Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 6 de Abril de 2016, expediente A 73480

PresidenteKogan-Pettigiani-Negri-de Lázzari
Fecha de Resolución 6 de Abril de 2016
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 6 de abril de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores K., P., N., de L., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.480, "R., M.P. contra Municipalidad de Cañuelas. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda promovida en autos e impuso las costas en el orden causado (conf. art. 51 inc. 2, C.C.A., texto según ley 14.437; fs. 601/605).

Disconforme con ese pronunciamiento, la accionante interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (fs. 609/630 vta.). Mediante el decisorio de fs. 632/633 vta. la Cámara interviniente denegó la concesión del primero y concedió el otro.

Dictada la providencia de autos (fs. 640), agregada la memoria presentada por la parte demandada (fs. 644/647 vta.), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I ÓN

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La P. confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda contencioso administrativa promovida por M.P.R. mediante la cual pretendió la nulidad de lo actuado en el sumario administrativo instruido por la Municipalidad de Cañuelas en su contra y, por consecuencia, de la sanción de cesantía que se le impuso (fs. 601/605 vta.).

    Luego de detallar el pronunciamiento de primera instancia, y haciendo hincapié esencialmente en cuanto a las etapas del procedimiento sumarial instruido, consideró que el agravio vinculado al funcionario instructor designado carece de un fundamento que implique una concreta violación al debido proceso.

    Ponderó con relación a la prueba testifical y a la persecución ideológica que la queja resulta insuficiente no aportando la recurrente elementos de convicción idóneo, resultando irrelevante el extenso relato relativo a la garantía de estabilidad consagrada en el art. 14 bis de la Constitución nacional.

    Sostuvo que el recurso carece de argumentos consistentes en el impedimento de clausura del sumario administrativo por el goce de licencia psiquiátrica al momento de disponerse la cesantía.

    Puso de relieve que de la lectura de los fundamentos del decreto 774/2008 resultan los hechos imputados y comprobados en relación con la conducta de la actora, sin que la cuestión refleje una inobservancia que trasunte la violación del derecho de defensa.

    Indicó que la agente comunal conoció el conjunto fáctico imputado, tuvo intervención en el expediente sumarial y a ese respecto la extensión de las consignas normativas no se advierten en pugna con la adecuación necesaria de los hechos en las trasgresiones endilgadas art. 64 incs. 3, 4, 5 y 10 de la ley 11.757-.

    Manifestó con relación al agravio sobre las notas no...

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