Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 16 de Septiembre de 1997, expediente P 60429

PonenteJuez GHIONE (SD)
PresidenteGhione-San Martín-Laborde-Hitters-Pettigiani
Fecha de Resolución16 de Septiembre de 1997
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

DICTAMEN DE LA PROCURACION GENERAL:

Contra el decisorio de fs. 713/715 vta. por el cual la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Junín confirmó la resolución de primera instancia que denegó el pedido de nuevo cómputo y extinción de pena solicitado por M.A.B., el mismo condenado, por derecho propio interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 724/734).

En lo concerniente al primero, sostiene que la Alzada violó el art. 171 de la Constitución Provincial.

Considero que este recurso extraordinario de nulidad es infundado.

Ello así pues de la simple lectura del fallo surge que la sentencia cuenta con el pertinente fundamento legal (v. fs. 713/714).

En lo que respecta al recurso extaordinario de inaplicabilidad de ley denuncia el recurrente la errónea aplicación de los arts. 7 y 8 de la ley 24.390 así como la de los arts. 1/6 de la misma, vulnerando en consecuencia el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.

Considero que este recurso no puede prosperar.

He comprometido opinión, a partir del dictamen en causa P. 59.457 "Sueldo C.R. s/rec. de revisión", del 8/5/95, en torno a las cuestiones que preocupan al apelante.

Allí sostuve que la ley 24.390 "...atañe exclusivamente a los procesados, no a los condenados con sentencia firme. Aquéllos son los únicos sujetos mencionados en los arts. 1 y 2, y a ellos se refieren los textos siguientes (3 a 6). Naturalmente, no podrían articularse objeciones en cuanto a que tal diferenciación entre procesados y penados violentaría la garantía de igualdad, pues obviamente es posible otorgar tratamiento desigual a quienes se encuentran en categorías o situaciones diversas".

"Ahora bien, la modificación del art. 24 del Código Penal concierne, según el art. 8 del estatuto que nos ocupa (ley 24.390), a una precisa órbita:'para los casos comprendidos en esta ley '. Esos casos resultan ser, precisamente, los regulados en los dispositivos anteriores y en especial, los mencionados en los arts. 1 y 2...".

"En esas condiciones, el sistema de cómputo de la prisión preventiva concebido por la nueva normativa y el propio art. 8 en cuanto modificatorio del Código Penal, no debería recibir aplicación en el ámbito provincial. Por de pronto, está claro que la materia eminentemente procesal de que trata la ley es de la esfera provincial (arts. 75 inc. 12 y 121 Constitución Nacional; 1, 3, 10, 21, 43, y 103 inc. 13 de la Provincial). Y si los arts. 7 y 8 de la ley 24.390 han sido emplazados en función de la regulación procesal nacional -inaplicable en la provincia-, no se les puede otorgar ultraactividad abarcando situaciones para las cuales no fueron previstos".

"Es que la Provincia tiene un sistema propio de regulación procesal de las cuestiones contempladas en la ley 24.390. Ese sistema es el que emerge del art. 437 del Código de Procedimiento Penal y de los arts. 437 bis, ter y quater, incorporado por la ley 11.624, con más el instituto de la excarcelación (ley 10.484 y sus modificatorias) y disposiciones afines. Claramente, los destinatarios de este régimen son distintos a los sujetos comprendidos en la ley nacional, no constituyendo 'los casos comprendidos en esta ley '".

"Si bien el art. 9 de la ley 24.390 establece que la misma es reglamentaria del art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), esa reglamentación podrá operar -como toda cuestión...

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