La responsabilidad civil de martilleros y corredores

Autor:Félix A. Trigo Represas
Páginas:11-32
RESUMEN

I. Introducción. II. Intrascendencia en punto a responsabilidad civil, sobre si son comerciantes o auxiliares de comercio. III. Responsabilidad en principio contractual. IV. Presupuestos de la responsabilidad civil. V. El daño causado. VI. La antijuridicidad. VII. Nexo causal. VIII. Factor de atribución.

 
ÍNDICE
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I Introducción

Como se trata de un supuesto encuadrable dentro de la responsabilidad civil profesional, anticipamos que la misma no constituye más que un mero capítulo dentro del vasto espectro de la responsabilidad civil en general1 .

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Responder significa dar cada uno cuenta de sus actos2 , y responder civilmente lato sensu es el deber de resarcir los daños ocasionados a otros por una conducta lesiva antijurídica o contraria a derecho3 ; de manera que ser civilmente responsable significa estar obligado a reparar, por medio de una indemnización, el perjuicio provocado a otras personas4 , lo que constituye en definitiva la forma de dar cuenta del daño que se ha causado a otro contra “ ius5 .

A su turno, la responsabilidad civil profesional es aquella en la que pueden incurrir quienes ejercen una determinada profesión, al faltar a los deberes específicos que la misma les impone; es decir, en suma, la que deriva de una infracción típica de ciertos deberes propios de la actividad profesional de que se trate6 , ya que es obvio que quien se desempeña en una profesión debe poseer los correspondientes conocimientos teóricos y prácticos, y obrar diligente y prudentemente con ajuste a las reglas y métodos pertinentes7 . Ergo, en lo primordial, nada hay en la responsabilidad profesional que difiera de los principios básicos de la responsabili-Page 13 dad civil en general8 , sin perjuicio de las particularidades propias o matices diferenciales que en cada supuesto concreto puedan presentarse; tal como lo destacara Chironi a fines del siglo pasado, al expresar que “ni para la impericia, ni para los errores profesionales, se deben establecer teorías especiales […], no son modos especiales de culpa, sino que entran en los conceptos fijados en materia de comportamiento ilícito”9 .

Cuando se trata de martilleros y corredores, puede recordarse como premisa lo que señalaba Mosset Iturraspe al decir que “No es admisible que la intermediación apunte exclusivamente al cobro de la comisión, desentendiéndose de los deberes de lealtad, probidad, cuidado y previsión, que el artículo 1198 (del Código Civil) impone para la contratación y, por ende, a los sujetos que en ella intervienen, cualquiera sea su rol”10 .

La responsabilidad de los corredores aparece específicamente contemplada en alguna de las propias disposiciones del Código de Comercio. Así, en su art. 96 se les impone el deber de asegurarse “de la identidad de las personas entre quienes se tratan los nego-Page 14cios en que intervienen, y de su capacidad legal para celebrarlos”11 , disponiéndose a continuación que “si a sabiendas o por ignorancia culpable intervinieren en un contrato hecho por personas que según la ley no podían hacerlo, responderán de los perjuicios que se sigan por efecto directo e inmediato de la capacidad del contratante”; en el art. 98 se los obliga a proponer “los negocios con exactitud, precisión y claridad”, y a abstenerse de formular suposiciones que puedan “inducir en error a los contratantes”12 , ya que si de tal forma “indujeren a un comerciante a consentir en un contrato perjudicial, serán responsables del daño que le hayan causado”; en el art. 100 se establece el deber del secreto profesional sobre “todo lo que concierna a las negociaciones que se les encarguen, bajo la más estrecha responsabilidad de los perjuicios que se siguieren por no hacerlo así”13 ; y, en fin, en el art. 109 se contempla que quedarán obligados “a la indemnización de perjuicios”, si sus “libros fuesen hallados sin las formalidades especificadas en el art. 93, o con falta de declaración de alguna de las circunstancias mencionadas en los arts. 91 y 92”14 .

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En lo que atañe a los martilleros, el principio rector en materia de responsabilidad se encuentra en el art. 22 del decreto- ley 20.266/ 73, que dice: “El martillero por cuya culpa se suspendiere o anulare un remate, perderá su derecho a cobrar la comisión y a que se le reintegren los gastos, y responderá por los daños y perjuicios ocasionados”; aunque asimismo es dable suponer situaciones que sin llegar a la suspensión o anulación del remate, permitan igualmente atribuir responsabilidad al martillero, como por ejemplo si medió insuficiente o defectuosa publicidad de la subasta15 . Coincidentemente, en el art. 3º, inc. d, del citado decreto-ley, en su actual redacción según ley 25.028, se exige como un requisito para la inscripción en la matrícula de martillero, la constitución de “una garantía real o personal y a la orden del organismo que tiene a su cargo el control de la matrícula, cuya clase y monto serán determinados por éste con carácter general”, previéndose además en su art. 6º que la misma “es inembargable y responderá exclusivamente al pago de los daños y perjuicios que causare la actividad del matriculado, al de las sumas de que fuere declarado responsable y al de las multas que se le aplicaren, debiendo en tales supuestos el interesado proceder a la reposición inmediata de la garantía, bajo apercibimiento de suspensión de la matrícula”.

