Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 10 de Octubre de 2018, expediente L. 119379

PresidenteSoria-de Lázzari-Negri-Pettigiani-Genoud-Kogan
Fecha de Resolución10 de Octubre de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 10 de octubre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS.,de L.,N.,P.,G.,K.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.379, "Río, D.A. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 378/385 vta.).

Se interpusieron por la parte actora y la demandada sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 406/416 vta. y 397/405).

Dictada la providencia de autos, conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código C.il de la Nación (v. fs. 424) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora a fs. 406/416 vta.?

    En su caso:

  2. ) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado a fs. 397/405?

    V O T A C I Ó N

    A la primera cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

    1. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda incoada, condenando a la Provincia de Buenos Aires, en calidad de autoasegurada, al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria por incapacidad parcial permanente establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. Por otro lado, la rechazó en cuanto pretendía una indemnización por daños y perjuicios con sustento en los arts. 1.109 y 1.113 del Código C.il (v. sent., fs. 382/383 vta.).

      Sobre dicho monto, dispuso aplicar intereses, desde su exigibilidad (10 de noviembre de 2009) y hasta su efectivo pago, conforme la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", acatando, por razones de economía procesal, la doctrina sentada por esta Corte en la causa L. 108.164, "A., en cuanto allí se declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.399 (v. sent., fs. 383 vta. y 384).

      Para así decidir, juzgó acreditado que el día 8 de septiembre de 2009, el doctor D.A.R., en momentos en que se hallaba prestando tareas como profesional médico en la especialidad Ortopedia y Traumatología en el Hospital de Niños ".M.L., sufrió una descompensación, siéndole diagnosticada, con fecha 10 de noviembre de 2009, una cardiopatía coronaria, por lo que se le efectuó una angioplastia (v. vered., fs. 378/379).

      Asimismo, tuvo por probado que dicha patología lo incapacita en un 54,9% del índice de la total obrera apartándose de lo expresado por la perito médica, en tanto juzgó que no había considerado algunas circunstancias laborales del actor (tareas efectuadas como perito judicial y para el Club Estudiantes de La Plata) y había tenido por ciertas otras no corroboradas en la causa (cumplimiento de tres guardias a la semana), estimó que las labores prestadas para la empleadora demandada sólo habían tenido una incidencia del 50% en el cuadro físico incapacitante padecido por el trabajador (v. vered., fs. 379 y vta.).

      Por otro lado, para fundar el rechazo de la demanda en cuanto pretendía una reparación por daños y perjuicios con sustento en el derecho común, entendió que no se hallaban acreditados los presupuestos que la tornan viable (v. vered., últ. fs. cit.).

      Finalmente, consideró que el ingreso base mensual del actor era de $5.221,82 conforme surgía a fs. 253 vta. de la pericia contable, manifestando que la accionada no había producido prueba alguna sobre la eventual naturaleza no remunerativa de las sumas abonadas regularmente al accionante (v. vered., fs. 380).

    2. La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653; 11 apartado 4 inc. "a" y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557; así como de la doctrina que cita.

      II.1. Plantea que ela quoincurrió en absurdo en la valoración de la prueba al apartarse de la pericia médica y atribuir una incidencia del 50% a factores ajenos al trabajo prestado para la demandada, otorgándole igual idoneidad lesiva a las tareas que realizaba como médico consultor del Club Estudiantes de La Plata y como perito judicial.

      Aduce que sin un adecuado respaldo probatorio, el juzgador de grado infirió una concausa a partir de hechos no acreditados, como lo es la jornada que el actor cumplía en el mencionado Club, ni por qué dicha tarea podía ser generadora de estrés laboral.

      Asimismo, manifiesta que el tribunal fundó también la atribución concausal en las tareas como perito, sin observar que su labor en esa área se verifica, mayormente, luego de haber sufrido el infarto.

      En ese sentido, alega que se encuentra probado, tanto con sustento en la pericia médica como en la efectuada por el experto en seguridad e higiene, cual es el factor de estrés asociado con las tareas efectuadas como médico de guardia, realizadas durante más de veinte años; no así con aquellas otras que se invocan para fundar la concausalidad, en tanto siquiera se ha identificado factor estresante alguno respecto de ellas.

