Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 25 de Octubre de 2017, expediente L. 117683

PresidenteGenoud-Kogan-Pettigiani-Negri-de Lázzari
Fecha de Resolución25 de Octubre de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 25 de octubre de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresG., K., P., N.,de L., se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 117.683, ".B., L. contra Tubos Argentinos S.A. Despido".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro con asiento en dicha ciudad, admitió parcialmente la demanda interpuesta, imponiendo las costas a la demandada (v. sent., fs. 356/371).

Se dedujeron, por Tubos Argentinos S.A. y por la parte actora sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 386/411 y fs. 416/429 vta. respectivamente).

Conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código C.il y Comercial de la Nación (v. fs. 473), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Tubos Argentinos S.A. a fs. 386/411?

    En su caso:

  2. ) ¿Lo es el deducido por la parte actora a fs. 416/429 vta.?

    V O T A C I Ó N

    A la primera cuestión planteada, el señor J.d.G. dijo:

    1. El tribunal de origen, en lo que resulta de interés, hizo lugar a la acción promovida por L.R.B. contra la firma Tubos Argentinos S.A., en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido y las contempladas en los arts. 2 de la ley 25.323 y art. 16 de la ley 25.561 según lo establecido por la ley 25.972 y el decreto 2014/04.

      Para así decidir, en lo esencial, tras analizar la postura asumida por los litigantes en el intercambio telegráfico y los escritos constitutivos del proceso, como igualmente la prueba producida tuvo por demostrado que la demandada abonaba erróneamente la remuneración al actor durante los lapsos en que se hallaba en uso de licencia por enfermedad. Sobre esa base, juzgó que el importe de $604,77 ofrecido por aquélla en concepto de reajuste (que en realidad representaba para el trabajador $511,04), devino palmariamente insuficiente para reparar dicho yerro.

      En ese contexto, reputó transgredidos por la accionada las previsiones contenidas en los arts. 62, 63, 74 y 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, estimando configurados los recaudos del art. 242 de dicho ordenamiento, razón por la cual consideró que el despido indirecto dispuesto por el accionante resultó ajustado a derecho (v. sent., fs. 362 vta./364 vta.).

    2. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte demandada con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 386/411), en el que denuncia absurdo, arbitrariedad, la violación de los principios de congruencia y de defensa en juicio y de los arts. 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 18 de la C.itución nacional; 375 del Código Procesal C.il y Comercial; 62, 63, 74, 208, 242 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 505 del Código C.il (ley 340) y de la doctrina que cita.

      Expone los siguientes agravios:

      II.1. Se disconforma con la decisión de grado en cuanto juzgó legítima la denuncia del contrato de trabajo efectuada por el actor y, como correlato de ello, dispuso el progreso de las indemnizaciones derivadas del despido. Sobre el particular:

      II.1.a. Endilga al sentenciante la comisión de absurdo en la apreciación de la prueba y de las circunstancias de la causa, en el entendimiento que las valoró de modo contrario a lo que se infiere de las mismas, prescindiendo a la vez de elementos de significativa relevancia que conducirían a una solución opuesta a la arribada en el fallo.

      Cimenta la impugnación en un pormenorizado análisis de los escritos constitutivos del proceso, el intercambio telegráfico cursado entre las partes, la experticia contable y el alegato presentado por la actora, estimando comprobados los siguientes extremos:

      II.1.a.i. En lo tocante a las diferencias salariales -por un lado- aduce que el propio actor admitió en la demanda que las reclamadas por el lapso de treinta y cinco años se hallaban prescriptas, desistiendo luego de tal pedimento en oportunidad de presentar el alegato.

      De igual modo, también reconoció que las que se le adeudaban se le pagaron. Así, subraya que a fs. 102 vta. último párrafo de la demanda sostuvo que "la empresa le entregó a la escribana una liquidación de haberes por los mismos $604,77 que el actor había demandado en su oportunidad".Por ende, concluye que el pedimento fue satisfecho por su parte, quedando sin sustento la decisión rupturista.

      De todas formas, alega que a fs. 307 vta. y 308 el perito contador dio cuenta de la inexistencia de diferencia alguna, resultando errónea la afirmación del sentenciante relativa a que lo informado por aquél a fs. 226 no fue impugnado.

      Añade que ninguna probanza agregada a la causa comprueba la existencia de tales diferencias.

      II.1.a.ii. Respecto de la conducta desplegada por las partes en la fase previa y concomitante al distracto, como durante la sustanciación del proceso, afirma haber actuado en todo momento con buena fe, dado que ante la intimación de pago efectuada por el actor, inmediatamente reconoció la deuda y la puso a su disposición, depositándola luego en su cuenta bancaria.

