Responsabilidad Civil por daño ambiental ¿Tutela efectiva de los derechos de los dañados o simplemente un lirismo?

• Autor: Juan Espinoza Espinoza
• Cargo del Autor: Profesor de Derecho Civil en las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad de Lima y de la Universidad del Pacífico
• Páginas: 13-48

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO AMBIENTAL

¿TUTELA EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE LOS DAÑADOS

O SIMPLEMENTE UN LIRISMO?1

Por Juan Espinoza Espinoza2

Sumario: 1. Definición y alcances. 2. Los principios: a) Principio de

sostenibilidad (art. V); b) Principio de prevención (art. VI); c) Prin-

cipio precautorio (art. VII); d) Principio de internalización de costos

(art. VIII); e) Principio de responsabilidad ambiental (art. IX); f)

Principio de equidad (art. X); g) Principio de gobernanza ambiental

(art. XI). 3. Protección constitucional del medio ambiente. 4. Las

responsabilidades formales. 5. El caso. 6. La transacción entendida

por nuestros jueces: La controversial sentencia del Pleno Casatorio

Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del 22 de

febrero de 2008 (Casación Nº 1465-2007-Cajamarca)

1. DEFINICIÓN Y ALCANCES

Antes de referirme a la responsabilidad civil por daño ambiental, es

imperativo emplear algunas líneas para delimitar los alcances del bien

jurídico tutelado: el ambiente o medio ambiente. A veces se cree que

éste sólo está compuesto por elementos de la naturaleza, sin la inter-

vención del hombre. Ello no es así: ambiente o hábitat natural es “aque-

1 Este artículo es el resultado de la investigación realizada con el auspicio del

Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima.

2 Profesor de Derecho Civil en las Facultades de Derecho de la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, de

la Universidad de Lima y de la Universidad del Pacífico. Presidente del Tri-

bunal de Solución de Controversias del Organismo Supervisor de la Inversión

en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN.

JUAN ESPINOZA ESPINOZA14

llo que la naturaleza (cosa-madre) ha producido y produce, con concur-

so o no, de la mano del hombre […]. De tal manera, cualquier obra o

intervención humana se traduciría en obras o intervenciones “natura-

les” porque se insertan en el recorrido ya trazado por un ambiente en-

contrado y no alterado; pero progresivamente enriquecido por valores

históricos y culturales, en el cual el hombre (“centro” del sistema

ecológico, pero también destinatario de las respuestas de un hábitat así

requerido) garantizaría su sobrevivencia y desarrollo de su propia per-

sonalidad”3. No en balde el art. IV Título Preliminar de la Ley General

del Ambiente (LGA), Nº 28611, del 13 de octubre de 2005, establece que:

“Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante

las entidades administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y

de sus componentes, velando por la debida protección de la salud de las

personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad

biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como

la conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos”.

Así, “el ambiente es un valor en conjunto, tiene un sustrato material,

pero, considerado en sí mismo, es un valor”4. Ya en otra sede, partiendo de

la definición de orden público (entendido como el conjunto de principios

jurídicos, económicos, morales, políticos y que diversa índole que son los

pilares de la estructura y del funcionamiento de la sociedad) se había hecho

la distinción entre orden público estático (una suerte de muro de conten-

ción frente a la autonomía privada) y orden público dinámico (las condicio-

nes que necesitan los ciudadanos para desarrollarse plenamente)5. En este

orden de ideas, se justifica plenamente, “la emergencia de un orden público

nuevo que tiene por fin la protección ambiental”6. Por ello, el Estado se

encuentra en la obligación de remover los obstáculos que colisionen con

ello. Así, en el art. I del T.P. LGA, se entiende que:

3 Lina BIGLIAZZI GERI, Rapporti Giuridici e Dinamiche Sociali. Principi, norme,

interessi emergenti. Scritti Giuridici, Giuffrè, Milano, 1998, 1150.

4 Guido ALPA, Responsabilità civile e danno. Lineamenti e questioni, Il Mulino, Bologna,

1991, 345 en español en Responsabilidad civil y daño. Lineamientos y cuestiones,

traducción a cura de Juan ESPINOZA ESPINOZA, Gaceta Jurídica, 2001, p. 387.

5 Juan ESPINOZA ESPINOZA, Los principios contenidos en el Título Preliminar del

Código Civil Peruano de 1984. Análisis doctrinario, legislativo y jurispruden-

cial, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Segunda

Edición, Lima, 2005, p. 263.

6 Jorge BUSTAMANTE ALSINA, Teoría General de la Responsabilidad Civil, nove-

na edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, 663.

15RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO AMBIENTAL

“Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y

el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el

ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la

salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación

de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recur-

sos naturales y el desarrollo sostenible del país”.

Por ello, el bien jurídico atacado es “el medio ambiente en sus factores

ecológicos y culturales. El interés jurídico es la calidad de vida in genere:

es decir, considerada colectivamente, sin que deje por ello de ser un interés

difuso”7. En una experiencia jurídica como la brasileña, por ejemplo, se

utiliza como mecanismo de protección la acción civil pública, la cual es

“de naturaleza conminatoria, teniendo por objeto una pretensión fijando

una obligación de hacer o de no hacer, que recomponga in specie la lesión

al interés metaindividual violado, so pena de ejecución por un tercero, a su

costo, o de conminación a una multa diaria por el retraso en el cumpli-

miento de lo ordenado. El interés objetivado puede referirse al medio am-

biente, a los consumidores o al patrimonio público del país lato sensu”8.

Autorizada doctrina argentina advierte que daño ambiental “es una

expresión ambivalente, pues designa no solamente el daño que recae en

el patrimonio ambiental que es común a una colectividad, sino que se

refiere también al daño que el medio ambiente ocasiona de rebote (par

ricochet) a los intereses legítimos de una persona determinada”9. Este

tipo de daño afecta directamente al medio ambiente e indirectamente a las

personas individualmente consideradas, en su salud o en su patrimonio10.

Hablar del daño ambiental, forzosamente implica pronunciarnos acerca de

los intereses difusos. En efecto, estos intereses “ocupan una posición en sí

misma y asumen relevancia jurídica donde se concede tutela incluso a posi-

ciones que no encuadran estrictamente en el ámbito del derecho subjetivo”11.

7 Jorge BUSTAMANTE ALSINA, op. cit.

8 Rodolfo DE CAMARGO MANCUSO, Açao Civil Pública en defesa do Meio Ambiente, do

Patrimônio Cultural e dos Consumidores. Lei 7.347/85 e legislação complemen-

tar, novena edición revisada y actualizada, Editora Revista dos Tribunais, São

Paulo, 2004, p. 46.

9 Jorge BUSTAMANTE ALSINA, op. cit., 661.

10 En este sentido también Henry CARHUATOCTO SANDOVAL, La responsabilidad por

daño ambiental aplicada al Perú, en Ius Doctrina & Práctica, No. 4, Grijley, Lima,

2007, p. 193.

11 Patrizia PETRELLI, Interessi collettivi e responsabilità civile, CEDAM, Padova,

2003, p. 11.