Responsabilidad Extracontractual

• Páginas: 135-205
• Autor: Carlos Ignacio Viramonte,Ariel A. Germán Macagno,Magdalena Allende De Cardona

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

I. MUERTE DE PROGENITOR

1) Responsabilidad de la concesionaria de peaje - obligación

de seguridad - mancha de gasoil en la ruta concesionada que

provoca un accidente de tránsito - muerte de persona de 73 años

- reclaman daño moral la cónyuge y los hijos (adultos) - monto

indemnizatorio: para la esposa: $ 25.000; para los hijos: $ 10.000

a cada uno (Ferreyra, Pura Esmeralda y otros c/Red Vial

Centro S.A. y otro - ordinario - daños y perjuicios - otras formas

de responsabilidad extracontractual, Cámara 3ª en lo Civil y

Comercial, sentencia N° 145 del 06/09/05).

I - El contrato de concesión de obras y servicios públicos es un

contrato de derecho público de características peculiares, que se cele-

bra entre un particular (el concesionario) y el Estado en ejercicio de su

auctoritas, con la finalidad de dar satisfacción a un interés público

y, precisamente por esa razón, tiene la particularidad de generar

derechos y obligaciones respecto de otros sujetos que no intervienen

en su celebración. En el caso los usuarios, aún sin haber concurrido

a la celebración del contrato, son parte del típico vínculo jurídico

nacido del contrato de concesión (concedente, concesionario y usua-

rios) y, por tanto quedan obligados en virtud de él (por ejemplo, el pago

del peaje por utilización de la vía pública, el cumplimiento de los de-

beres que fija el reglamento, etc.) y a la vez adquieren derechos (por

ejemplo, a reclamar por deficiencias en la calidad del servicio y a ser

indemnizados por los daños que sufran como consecuencia de ellas).

II - Tratándose, como en el caso de autos, de la concesión de un ca-

mino, toda persona que concreta el hecho material de acceder al tra-

mo otorgado en concesión, haya pagado el peaje o no (por ejemplo,

SEGUNDA PARTE

Síntesis de jurisprudencia

136 CARLOS IGNACIO VIRAMONTE (COORD.)

porque todavía no ha pasado por la casilla de peaje, o porque utiliza

sólo un tramo de la ruta en el que no existe el puesto de cobro), ad-

quiere la condición de usuario, con todos los derechos y deberes que

le son inherentes.

III - El incumplimiento por parte del concesionario a las obligacio-

nes nacidas del contrato de concesión constituye una conducta anti-

jurídica susceptible de ser invocada por el usuario que ha sufrido un

daño a causa de ella, como presupuesto de la responsabilidad de aquél.

IV - Del análisis de la documentación contractual que no es res

inter alios acta para los usuarios, surge claramente que el concesio-

nario ha asumido un deber de seguridad respecto de éstos. Resulta

inadmisible la interpretación restrictiva de sus obligaciones que pre-

tende hacer valer la apelante según la cual, al no haberse consignado

de manera explícita que debe evitar la existencia de manchas de acei-

te o gasoil en la calzada no pesa sobre ella ese deber.

V - En efecto, las tareas de mantenimiento del tránsito, uno de los

objetos principales del contrato incluyen la de suprimir las causas

que originen peligrosidad para los usuarios del camino, a fin de

facilitar la circulación (Pliego de Condiciones Particulares para la

Concesión de Obras Viales y de Precalificación, Título II, art. 6.1 y

art. 24 del Reglamento de Explotación). Por otra parte, tal criterio res-

trictivo no se compadece con la norma general que impone el art. 23

de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, que dispone que “cuando

la seguridad y/o fluidez de la circulación estén comprometidos por

situaciones u obstáculos anormales, los organismos con facultades

sobre la vía deben actuar de inmediato según su función advirtien-

do del riesgo a los usuarios”. Dicha disposición es reiterada luego por

el art. 59 de la misma ley que agrega que “la autoridad presente debe

remover el obstáculo sin dilación, por sí sola o con la colaboración del

responsable si lo hubiera y estuviere en posibilidad de hacerlo”.

