RODRIGUEZ, ADRIAN ALBERTO c/ EN - AFIP - LEY 20628 s/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD
| Fecha | 11 Julio 2023 |
| Número de expediente | CAF 041320/2022/CA001 |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II
La Plata, 11 de julio de 2023.-
Y VISTOS: Este incidente N° FLP 41320/2022/CA1,
caratulado: “RODRIGUEZ, A.A. c/ EN - AFIP - LEY
20628 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, proveniente del Juzgado Federal nro. 3 de Lomas de Zamora;
Y CONSIDERANDO:
EL JUEZ DI LORENZO DIJO:
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Llega la causa a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la resolución de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada.
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La recurrente, en primer lugar, refirió que se dictó
una medida cautelar sin que se diera el traslado del informe del artículo 4to de la ley 26.854. Asimismo, el juez de grado se aleja sin justificación de lo normado por el artículo 5to de la ley 26854.
Sostuvo que no se encuentra probada la situación de vulnerabilidad asimilable al caso “G., por ende,
corresponde revocar la medida cautelar.
Agregó que no se verifican los presupuestos de admisibilidad de la medida cautelar, esto es, la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora.
Finalmente, se quejó que se hubiese establecido una caución juratoria III. 1. En primer término, cabe recordar que –por regla–
el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas Fecha de firma: 11/07/2023
Alta en sistema: 12/07/2023
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que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos:
258:304; 262:222; 265:301; 291:390; 297:140; 301:970).
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En segundo lugar, cabe recordar que el dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, además el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar,
que no es otra cosa que atender aquello que no exceda del marco de lo hipotético dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos: 306:2060; 307:2267, entre otros).
En tal sentido, la procedencia de las medidas cautelares,
justificadas en principio en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, queda subordinada a la verificación de los siguientes extremos insoslayables: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora,
recaudos que aparecen exigidos por el artículo 230 del CPCCN.
En efecto, la investigación sobre el derecho que se postula se limita a un juicio de probabilidades y verosimilitud. Declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal; en sede cautelar basta que la existencia del derecho parezca verosímil. El resultado, de esta sumaria cognición sobre la existencia del derecho tiene,
en todos los casos, valor no de una declaración de certeza sino de hipótesis y solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá verificar si la hipótesis corresponde a la realidad (P.C., “Introducción Sistemática al Estudio Fecha de firma: 11/07/2023
Alta en sistema: 12/07/2023
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Firmado por: J.E.D.L., JUEZ DE CAMARA
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Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II
de la Providencias Cautelares”, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945, pág. 77).
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que siempre que se pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida precautoria debe acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (artículo 13 de la Ley Nº 26.854, in re: “Orbis Mertig San Luis S.A.I.C. c/
Provincia de Buenos Aires s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”, del 19/09/06, Fallos: 329:3890).
A ello debe adunarse también las previsiones de la Ley N°26.854, la cual dispone que la suspensión de los efectos de una ley, reglamento, acto general o particular, podrá ser ordenada cuando simultáneamente se acreditare que su ejecución ocasionaría graves perjuicios de imposible reparación ulterior, la verosimilitud del derecho invocado y de la ilegitimidad, la no afectación del interés público y que dicha suspensión no produciría efectos jurídicos o materiales de carácter irreversibles.
En este sentido, es pertinente recordar –como lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación - que cuando la medida cautelar se intenta contra la Administración Pública, es menester que se acredite prima facie y sin que ello implique prejuzgamiento de la solución de fondo, la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible. Y ello es así porque los actos Fecha de firma: 11/07/2023
Alta en sistema: 12/07/2023
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administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual, en principio, ni los recursos administrativos ni las acciones judiciales mediante los cuales se discute su validez, suspenden su ejecución, lo que determina, en principio, la improcedencia de las medidas cautelares (Fallos: 313:521 y 819, entre muchos otros).
Sin embargo, la ley 26854, también establece, y aquí
resulta de relevancia para el caso, pautas más flexibles para aquellos asuntos que comprometan a “sectores socialmente...
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