Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 27 de Junio de 2013, expediente 18.538/2008

Fecha de Resolución:27 de Junio de 2013
 
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18.538/2008

SENTENCIA N° 93600 CAUSA N° 18.538/2008: “CABRERA RODOLFO CESAR C/

MAPFRE ARGENTINA ART SA Y OTRO S/ ACCIDENTE- ACCIÓN CIVIL”. JUZGADO

N° 73

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 27.06.13 , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La D.D.R.C. dijo:

Contra la sentencia de primera instancia, se alza la parte actora,

en los términos del memorial que obra a fs. 612/616, con réplica a fs. 638/639. A su vez,

los Sres. Peritos Ingeniero, C., y P., apelan sus honorarios por considerarlos reducidos (fs. 617, 618 y 620).

En particular, el accionante se queja, porque la juez de grado anterior, rechazó la acción interpuesta contra Mapfre Argentina ART SA, y Cosméticos Avon SACI, manifestando que no se encuentra acreditado en autos el accidente denunciado en el inicio.

Luego, considera incorrecta la valoración de la prueba testimonial.

Según entiende, el testigo G. describió en forma detallada las tareas laborales que efectuaban para Cosméticos Avon SACI, las cuales requerían grandes esfuerzos físicos para manipular con las manos las mercaderías, que pesaban entre 40 a 60 kilos.

En relación con el accidente en sí, indica que ambos codemandados reconocieron que fue atendido por los prestadores médicos de la ART. Es más, afirma que la propia ART recibió la denuncia del siniestro por parte la empleadora,

diagnosticándole que padecía un cuadro de lumbalgia.

A continuación, estima transcendente el hecho, de que no se le hayan realizado exámenes preocupacionales o periódicos, con los cuales se hubiera podido determinar, si las lesiones eran preexistentes. Asimismo, hace hincapié en lo informado por el perito ingeniero, de que no se encontraron registros de los cursos de capacitación, ni de la entrega de elementos de protección personal.

Por último, apela el régimen de costas y los honorarios regulados a todos los profesionales intervinientes en autos, por considerarlos elevados.

Para un mejor análisis de las cuestiones debatidas en autos, haré

una breve descripción de los hechos acontecidos.

En la presentación inicial, el actor manifestó que trabajó para la empresa Cosméticos Avon SACI, como operario clase A, efectuando la carga y descarga de cajas de mercaderías, bolsas, y muebles, de aproximadamente 20 kilos, que llegaban al depósito. Refirió que durante toda la jornada laboral, debía estar de pie, sin los elementos de protección necesarios.

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Destacó que el 2.03.07, sufrió un accidente mientras estaba levantando un mueble de aproximadamente 40 kilos, que en ese momento, sintió un fuerte dolor de cintura, que se extendió hasta su pierna derecha.

Refirió que su médico traumatólogo le diagnosticó hernia de disco,

y que por las características particulares de su labor, debía concurrir a la ART para denunciar el siniestro.

Manifestó que como el dolor continuaba, le avisó a su jefe de personal su deficiente estado de salud. Así que, finalmente, la empleadora comunicó el infortunio a la ART.

Luego, sostuvo que en el sanatorio al que fue derivado por la aseguradora, le comunicaron que padecía un cuadro de lumbalgia post esfuerzo, y le otorgaron el alta médica laboral, el 27.06.07.

Afirmó que ante la falta de tratamiento médico por parte de la ART,

y persistiendo sus dolores, el 15.08.07, fue intervenido quirúrgicamente por el Sanatorio de la Trinidad de San isidro, por la hernia doble de disco que en realidad padecía.

Describió que el 1.04.08, fue despedido sin expresión de causa,

pero por su incapacidad física, no tuvo la posibilidad de conseguir un nuevo trabajo.

Refirió que todo esto, le ocasionó una profunda depresión.

Acto seguido, plantea la inconstitucionalidad de la ley 24557,

reclamando la reparación integral de todos los daños materiales y morales ocasionados en el ámbito de trabajo. En esta inteligencia, el actor considera que su empleadora y la ART deben ser condenadas en forma solidaria, por resultar responsables de sus lesiones,

en los términos de los arts. 1109, 1113, y 1074 del Código Civil.

Bajo este lineamiento jurídico, solicita el resarcimiento del daño psicológico, de la pérdida de chance, y de los gastos terapéuticos y de convalecencia (fs.

10/51).

En el responde, Mapfre Argentina SA (fs. 65/118), reconoció haber recibido la denuncia del accidente de trabajo sufrido por C., el 02.03.07, y que se le dio el alta médica, sin incapacidad laboral, el 14.09.07, conforme lo dictaminado por la Comisión Médica Nro. 10 E. Luego, opuso falta de legitimación pasiva, y defensa de cosa juzgada administrativa. Cita la doctrina de los actos propios.

