El riesgo de que el Congreso se convierta en un aguantadero

La decisión de la Corte Suprema de habilitar en los hechos la candidatura del ex presidente Carlos Menem, quien aspira a renovar su mandato como senador nacional por La Rioja, abrió un debate inquietante: ¿se convertirá el Congreso en un aguantadero de la política?

Más allá de sus disquisiciones jurídicas, este fallo entraña un mensaje ciertamente tranquilizador hacia aquellos funcionarios o ex funcionarios públicos que, acorralados por la Justicia, busquen el amparo de los fueros legislativos para rehuir una pena de prisión. En efecto, los cinco jueces de la Corte sentenciaron que el criterio de idoneidad para ejercer un cargo público, exigencia que la Constitución nacional contempla en su artículo 16, sólo debe medirse bajo el parámetro del Código Penal. Únicamente una condena firme de la Justicia, enfatizó la Corte, puede impedir a un ciudadano postularse a un cargo público.

A partir de esta apreciación, el criterio de idoneidad se vuelve más laxo. En cambio, la Cámara Nacional Electoral, más estricta, sostuvo que basta una condena dictada por un tribunal competente, conforme a derecho y con todas las garantías del debido proceso legal, para determinar que un ciudadano no es idóneo para ser candidato. La Corte Suprema echó por tierra este criterio y habilitó en los hechos la candidatura de Menem por considerar que la condena que le aplicó la Cámara Federal de Casación de siete años de prisión y 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa del contrabando de armas a Ecuador y Croacia no está firme.

Más allá del debate jurídico -legítimo, por cierto- sobre la cuestión de si la condena debe estar firme o no para habilitar una candidatura, el verdadero problema son los tiempos: actualmente la Justicia se demora añares en llegar a una sentencia. Según un informe que elaboró el año pasado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el promedio de duración de una causa de corrupción en la Argentina es de 14 años, de las cuales sólo el siete por ciento arriba a una sentencia. La causa sobre contrabando de armas a Ecuador y Croacia, por ejemplo, ya lleva 20 años de investigación en la Justicia, lapso que podría incluso prolongarse porque la Corte dispuso aplicar la garantía del doble conforme y remitió el caso a otra sala de la Cámara Federal para un segundo pronunciamiento. Sólo entonces -difícil saber cuándo- el alto tribunal dictará una sentencia firme.

Con tanta burocracia judicial, Menem se aseguró su inmunidad...