Riachuelo: en tres años sólo mudaron al 0,32% de las personas de la ribera

Dos secretarios de Estado, 100.000 toneladas de basura recogidas de las márgenes, 258 resoluciones judiciales, $ 55.000 de multas a funcionarios y apenas el 0,32 por ciento de viviendas prometidas son algunas de las cifras que muestra el largamente demorado proceso de saneamiento del Riachuelo, ordenado por la Corte Suprema de Justicia hace tres años.Sobre los plazos establecidos en aquel fallo, cabe decir que están todos incumplidos. Y no es que falle el accionar de la Justicia -se celebraron más de 584 audiencias, se emitieron 2052 cédulas y la causa ya cuenta con 29.011 fojas-, pero la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) apenas comenzó a funcionar acabadamente hace un año.La gran deuda, además del saneamiento del río, claramente es la salud. Todavía hoy no se sabe cuál es el universo de enfermedades que hay en la cuenca por causa de la contaminación ni su distribución geográfica.En 2008, el máximo tribunal dispuso un plazo de 90 días para la confección de un mapa sociodemográfico que determine la población en situación de riesgo y, en un período posterior de 60 días, poner en marcha un programa sanitario para la población afectada.Tampoco se produjeron avances en la mudanza del Polo Petroquímico de Dock Sud, prometida desde 2004.A principios de este año, en enero, el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, anunció que se dispondrían 3173 millones de pesos para la construcción de 17.771 viviendas sociales para la Cuenca Matanza-Riachuelo. De ese universo, 2500 son viviendas en la Capital.Seis meses después de ese anuncio, se entregaron 58 casas: se mudaron 18 familias en Avellaneda; 10, en Lomas de Zamora, y 30, en el asentamiento Luján, en la ciudad de Buenos Aires. Todas estas mudanzas son las necesarias para dejar libre el camino de sirga, el espacio donde deben empezar las construcciones. Cabe recordar que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, que ejecuta el fallo de la Corte, estableció plazos definitivos para las mudanzas de todos los asentamientos, entre los que se encuentran las villas 21-24 y 26 de la Capital. El plazo es 2013.Por retrasar esa mudanza y haber permitido la ocupación de un complejo de viviendas, Armella multó con $ 35.000 a Cristina Camaño, secretaria de Seguridad de la Nación. La funcionaria apeló el fallo. Fuentes con acceso al expediente indicaron que hay muchas viviendas en...