Sentencia nº AyS 1992 I, 681 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 7 de Abril de 1992, expediente P 39760

Ponente:Juez MERCADER (MA)
Presidente:Rodríguez Villar-Mercader-Laborde-San Martín-Ghione - Negri - Salas - Vivanco
Fecha de Resolución: 7 de Abril de 1992
Emisor:Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

Dictamen de la Procuración General: La Cámara Penal de San Martín por la Sala II dictó sentencia revocando parcialmente la apelada y, en definitiva, absolvió libremente y sin costas a M.A.B. y condenó a O.A.A. a la pena de diez años de prisión, y a S.E.R. y a R.A.S. a la de nueve años y tres meses de prisión para cada uno, por hallarlos coautores penalmente responsables del delito de robo agravado de automotor. En todos los casos, con más accesorias y costas. Asimismo, dejó sin efecto la declaración de reincidencia impuesta al coprocesado A. (fs. 474/488).

Contra dicho pronunciamiento se interpusieron sendos recursos de inaplicabilidad de ley , por el procesado S. (fs. 509/512), por el Sr. Fiscal de Cámaras (fs. 513/521) y por el Sr. Defensor Oficial del encartado A. (fs. 522/524).

En cuanto al primero, estimo que la presentación no cumple con los mínimos requisitos de fundamentación, pues el apelante omite concretar una réplica frontal y pormenorizada de los argumentos que sustentan la decisión (artículo 355, Código de Procedimiento Penal; conf. S.C.B.A., causas P. 34.504, 6III87; P. 33.021, 6II87).

Consecuentemente, postulo que V.E. desestime el reclamo.

Respecto de la queja deducida por el Sr. Fiscal de Cámaras, no habré de expedirme habida cuenta la forma en que dictaminé en relación al imputado A..

En efecto, analizados en lo pertinente los agravios vertidos, opino que le asiste razón al recurrente.

Ello así, pues de una detenida compulsa de lo actuado surge que la Alzada antes de sentenciar no hizo comparecer al inculpado para tomar conocimiento del mismo, ni le dio oportunidad de manifestar en su descargo lo que creyese conveniente, siendo que A. se encontraba detenido (ver fs. 469/470), extremo que tornaba obligatoria la diligencia omitida (artículo 8º 2º párrafo, Código de Procedimiento Penal).

No cabe otra solución que la que la ley impone: la nulidad del fallo en lo que al apelante respecta.

La conclusión precedente, me exime de analizar los restantes argumentos formulados por el Sr. Defensor.

Por lo brevemente expuesto propicio que V.E. anule el pronunciamiento atacado, en cuanto a la situación del coprocesado O.A.A..

Tal es mi dictamen.

La P., 14 de junio de 1988 Francisco Eduardo Pena

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 7 de abril de 1992, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores R.V., M., L., S.M., G., N., S., V., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 39.760, “Sánchez, R.A.. A., O.A.. Ríos, S.E. y otros. Robo. Robo automotor”.

A N T E C E D E N T E S

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín condenó a O.A.A., a S.E.R., y a R.A.S., a las penas de diez años de prisión al primero, y a nueve años y tres meses de prisión a los dos últimos, con accesorias legales y costas para todos ellos, por ser coautores responsables del delito de robo agravado de automotor, dejando sin efecto la declaración de reincidencia por primera vez impuesta a A..

El señor F. de Cámaras y el señor Defensor Oficial del procesado A., interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley . El procesado S., por su propio derecho, dedujo un recurso que denominó de apelación y que fue concedido como recurso de inaplicabilidad de ley .

Oído el señor P. General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por el señor Defensor Oficial del procesado A. a fs. 522/524 vta.?

  2. ) ¿Es fundado el recurso presentado por el procesado S. a fs. 509/512?

  3. ) ¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor F. de Cámaras a fs. 513/521?

V O T A C I O N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor R.V. dijo:

El art. 8º del Código de Procedimiento (t.o.), para el caso de incumplimiento del comparendo del acusado, sólo establece como causales de nulidad de la sentencia, que éste se encuentre detenido o que el comparendo haya sido solicitado por el acusado o su defensor.

Ninguna de estas situaciones se presenta en el sub judice. No existen constancias en autos de que se haya formulado un pedido de esa naturaleza y, al momento de dictarse la sentencia de Cámara (fs. 479/488), el procesado se hallaba en libertad (v. fs. 27, incid. de excarcelación, agregado por cuerda, cuya remisión se requiriera a fs. 542).

La circunstancia de que la mencionada disposición determine la sanción de nulidad para aquellos dos únicos supuestos, permite interpretar que, cuando el acusado se halla en libertad y no se ha solicitado el comparendo, constituye una atribución privativa del juzgador el decretarlo.

Respecto a la exigencia prevista en el art. 41 inc. 2º, in fine, del Código Penal, de que “El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto”, el mismo precepto lo limita “en la medida requerida para cada caso”, de modo que, es “facultad del magistrado la de estimar sobre la necesidad, conveniencia y medida de ese conocimiento”, como lo ha precisado esta Corte (“La ley ”, t. 45, pág. 266).

En mérito de lo expuesto, queda sin sustento la queja referida a la incidencia que podría haber originado el comparendo del acusado sobre la graduación de la pena (arts. 40 y 41, C.P.).

Voto por la negativa.

A la misma primera cuestión planteada, el señor J. doctorM. dijo:

Dejando a salvo la opinión que expuse en la causa P. 38.721...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba