Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 11 de Junio de 2014, expediente B 63879

PresidenteGenoud-Pettigiani-Kogan-de Lázzari
Fecha de Resolución11 de Junio de 2014
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 11 de junio de 2014, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresG., P., K., de L.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 63.879, "R., H.D. contra Provincia de Buenos Aires (Serv. P..). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

I.H.D.R. promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Servicio Penitenciario), solicitando la anulación de la resolución 11.116 nº 70 dictada el día 9-II-2001, por medio de la cual se dispuso la promoción a los cargos inmediatos superiores de un grupo de agentes del Servicio Penitenciario bonaerense, omitiendo su ascenso. Además impugna la resolución 11.116 nº 498, de fecha 19-XII-2001 que rechazó el recurso administrativo interpuesto contra aquel acto.

Tras la petición de anulación de los actos referidos, solicita se ordene a la demandada a ascenderlo al grado de P.M., a partir del primero de enero de 2001, reconociéndosele la antigüedad y las diferencias salariales del mejor grado.

  1. Corrido el traslado de ley se presenta en juicio la Fiscalía de Estado. Contesta la demanda y solicita su rechazo argumentando en favor de la legitimidad de los actos impugnados.

  2. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular y el cuaderno de prueba actora, presentados los alegatos, la causa quedó en estado de dictar sentencia, decidiéndose plantear y votar la siguiente

    C U E S T I Ó N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I Ó N

    A la cuestión planteada, el señor J. doctorG. dijo:

    Relata el demandante que el 17 de enero de 2001 interpuso un recurso de reconsideración contra el dictamen de la Junta Superior de Calificaciones que, en fecha 9 de enero de 2001, calificó con la nota 9,61 discordando con el puntaje ideal (10) otorgado por sus superiores inmediatos, quienes observaron su desempeño durante el año, no estando tal apartamiento debidamente motivado.

    Refiere que desde el año 1996 se encuentra calificado con la sigla A.G.I.S. ("Apto Grado Inmediato Superior"), no habiendo podido ascender en la carrera administrativa por la falta de vacantes.

    No obstante, señala que en fecha 26 de abril de 2001, la Junta Superior de Reclamos le notificó el dictamen en el que se rechaza el recurso, "pese a la importancia y méritos de su trayectoria institucional" por no existir nulidad en los actos de la Junta Superior de Calificaciones.

    Puntualiza que aún antes del tratamiento del recurso presentado, mediante la resolución 11116-70/01 de fecha 9 de febrero de 2001, se promovió al grado inmediato superior a un listado de 24 agentes, entre quienes no se lo incluyó.

    Refiere que precisamente por dicha omisión, en fecha 26 de marzo de 2001, interpuso un recurso de revocatoria contra el referido acto administrativo, siendo tal planteo rechazado con fecha 19 de diciembre de 2001 mediante Resolución 11116-498/01.

    Aduce que los fundamentos del rechazo se centraron en que la actuación de la Junta Superior de Calificaciones se adecuó a la normativa aplicable al caso (arts. 67, 68 y 69, dec. ley 9578/1980) y que no alcanzó el puntaje para ubicar el puesto en el orden de mérito para obtener el ascenso, quedando en el lugar treinta y ocho (38) con una calificación general de 9.61 pts.

    Agrega que en fecha 23 de julio de 2001 se dictó la resolución 11116-313/01 que promovió al grado de Prefecto Mayor a un total de ocho prefectos, habilitando para ello igual número de vacantes que se habrían sumado a las veinticuatro ya existentes. Esta decisión -señala- alteró el procedimiento vigente modificando las condiciones que existían al momento de sesionar las juntas. Destaca que cuatro de los allí ascendidos (J., E., S. y V.) se encontraban por debajo del orden de mérito y del lugar que el actor ocupaba en el escalafón, modificando además la cantidad de vacantes establecidas para el ascenso a la jerarquía de P.M..

    Aseveró el actor que las resoluciones 11116-70/01 y 498/01 son ilegítimas y arbitrarias.

    Respecto de la primera indica que fue dictada sin haberse substanciado en forma previa el recurso de reconsideración interpuesto contra la Junta de Calificaciones, es decir, sin haberse expedido la Junta de Reclamos.

    Advierte que el procedimiento de ascensos incumplió lo establecido por el art. 110 del decreto 342/1981 -reglamentario del dec. ley 9578/1980- que dispone que la Junta de Reclamos se constituirá inmediatamente de finalizada la labor de la primera Junta de Calificaciones y se expedirá respecto a los reclamos antes del 30 de noviembre de cada año. En su caso la Junta se expidió casi cinco meses después de tal fecha y ya habiéndose dispuesto los ascensos en cuestión.

    Por otra parte sostiene que en el proceso de selección también se incumplió el art. 115 del decreto 342/1981 que establece que el J. delS. asignará el orden de mérito para los ascensos y elevará la propuesta, contando para ello con los informes de las Juntas de Calificaciones y de la de Reclamos. Además del incumplimiento de tales recaudos, la asignación del orden de mérito no fue confeccionada por el Jefe de Servicio sino por la Junta de Calificaciones quien elevó tal listado.

    Encuentra el actor que la resolución atacada se halla gravemente viciada en sus elementos motivación, causa, objeto y procedimiento, regulados en los arts. 103 y 108 del dec. ley 7647/1980. Afirma al respecto que no surge que la decisión se haya fundado en los antecedentes de hecho y derecho correspondientes, sino que parece ser una resolución basada en "la alquimia jurídica del funcionario que lo dictó".

    También sostiene que la ausencia de motivación del acto administrativo impugnado se desprende de la falta de exposición de las razones que motivaron a la Administración a adoptar la decisión atacada, como así al no observarse el procedimiento preestablecido para su dictado.

    Finaliza el tratamiento de los vicios del primer acto administrativo, concluyendo que la decisión impugnada violenta también el derecho constitucional a la igualdad en el marco de la carrera administrativa.

    En referencia a la Resolución 489/01 -dictada el 19-XII-2001- que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución de ascensos, afirma el actor que adolece de vicios en sus elementos esenciales, lo que implica la necesidad de su anulación por resultar ilegítima y arbitraria.

    Respecto a la cuestión de fondo, sostiene que la actuación irregular de las Juntas de Calificaciones y de R. ha violentado su derecho a la carrera, a la propiedad, igualdad, estabilidad y trabajo.

    Ataca la decisión de la Junta de Calificaciones, que procedió a puntuarlo por debajo de la nota que surge de su legajo personal, sin dar razones o motivos para ello como tampoco expresar las causas de su no selección para el ascenso. Asevera que tal decisión no ha tenido en cuenta los lineamientos previstos en el art. 120 del dec. 342/1981, no labrándose tampoco las actas a que hacen referencia su art. 98, violentando en definitiva su derecho a la carrera administrativa previsto en el art. 34 inc. b del dec. ley 9578/1980.

    Argumenta que ambas determinaciones carecen de razonabilidad y se exponen arbitrarias por apartarse de los elementos antecedentes que obran en el expediente. Refiere -por último- a un precedente en el que la Asesoría General de Gobierno dictaminó favorablemente ante el reclamo de ascenso de un subcomisario al cargo de C..

    Ofrece prueba y funda en derecho.

    Plantea el caso federal.

  3. La Fiscalía de Estado afirma la legitimidad de los actos cuestionados en la demanda.

    Inicia su exposición con el relato de las circunstancias fácticas y jurídicas que -entiende- son necesarias para enmarcar una resolución del caso, favorable a su posición.

    Relata que, en relación a los antecedentes de la cuestión controvertida, surge que toda la actuación administrativa de la...

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