Asimismo, indicó que el deber de cumplir con las normas de seguridad e higiene es de los empleadores, y que esta parte no ejerce un poder de policía sobre aquellos. Puesto que, según entiende, sus obligaciones son de medios y no de resultado.

Por su parte, Cosméticos Avon SACI, contestó demanda (fs.

154/176), practicando la negativa ritual, e indicando que cumplió con su obligación de denunciar a la ART el siniestro de marras, pero rechaza que las condiciones laborales que rodeaban al actor, le hubiesen ocasionado los daños que invocó.

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Asimismo, cuestiona la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.557, señalando que no corresponde atribuirle responsabilidad en los términos de los arts. 1113 y 1109 del Código Civil.

En estas condiciones, corresponde dilucidar las siguientes incógnitas: a.- ¿Corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22, y 46 de la LRT?; b.- ¿Se encuentra acreditado en autos el accidente denunciado en el inicio, y la existencia de un nexo causal entre las dolencias del actor y las tareas laborales que efectuaba en favor de Cosméticos Avon SACI?; si la respuesta fuese positiva; c.- ¿Posee el actor una incapacidad psicofísica laboral que daba ser reparada?; d.-¿Corresponde declarar, asimismo, la inconstitucionalidad del régimen fijado en el art. 39 de LRT?; si así

lo fuese, e.- ¿Resultaron ser responsables las codemandadas Cosméticos Avon SACI y Mapfre Argentina ART SA, en los términos de los arts. 1109, 1113, y 1074 del código civil?; f.- ¿Cabe hacer lugar a una reparación integral por las dolencias que sufre el actor?; g.- ¿Resulta procedente el reclamo por gastos terapéuticos y pérdida de la chance?.

Corresponde tratar de modo liminar la tacha que el actor ha formulado contra el artículo 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Al respecto, he dicho como juez de primera instancia, del Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 74, que ´la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado, contra la constitucionalidad de la norma de marras. En efecto, en lo pertinente, ha dicho que: "Toda pretensión tendiente a conferir naturaleza federal a normas que regularmente pertenecen al orden común, debe ser escrutada con el mayor rigor, sobre todo por cuanto es deber indeclinable del Tribunal impedir que, a través de esos medios, se restrinjan indebidamente las facultades jurisdiccionales de las provincias,

que son inherentes al concepto jurídico de autonomía (Fallos: 248:781, 783, considerando 2°, y otros). Es menester no olvidar que la reserva de la jurisdicción provincial de la que daban cuenta los ya citados arts. 67, inc. 11, y 100 de la Constitución Nacional (actuales arts. 75, inc. 12, y 116), era ajena al texto de 1853 y fue introducida por la Convención de 1860, con el deliberado propósito de impedir que las provincias carecieran de jurisdicción en las materias a que dicha norma hace referencia." ..."La Ley de Riesgos del Trabajo, de tal manera, ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional:

impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado "de fuero común" (Fallos: 113:263, 269)."

...."Que, en suma, la competencia federal en cuestión no encuentra otro basamento que el mero arbitrio del legislador. En consecuencia, el fallo de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, que mantuvo la resolución de primera instancia en cuanto había declarado la inconstitucionalidad del Art. 46, inc. 1, de la ley 24.557 en el supuesto materia de este litigio, debe ser confirmado." ("Castillo, A.S. c/ Cerámica Alberdi S.A." -C. 2605. XXXVII-I)’.

Destaco que hoy no encuentro motivo, para apartarme de este criterio, por lo que corresponde declarar en este caso la inconstitucionalidad de la citada norma.

En relación con los arts. 21, y 22 de la LRT, que establecen un procedimiento especial administrativo, mediante el cual las comisiones médicas se expiden sobre el porcentaje de incapacidad de los trabajadores damnificados, como juez de grado anterior, he manifestado en reiteradas oportunidades, que adhiero al criterio 3

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jurisprudencial, según el cual, “la ley 24557 (arts. 21 y 22), a través de las comisiones médicas –organismos administrativos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional-, ha sustraído de la justicia ordinaria materias que son de derecho común, como son las que se refieren a los accidentes de trabajo, en violación a lo dispuesto por el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional, en tanto reserva su aplicación a los tribunales provinciales cuando las cosas o las personas cayeren bajo su jurisdicción”. Ello, sumado a la doctrina del fallo de la CSJN. “Castillo, Á. c/Cerámica A.S.A.” (7/9/04), que determina que la mencionada ley ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado “de fuero común”; llevan a concluir que las normas que reglamentan el funcionamiento de las comisiones médicas deben ser...

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