Sentencia nº AyS 1995 II, 443 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 23 de Mayo de 1995, expediente P 55025

• Ponente: Juez GHIONE (MA)
• Presidente: Ghione - Rodríguez Villar - Negri - Laborde - San Martín - Salas
• Fecha de Resolución: 23 de Mayo de 1995
• Emisor: Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

Contenidos

• ANTECEDENTES

Dictamen de la Procuración General: La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de San Isidro condenó a P.R.M. a nueve años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor responsable de robo calificado por uso de armas de automotor en concurso ideal con privación ilegal de la libertad calificada; artículos 54, 142 inciso 1º y 166 inciso 2º del Código Penal y 38 del Decreto ley 6582/58 (fs. 155/161).

Contra este pronunciamiento interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el Sr. Defensor Oficial del procesado (fs. 167/173 vta.).

Denuncia la violación de los artículos 238, 239, 251, 252, 253, 254, 255 y 259 "in fine" del Código de Procedimiento Penal; 166 inciso 2º y 142 inciso 1º del Código Penal y 14, 16, y 18 de la Constitución nacional, en virtud de la aplicación del artículo 38 del Decreto ley 6582/58.

Sostiene que el Tribunal divide la confesión de su defendido, y acredita intimidación con arma de fuego sobre la cual a su criterio media duda. Discrepa con el valor otorgado a los dichos de la víctima.

Niega intención de apoderamiento del vehículo; sólo existió afirma la necesidad de vencer la resistencia del propietario para su uso.

En definitiva, considera que se debe encuadrar legalmente el hecho en la norma del artículo 37 del Decreto ley 6582/58.

Por otra parte, pide la declaración de inconstitucionalidad del artículo 38 del Decreto ley 6582/58, al señalar que la valoración desmesurada de la pena que efectúa la sentencia, al castigar con mayor severidad el despojo de un artículo de consumo automóviles que de otros bienes aún más valiosos y que el ataque a la propia vida humana, conculca la escala de valores fundamentales amparada por la Carta Magna, violando específicamente los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución nacional (n.a.) y, desvirtúa los principios de soberanía popular, la forma republicana de gobierno y la supremacía constitucional consagrados por los artículos 1, 33 y 31 de la Constitución nacional (n.a.).

Opino que el recurso no puede prosperar.

En primer lugar porque el pretendido cambio de calificación legal es un reclamo que constituye un mero disenso de lo afirmado por el Tribunal, no logrando enervar los sólidos argumentos que proporciona el fallo. El Tribunal resolvió entre otros conceptos, que: "...con la maniobra uso de arma de fuego e intimidación M. se apoderó ilegítimamente del vehículo de P., para lo cual lo privó de su libertad, quitando al Fiat de la esfera de su custodia y disposición en tiempo y modo que recrea la tipificación anotada. No surge de ninguna probanza... que se tratara de un préstamo como anota la esforzada defensa. Tampoco de un uso ilegítimo, porque ingresó en la disposición del coche, venciendo con armas la voluntad del propietario, ya a ese momento privado de su libertad y así ilícitamente despojado..." (v. fs. 157 vta.). Tal circunstancia, signa la insuficiencia del planteo (conf. doct. causa P. 42.852 del 14591), quedando sin sustento las aducidas conculcaciones legales citadas por la defensa.

En cuanto a la duda que invoca el apelante respecto a la intimidación efectuada mediante el arma de fuego, el agravio carece de toda relación con la norma del artículo 431 de Código de Procedimiento Penal, por lo que también media insuficiencia en el reclamo (conf. doct. art. 355 del C.P.P.).

Respecto a la pretendida inconstitucionalidad del artículo 38 del Decreto ley 6582/58 doy por reproducido "brevitatis causae" lo dictaminado por esta Procuración General en causas P. 39.007; P 39.285; P. 41.053; P. 43.994; P. 44.445; P. 45.805; P. 46.747; P. 46.199; P. 46.222; P. 48.619; P 49.167 y P. 50.462, entre muchas otras, en el sentido de que la citada disposición es constitucional.

Así lo ha...