Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 28 de Febrero de 2019, expediente CNT 039996/2013/CA001

Fecha de Resolución28 de Febrero de 2019
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II

SENTENCIA DEFINITIVA N°: 113510

EXPTE. Nº: 39.996/13 (JUZGADO Nº 18)

AUTOS: “R.A.R.C.H.S.

COMPAÑÍA DE SEGUROS SA S/ ACCIDENTE- LEY ESPECIAL”.

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 28 de febrero de 2019

reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente,

proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. V.A.P. dijo:

I) Mediante la sentencia de fs. 138/141vta. el Sr. Juez a quo hizo lugar a la demanda en los términos de la ley 24.557. Contra tal decisión se alza la vencida con el escrito de fs. 143/153 que fue contestado por la contraria a fs. 155/156.

Asimismo, la aseguradora apela los emolumentos fijados a favor de la representación letrada del actor y de la perito médica por creerlos altos.

II) Cuestiona la demandada el porcentaje de incapacidad física diferido a condena. Sostiene que se aparta de las pautas fijadas por el baremo del dec. 659/96 que es de aplicación obligatoria. Relata que la perito informó que la actora presenta al momento del examen físico de su rodilla izquierda tres cicatrices y que, al realizar la revisión de los movimientos activos y pasivos encuentra que la flexión está disminuida llegando a 125º mientras que la extensión aparece completa. Agrega que la perito estimó una incapacidad del 10% de la t.o. por la limitación de la flexión como por la hipotrofia del cuádriceps conforme el baremo de ley. Critica que la perito no explicitó cuál sería el grado de incapacidad que asigna a cada una de las secuelas objetivadas en su informe, y que debió considerarse solo la limitación funcional puesto que tanto las cicatrices como la hipotrofia de muslo son consideradas por el baremo del dec. 659/96 en la medida que afectan la movilidad del miembro afectado y no por sí mismas. Esgrime que por la limitación funcional en la rodilla le corresponde el 3,5% de minusvalía.

Es cierto que la perito a fs. 95/98 y en las aclaraciones de fs. 108 y 162/163 informó que la actora presenta tres cicatrices en la rodilla izquierda, la flexión en su extensión completa alcanza los 125º y dio cuenta también de una hipotrofia del cuádriceps, estimando por todo ello una minusvalía del 10%

Fecha de firma: 28/02/2019

de la t.o. conforme el baremo de ley más los factores de ponderación.

Alta en sistema: 12/03/2019

Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: V.A.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARINA EDITH PISACCO, SECRETARIA INTERINA

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA II

Tiene razón la apelante en que en la presente acción debe decidirse exclusivamente con sustento en el baremo del decreto 659/1996, tal como surge del art. 8 apartado 3 de la ley 24.557 en tanto dispuso que las incapacidades deberán ser fijadas de acuerdo a lo previsto en la Tabla de Incapacidades que elabore el PEN y del art. 9 de la ley 26.773 que en su art. 9 prevé que “Para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al Listado de Enfermedades Profesionales previsto como Anexo I del Decreto 658/96 y a la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto 659/96 y sus modificatorios, o los que los sustituyan en el futuro”.

No se me escapa que a fs. 12 la parte actora planteó de modo genérico la inconstitucionalidad de ambos decretos pero, a mi juicio, no es admisible.

En primer lugar, desde un punto de vista general no advierto que la adopción de un método estandarizado de evaluación de las incapacidades violente garantía constitucional alguna, en la medida que dicho baremo esté

confeccionado de acuerdo a criterios científicos razonables y tampoco encuentro que la decisión del Congreso Nacional contenida en el impugnado art. 8 de la ley 24.557

merezca reproche constitucional, por lo menos en cuanto dispone que todas las controversias en su ámbito de aplicación sean decididas con apego a dicha tabla de incapacidades. Esto no implica abrir juicio aquí sobre la disposición contenida en el art. 9

de la ley 26.773 que generaliza la aplicación de ese baremo a los reclamos basados en otros sistemas de responsabilidad.

Lejos de avizorar la conculcación de alguna garantía constitucional, creo que ese criterio legislativo tiende a dar uniformidad en materia de determinación de las incapacidades a resarcir en el especial marco de la ley 24.557 y a garantizar una aplicación igualitaria, rápida y práctica, evitando la dispersión de criterios que derivarían de los múltiples baremos existentes en el país y en el mundo, la posible arbitrariedad en la fijación de los déficits a resarcir tarifadamente y a reducir las controversias en pos de una más celérica solución de las divergencias.

Al punto cabe reparar en que existe un número muy grande tablas de incapacidad emanadas de normas jurídicas, de especialistas de carácter científico y de instituciones médicas como cátedras y entidades científicas especializadas. A través del tiempo los distintos...

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