VI - Colocándonos desde la postura del usuario luce justificado

entender que existe un deber de seguridad, desde que el acceso a un

camino sometido al régimen de concesión por peaje confiere natural-

mente una expectativa respecto de las condiciones de seguridad y es-

tado de conservación del mismo que supera las de otro camino librado

al uso público gratuito. En efecto, si el Estado mantiene con un de-

terminado nivel de calidad las rutas en general, utilizando para ello

los ingresos provenientes del tesoro y sin percibir del usuario un

pago adicional, tratándose de una ruta sometida a un régimen espe-

132 CARLOS IGNACIO VIRAMONTE (COORD.)

puesto en el art. 1078 del Código Civil. No se trata de una cues-

tión que carezca de entidad o de una simple molestia, como

afirmó la juez a quo, sino de un cierto e inequívoco desmedro es-

piritual, producido al actor como consumidor, quien por el in-

debido actuar de la demandada ha tenido que soportar el hecho

ilícito y diversas molestias derivadas de ello, lo que lo llevó a

efectuar la denuncia ante los organismos administrativos per-

tinentes, con el consecuente desgaste de tiempo, molestias y

aflicciones personales y espirituales que ello implica.

El rubro daño moral se fijó en la suma de quinientos pesos

($ 500), suma que se estimó satisface adecuadamente el daño pro-

ducido.

Sin duda, un fallo aleccionador.

LA CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL EN LA JURISPRUDENCIA... 137

cial y para cuyo mantenimiento se paga un plus (sin entrar a hacer

disquisiciones respecto de si se trata de un precio o un tributo), ade-

más de los tributos generales con los que se conforma el tesoro, es

lógico suponer que ese plus habrá de tener su correlato en un plus

en la calidad de la conservación y el mantenimiento, es decir en las

condiciones de seguridad en general. Resulta legítimo, y conforme

al principio de buena fe, considerar existente una obligación de se-

guridad o garantía, asumida expresa o tácitamente por las partes en

el contrato y exigible por el usuario.

VII - El derecho del usuario a la protección de su seguridad tiene

jerarquía constitucional y el art. 42 de la Constitución Nacional im-

pone a las autoridades el deber de proveer a la protección de ese de-

recho. El referido mandato constitucional, en el caso que nos ocupa,

ha de entenderse dirigido en primer término y de manera inmedia-

ta a la autoridad administrativa con competencia en materia vial,

pero la delegación ínsita en el contrato de concesión ha trasladado al

concesionario el cumplimiento de las acciones necesarias y conve-

nientes para darle satisfacción a aquél.

VIII - Una vez acordada la existencia de una obligación de segu-

ridad o garantía del concesionario para con el usuario —ya sea sur-

gida de un contrato o implícita, de carácter general, extracontractual,

(posición que también encuentra apoyo en la doctrina: ZAVALA DE

GONZÁLEZ, Resarcimiento de daños, t. 4: Presupuestos y funciones del

derecho de daños)—, no puede menos que concluirse que el factor de

atribución de responsabilidad en estos casos es de tipo objetivo, en

virtud de lo dispuesto por el art. 40 de la ley 24.240, cuyo texto cobra

vigencia a partir de la ley 24.999.

IX - La existencia de una mancha de gasoil en el camino, sobre la

calzada y en una curva cerrada, constituye, sin lugar a dudas, una

“causa que origina […] peligrosidad para los usuarios” (art. 6.1 del

Título II, base 10ª del Pliego de Condiciones Particulares) y, por tanto,

era deber del concesionario suprimirla y debía hacerlo “de inmedia-

to” (arts. 23 y 59 de la ley 24.449), máxime teniendo en cuenta que

estaba contractualmente obligado a adoptar las medidas necesarias

para que todos los servicios inherentes a la operación de las obras se

presten “en forma ininterrumpida y con un elevado nivel de eficien-

cia” (art. 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

X - La sola existencia de la mancha de aceite en ese lugar confi-

gura objetivamente una deficiencia o vicio en la prestación del ser-