Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 29 de Diciembre de 2020

Fecha de Resolución29 de Diciembre de 2020
EmisorCorte Suprema de Justicia
Cita62/21
Número de CUIJ21 - 511420 - 6

AyS T 303, ps 340/352

Santa Fe, 29 de diciembre del año 2020.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la codemandada ITALGAS SA contra la sentencia del 29 de diciembre de 2016, dictada por la S.S. de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, en autos "R., C.A. contra ITALGAS S.A. y otros -Cobro de Pesos- Accidente Laboral- (Expte. 23/16 CUIJ 21-05094014-1)" (Expte. C.S.J. CUIJ NRO. 21-00511420-6); y,

CONSIDERANDO:

  1. Surge de las constancias de autos que el juez de baja instancia declaró la inconstitucionalidad del artículo 39, inciso 1, de la ley 24557; hizo lugar a la demanda y condenó a ITALGAS SA y a FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS SA a pagar a la actora la planilla a practicarse en autos ($ 140.000 con más la suma de $ 93.000, estimadas en concepto de daño material y moral respectivamente) "con más un interés desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago consistente en el promedio de la tasa activa fijada por el BNA para el otorgamiento de préstamos", con costas a la demandada.

    Apelado dicho pronunciamiento por todas las partes y, en lo que aquí resulta de interés, la S.S. de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario resolvió: "I.- Desestimar los recursos de nulidad y apelación deducidos por la codemandada Italgas S.A. II.- Receptar el recurso de apelación interpuesto por la codemandada Federación Patronal S.A. ART en el sentido de eximirla de responsabilidad del reclamo con fundamento en el Código Civil y rechazar la demanda con costas. III.- Receptar parcialmente el recurso de apelación de la parte actora elevando las sumas por daño material a $ 1.800.000 (pesos un millón ochocientos mil) -monto al que se le descontará lo ya abonado por la aseguradora con más la tasa de interés que fijó el juez de grado en la sentencia-; a $ 360.000 (Pesos trescientos sesenta mil) el daño moral a la viuda y en $ 270.000 (doscientos setenta mil) por el mismo concepto para cada uno de sus hijos. Aplicar a dichos montos desde el accidente hasta la sentencia de primera instancia una tasa de interés del 6% anual y de allí hasta su efectivo pago la tasa activa determinada por el sentenciante. IV.- Imponer las costas a la codemandada Italgas S.A. de conformidad con lo normado en el art. 102 del CPL...".

    Contra tal pronunciamiento interpone la recurrente recurso de inconstitucionalidad, por entender que lo fallado no satisface el derecho a la jurisdicción; lesionando el derecho al debido proceso y el derecho de propiedad.

    En el memorial recursivo alega la arbitrariedad del decisorio impugnado por vulnerar el principio de congruencia, al admitir dogmáticamente el "supuesto salario" que le correspondería cobrar a A. a la fecha de la sentencia de grado, omitiendo analizar la liquidación practicada por la parte actora y en la cual incluyera el rubro "remuneración variable" que el causante nunca había percibido, desde que era resultado de una recategorización posterior al fallecimiento. En punto a ello, hace saber que el salario mensual se componía por el sueldo básico, presentismo y antigüedad -"no controvertida" de cinco años y no de quince como el adicional calculado por la accionante al momento de expresar agravios-, sin recibir vales de comida, los que se pagaban contra presentación de comprobante.

    Señala que el "salario actualizado" se incrementó alrededor de un cuarenta y cinco por ciento, logrando que el monto del daño material ascienda a una suma que resulta aproximada al pretendido lucro cesante y que fuera desestimado por los sentenciantes, por lo que enfatiza que la actora logró mediante un engaño, conseguir aquello que le fuera negado.

    Destaca que la incongruencia de la resolución atacada también se manifiesta en la manera en que el Tribunal determinó el descuento del importe que la aseguradora había entregado a los causahabientes -calculado teniendo en cuenta el último sueldo de A.-, entendiendo la compareciente que dicho monto debía actualizarse "sobre la misma base empleada para determinar la cuantía actualizada de la reparación integral" y con los mismos intereses que se establecieron para ésta. En ese sentido, agrega que lo resuelto confisca su patrimonio y otorga a la accionante un enriquecimiento sin causa infundado, brindando un tratamiento dispar a dos partes de una misma indemnización, y soslaya lo normado por el artículo 10 del Código Civil y Comercial.

    Indica que la actualización de la reparación integral al momento de la sentencia de primera instancia solo es aparente, imponiéndole una carga excesiva desde que fijó para el período posterior a dicha resolución y sobre valores actualizados, una tasa de interés que compensaba la inflación.

    Continúa diciendo que la incongruencia de la resolución atacada se evidencia al imponerle sin justificación alguna la totalidad de las costas, pese a que resultó "vencedora respecto de la pretensión improcedente" de la actora por la que reclamaba un lucro cesante equivalente a casi un tercio de los rubros de daño moral y material.

    Asimismo, acusa a la Alzada de incurrir en arbitrariedad por no aplicar la atenuación de la responsabilidad prevista por el artículo 1742 del Código Civil y Comercial que rige el caso, menoscabando el principio iura novit curia y esgrime que el excesivo monto al que fue condenada, puede conducirla a una situación concursal, "aniquilando el derecho a ejercer una actividad lícita en el comercio y la industria".

    Expresa la presentante que como el accidente se produjo fuera del horario laboral, se presume que el empleo del camión como herramienta de trabajo -alrededor de la medianoche del 12 de enero de 2006-, en plena ruta y cerca del destino, no fue de su utilidad sino para fines propios del cónyuge de R., y puntualiza que no se acreditó que el infortunio se debiera a una falla del vehículo. Así, critica al Tribunal por tener por "reconocido un hecho controvertido y no demostrado", es decir, que A. se encontraba trabajando, y remarca que el caso se encuadra en lo normado por los artículos 1113, tercer párrafo, del Código Civil y 1758, primer párrafo, 1753, tercer párrafo, 1719, primer párrafo y 1729 del Código Civil y Comercial.

  2. La Sala, mediante decisorio del 5 de julio de 2017, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad por entender que los cuestionamientos de la recurrente reflejaban la mera discrepancia con lo resuelto; lo que motivó la presentación directa de la impugnante ante esta Corte.

  3. Es carga de la quejosa rebatir los fundamentos del auto denegatorio (artículo 8, ley 7055). Tal cometido no ha sido idóneamente cumplido, pues pese al...

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