Retroceso en la lucha contra la corrupción

El en la Cámara de Diputados bonaerense hasta que perdió estado parlamentario. Es decir, quedó en la nada la obligación de los funcionarios provinciales y municipales de hacer públicas sus . En consecuencia, no se podrán conocer sus patrimonios ni la forma en la que llegaron a obtenerlos.

La decisión de los legisladores bonaerenses de dejar caer la posibilidad de contar con una ley de ética pública es otra muestra lamentable y al mismo tiempo elocuente de la falta de interés por combatir la corrupción en el Estado. Porque de eso se trata: de que los ciudadanos puedan acceder a esos datos para controlar que no se use la función pública para negocios personales de los funcionarios. Es un derecho que nos asiste a todos los ciudadanos, así como es deber de la Justicia llevar adelante las investigaciones que correspondan y sancionar a quienes han desviado el rumbo.

Como han quedado planteadas las cosas, en la provincia de Buenos Aires, los funcionarios que abandonen su cargo este año y los intendentes que no renueven mandato podrán irse sin rendir cuentas ni dar explicaciones sobre la evolución de sus bienes. Aun si algún legislador decidiera volver a presentar un proyecto para establecer esa obligación, es muy difícil que vea la luz en este período electoral en el que, se sabe, la actividad legislativa mengua considerablemente, por no decir que se paraliza.

Hoy son varias las voces de diputados bonaerenses que, procurando suavizar el hecho deliberado de haber hecho fracasar la ley, prometen volver a presentar proyectos en la materia. ¿Por qué habríamos de creer en las buenas intenciones de quienes pasaron más de un año sin reunirse para redactar un eventual despacho de comisión que hubiera habilitado el tema para ser debatido y modificado hasta convertirlo en ley?

Ciertamente, ese burdo e intencionado incumplimiento no es achacable solamente a los legisladores del mayor distrito del país. En el orden nacional, un decreto presidencial de septiembre de 2013 reglamentó la ley que obliga a los funcionarios a dar a conocer sus patrimonios, pero lo hizo restringiendo esa información, en lugar de ampliarla, como hubiera correspondido. Contrariamente a lo que se proclama desde los más variados atriles políticos, hoy se les permite mantener como información confidencial la vinculada con cónyuges, convivientes e hijos no emancipados, datos que forman parte de un anexo reservado de la declaración jurada de los funcionarios, al que sólo se puede acceder...