      Agrega que del intercambio telegráfico surge que en ningún momento tuvo una actitud injuriante hacia el actor.

      Afirma que, tampoco, incurrió en las reticencias y ocultamiento atribuidos por el sentenciante. Sobre este tópico, alega que -contrariamente a lo apreciado en el fallo- no existe ninguna norma que le imponga conservar la documentación laboral por más de diez años.

      Distinto, señala, fue el comportamiento del accionante -soslayado por el juzgador- pues, en su opinión, prefabricó el despido diez días antes de que se iniciara el período de reserva del empleo, cuando ya estaba en conocimiento de que se hallaba incapacitado en el orden del 70% del índice de la total laboral, según se desprende de las pruebas agregadas a fs. 266/273.

      II.1.b. Denuncia erróneamente aplicada por el juzgador la doctrina legal de esta Corte, puesto que los precedentes citados en el fallo versan sobre supuestos fácticos disímiles de los que concurren en el caso.

      II.1.c. Aduce que el pronunciamiento transgrede el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio de su parte (art. 18, C.. nac.), ya que desconoce los reconocimientos efectuados por el actor en la demanda, y luego -haciendo mella de éste- (sic, fs. 407, pto. 5), pretende condenar a su parte.

      En ese sentido, afirma que en oportunidad de presentar el alegato, el actor recondujo la acción, eliminando de la discusión el objeto originario del reclamo (las supuestas diferencias salariales generadas desde el comienzo de la vinculación) y alegando que el mismo no es económico sino de índole moral.

      II.2. En otro orden, sostiene que al establecer las costas, el sentenciante de grado vulneró los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código C.il -texto según la ley 24.432- toda vez que -afirma- los porcentuales fijados en concepto de honorarios de los letrados de la parte actora (que totalizan un 20%) y el perito contador (4%), sumados los aportes respectivos y la tasa de justicia más la contribución sobre ésta, exceden el límite del 25% con relación al monto de la condena.

    3. El recurso no prospera.

      III.1. La crítica de la decisión de grado en cuanto juzgó legítimo el despido indirecto dispuesto por el actor no es de recibo.

      III.1.a. En el fallo de los hechos, el órgano de grado tuvo por acreditado que el accionante ingresó a trabajar bajo relación de dependencia de la demandada el día 8 de junio del año 1970 y que revistaba la categoría de Operario Especializado Múltiple (vered., 2ª cuest., fs. 356 vta.).

      En lo atinente a las circunstancias en que se produjo la extinción del vínculo, por conducto de la valoración de los despachos telegráficos cursados entre las partes, estimó demostrado que el día 4 de febrero de 2005 el trabajador denunció erróneos pagos por la empleadora de los salarios por enfermedad, accidente, vacaciones, feriados y otras licencias, debido a la supresión de diversos rubros, entre los que refirió la incidencia en el proporcional del premio por presentismo, el premio a la productividad, horas extras, las sumas otorgadas por decretos del Poder Ejecutivo Nacional y otras remuneraciones accesorias variables, intimando la re-liquidación y pago de las diferencias salariales adeudadas, bajo apercibimiento de considerarse despedido. Señaló que, con ciertos matices, el actor había reiterado tal intimación en fecha 14 de febrero -donde introdujo que se le adeudaban diferencias desde la fecha de ingreso- y los días 8 y 30 de marzo, 11 y 14 de abril y 13 de mayo del mismo año.

      Con relación a la demandada, observó que el 9 de febrero de 2005 dio respuesta al requerimiento del accionante, reconociendo haber incurrido en yerros en la liquidación de la remuneración por enfermedad y puso a su disposición en la sede de la empresa la diferencia operada a su favor. Observó que, a partir de allí, contestó cada una de las intimaciones remitidas por aquél, los días 15 de febrero, 9 y 31 de marzo, 12 de abril y 19 de abril de 2005.

      Apreció el juzgador que el intercambio epistolar abundaba en reproches entre ambas partes, dado que -por un lado- el dependiente consideraba insuficiente la suma liquidada en concepto de diferencias por la patronal, solicitando se le informase cómo se había calculado la suma que pretendía dársele en pago y, por el otro, la patronal defendía su postura indicando que el importe liquidado y abonado era correcto, no correspondiendo el pago de diferencias desde el inicio de la relación laboral.

      En ese marco -apuntó-, el día 23 de mayo de 2005 el actor se consideró injuriado y denunció el...

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