      A partir de ello, entiende que los argumentos utilizados por ela quopara alejarse de la atribución causal exclusiva que dictamina la pericia médica entre el infarto y su actividad como médico de guardia se contradice con la prueba producida en el expediente, no se asienta en hechos debidamente acreditados en la causa, ni en motivos científicamente fundados.

      En definitiva, destaca que dicha atribución concausal resulta incompatible con las constancias objetivas de la litis y violatoria de doctrina de esta Corte que cita.

      II.2. Subsidiariamente, denuncia absurdo en el cálculo de la indemnización tarifada.

      Alega que ela quodebió "proporcionar la incapacidad y no la indemnización tarifada", considerando la situación psicofísica en que se encuentra el actor.

      Plantea que si el tribunal tuvo por acreditada una invalidez del 54,9%, debió efectuar el cálculo de la prestación conforme la fórmula que contempla el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557; liquidar la prestación adicional prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "a", y luego restarle la proporción que entendió no tenía causalidad con el trabajo prestado para la demandada, lo que hubiera llevado a una justa indemnización.

    3. El recurso no prospera.

      III.1.a. Tiene dicho esta Suprema Corte que establecer las características de las tareas desempeñadas por el trabajador, como también si existe relación causal o concausal entre éstas y la incapacidad que padece y, en general, analizar las cuestiones de hecho y apreciar el material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre el excepcional vicio de absurdo (cfr. causas L. 95.205, "M., sent. de 22-XII-2008; L. 95.659, "Feliciotti", sent. de 28-V-2010; L. 101.627, "., M.G., sent. de 22-VI-2011; L. 117.212, "R., sent. de 1-VII-2015 y L. 117.850, "A., sent. de 10-VI-2015).

      III.1.b. Bajo tales premisas, es posible anticipar que la crítica traída en el recurso luce inhábil para evidenciar que la solución adoptada por el sentenciante adolezca de la extrema y grave anomalía que se le imputa.

      Surge del pronunciamiento que ela quoevaluó la prueba producida y analizó su eficacia para formar su convicción en lo relativo a que no fue acreditado el nexo causal exclusivo entre la incapacidad que padece el actor y las condiciones de labor que denunció en la demanda respecto de las tareas prestadas para la accionada.

      En efecto, en el veredicto, manifestó que había quedado acreditado que el actor Río se había desempeñado bajo relación de dependencia como empleado público de la Provincia de Buenos Aires desde el mes de julio de 1990, cumpliendo funciones de profesional médico en la especialidad de Ortopedia y Traumatología, hasta 1993 en el Hospital San Roque de Gonnet y desde 1995 en el mismo servicio del Hospital de Niños ".M.L.. Sin embargo, en cuanto a la jornada laboral, juzgó que sólo se había demostrado que desde el año 1999 había laborado con un régimen de 36 horas semanales, comprensivo de una guardia de 24 horas y 12 horas de consultorio en diferente día, no teniendo por acreditado que en algún momento de su trayectoria cumpliera de dos a tres guardias semanales (v. vered., fs. 378/379).

      Asimismo, en orden a la atribución de causalidad directa y exclusiva a las tareas desempeñadas, decidió apartarse de lo dictaminado por el perito médico, en tanto -sostuvo- el profesional había ponderado diversas circunstancias y condiciones de trabajo que, no obstante ser denunciadas en la demanda, no habían sido acreditadas en el devenir del proceso, omitiendo considerar otras que sí lo fueron. Así, juzgó que había tenido por cierto que el actor cumplió guardias médicas de 24 horas con una frecuencia de dos y hasta tres días a la semana; que practicó medicina en especialidad de Traumatología en situaciones de urgencia durante veinticuatro años ininterrumpidos y que, además de su tarea en la guardia, realizaba interconsultas de otra sala, con poco descanso y alimentación inadecuada. A la par, sostuvo que la experta no tuvo en cuenta que el accionante desarrollaba contemporáneamente otras actividades, así, las de perito judicial y las vinculadas con su desempeño en el Club Estudiantes de La Plata (v. fs. 379 vta.).

      En función de todo ello, entendió razonable reconocer que las tareas habían contribuido al cuadro psicofísico incapacitante que padece el actor con una incidencia del 50% en la causación de la minusvalía.

      III.1.c. A partir de lo expuesto, el planteo...

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