Asimismo, aparecen normas sobre responsabilidad civil en algunas leyes especiales, como sucede con la ley 11.867 sobre transferencia de fondos de comercio. En efecto, en su art. 11 existe un principio genérico, abarcativo de todas las obligaciones y recaudos a cumplirse en las transferencias de fondos de comercio, las que van desde su previo anuncio mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial y en uno o más diarios del lugar en que funcione el establecimiento (art. 2º), hasta la instrumentación del contrato escrito de venta (arts. 7º y 8º), la cual establece que “Las omisiones o transgresiones a lo establecido en esta ley, harán responsablesPage 16solidariamente al comprador, vendedor, martillero o escribano que las hubieran cometido por el importe de los créditos que resulten impagos, como consecuencia de aquéllas y hasta el monto del precio de lo vendido”; habiéndose resuelto en consecuencia, que el intermediario debe publicar edictos (art. 2º), retener fondos (art. 4º), depositarlos (art. 5º), gestionar certificados a los fines de la instrumentación del acto (art. 7º)16 ; suministrar al comprador la lista de los acreedores prevista en los arts. 4º y 8º17 ; y que habrá de responder solidariamente con el comprador y vendedor del fondo de comercio, si la transferencia se llevó a cabo antes del vencimiento de tales edictos, con la sola manifestación del comprador de hacerse cargo del activo y pasivo18 . A su turno, el art. 10 se refiere específicamente a las ventas en remate público, estableciendo un procedimiento, con deberes para el martillero, del cual éste no se puede apartar, so pena de quedar igualmente obligado en forma solidaria con el vendedor, frente a los acreedores del mismo.

Pero es obvio que, aun en ausencia de tales previsiones, su responsabilidad existiría igualmente de todas formas, por aplicación de los principios generales del Código Civil —sobre el resarcimiento de daños—, tanto en materia de incumplimiento contractual (arts. 505, inc. 3; 506, 511, 512, 519 a 522 y concordantes; como de responsabilidad por hechos ilícitos: arts. 1066 a 1069, 1072 a 1079, 1081, 1083, 1107, 1109, 1113 y siguientes y concordantes).

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II Intrascendencia en punto a responsabilidad civil, sobre si son comerciantes o auxiliares de comercio

En esta materia está muy controvertido, si el martillero “en función” es comerciante, según resultaría de la combinación de los arts. y 8º, inc. 3 del Código de Comercio, tal como sostienen: Fargosi, Fontanarrosa, Isaac Halperin, Pessagno, José Ignacio Romero, Marcos Satanowsky, Segovia, Siburu, etc.; o si es un mero auxiliar de comercio, como lo ubica claramente el art. 87, inc. 2 del mismo Código, y lo afirman entre otros, Raúl Aníbal Etcheverry, Raymundo L. Fernández, Mezzera Álvarez, Perrotta y Zavala Rodríguez, como así un pronunciamiento de la Sala A de la Cámara Nacional en lo Civil, del 21 de mayo de 199619 , y otro de la Suprema Corte de Buenos Aires, del 22 de mayo de 198420 ; siendo también nuestro parecer21 .

Pero esta cuestión, sin duda importante, carece sin embargo de real trascendencia en relación con la “responsabilidad civil” en que puedan incurrir los mismos, razón por la cual prescindiremos de incursionar en dicha problemática.

Desde otro punto de vista y a mayor abundamiento, a partir de la sanción de la ley 25.028, modificatoria del decreto-ley 20.266/73, que introduce entre los requisitos condicionantes para el desempeño como martilleros o corredores, el de “poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y las que al efecto se dicten” (arts. 1º, inc. b, y 3º, inc. a, y arts. 32, inc. b, y 33, inc. b, respectivamente), resulta ya indiscutible que aquéllos revisten la calidad de “profe-Page 18sionales”, aun dentro de la concepción tradicional más restringida que reserva tal caracterización a quienes posean un título universitario que avale el nivel técnico y de sabiduría con que se desempeñan en su específica actividad, preferentemente intelectual, cuyo ejercicio está simultáneamente vedado a quienes no tienen el respectivo título habilitante22 , siendo su responsabilidad civil, por lo tanto, igualmente “profesional”.

III Responsabilidad en principio contractual

Como en nuestro derecho positivo existen dos regímenes distintos de responsabilidad civil (contractual y extracontractual), con diferencias prácticas importantes en cuanto a la extensión del resarcimiento y el plazo para la prescripción de las respectivas acciones indemnizatorias, resulta ante todo fundamental tratar...

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