado se aparta de lo allí resuelto..

    En quinto lugar, se agravia respecto de la tasa de interés. Señala que los intereses deben correr desde la fecha de interposición de la demanda –cfr. artículo 179 Ley N° 11.683- aunque conforme las tasas previstas por el Ministerio de Economía.

    Agrega que los intereses deben calcularse conforme lo expresamente dispuesto en el art. 179 de la Ley 11.683 puesto que no se ha cuestionado su consitucionalidad.

    Sobre estos aspectos, remarca que los intereses deben ser calculados...

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