Resolución Nº 38/2012

Emisor:Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca
Fecha de la disposición: 3 de Febrero de 2012
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Bs. As., 3/2/2012

VISTO el Expediente Nº S01:0013713/2011 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, el Decreto Nº 1585 del 19 de diciembre de 1996 sustituido por su similar Nº 825 del 10 de junio de 2010, las Resoluciones Nros. 488 del 4 de junio de 2002 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCION, 114 del 9 de noviembre de 2004 de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION, y

CONSIDERANDO:

Que la preservación de las condiciones sanitarias de la REPUBLICA ARGENTINA hace necesaria la adopción de criterios epidemiológicos y medidas de vigilancia y control que tiendan a la máxima prevención y profilaxis para evitar la difusión de plagas y enfermedades, debiéndose actuar de forma inmediata ante la presencia o sospecha de éstas.

Que en consecuencia, para salvaguardar la sanidad animal, vegetal, la salud humana y la calidad agroalimentaria resulta necesario que, ante la constatación de situaciones o de riesgo comprobado o presunto o de presuntas transgresiones a las normas legales vigentes, se adopten medidas sanitarias de carácter preventivo consistentes en interdicciones, clausuras, o decomisos, entre otras.

Que la comprobación de situaciones como las descriptas precedentemente atentan contra valores de seguridad, sanidad y calidad agroalimentaria en desmedro de quienes contribuyen al sostenimiento de un sistema agroalimentario sustentable.

Que en este contexto, resulta de fundamental importancia el control estricto de la producción, elaboración, comercialización y tránsito de animales, productos, subproductos y derivados de origen animal, vegetales, alimentos para consumo humano, aditivos y conexos, productos farmacológicos y veterinarios, alimentos para animales, agroquímicos, fertilizantes y enmiendas.

Que la normativa aplicable en materia sanitaria animal y vegetal establece la obligatoriedad de que toda persona física o jurídica que desarrolle alguna de dichas actividades lo haga amparada permanentemente en los recaudos y obligaciones previstas en la misma.

Que a tales efectos, los informes producidos por la Unidad de Auditoría Interna del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, en cumplimento de las previsiones contenidas en la Resolución Nº 114 del 9 de noviembre de 2004 de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION, expresan la necesidad de la conformación de un Manual de Procedimientos en materia de Infracciones a aplicarse en el citado Servicio Nacional, a fin de ordenar el procedimiento de instrucción de las mismas en todo el ámbito de aplicación de las normas de su jurisdicción.

Que dicha necesidad se ve reflejada en el sostenido fortalecimiento del proceso de regionalización del citado Servicio Nacional, instrumentado por Decreto Nº 825 de fecha 10 de junio de 2010 en el que se afianza la constitución de delegaciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos en los distintos Centros Regionales.

Que la consolidación de dichas Delegaciones ha constituido un importante grado de avance en el fortalecimiento y apoyo a las áreas técnicas para que con la inmediatez en el asesoramiento jurídico puedan lograr sus objetivos con mayor precisión, eficacia y eficiencia.

Que de la misma manera, la delegación de la instrucción sumarial de las infracciones en los abogados de la citada Dirección de Asuntos Jurídicos del mencionado Servicio Nacional que se desempeñan en el interior del país permite acelerar los procesos y los tiempos para encausar los trámites por infracciones, lográndose así una mayor rapidez en el asesoramiento, asistencia y apoyo sustantivo a los técnicos y profesionales actuantes en el cumplimiento de las normas de sanidad y calidad agroalimentaria.

Que en razón de lo expuesto y atendiendo a la variedad de criterios en virtud de la diversidad productiva, cultural, geográfica y temática que presenta a lo largo y a lo ancho la extensión territorial de la REPUBLICA ARGENTINA se hace necesario establecer un marco adecuado para unificar criterios procesales comunes dentro de la diversidad aludida.

Que sobre esa base, resulta primordial establecer procedimientos que tomen operativo el cumplimiento de las normas emanadas del citado Servicio Nacional mediante la elaboración de un Manual de Procedimientos de Infracciones que encuadre una interacción obligada entre las áreas técnicas y jurídicas a fin de alcanzar rápidamente los objetivos sanitarios y de calidad perseguidos.

Que la Unidad de Auditoría Interna del citado Servicio Nacional, ha tomado la intervención prevista en el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y Control de Gestión Nº 24.156 aprobado por el Decreto Nº 1344 del 4 de octubre de 2007, habiéndose expedido favorablemente respecto de la medida propiciada.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas al suscripto por el artículo 8º, inciso m), del Decreto Nº 1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar Nº 825 del 10 de junio de 2010 y conforme con lo establecido por la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios.

Por ello,

EL MINISTRO

DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

RESUELVE:

ARTICULO 1º

— Apruébase el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2º

— Establécese que todos los agentes del mencionado Servicio Nacional se encuentran facultados, dentro del ámbito de su competencia, para intervenir en el cumplimiento de las medidas que sean de aplicación por parte de dicho Organismo. También están facultados aquellos agentes de entidades públicas o privadas que por delegación de funciones tengan a su cargo el cumplimiento de funciones emanadas del mismo.

ARTICULO 3º

— En todo procedimiento de fiscalización en el que actúe el mencionado Servicio Nacional como autoridad de aplicación, en función de las incumbencias y responsabilidades específicas que le asignan las normas legales vigentes, los funcionarios actuantes están facultados para:

  1. Proceder a la aplicación de interdicciones y/o clausuras en forma preventiva, sobre establecimientos y/o cualquier elemento relacionado con una situación comprobada o presunta de riesgo para la sanidad animal y vegetal, para la salud humana, la calidad agroalimentaria y/o una presunta transgresión a la normativa vigente, dentro del ámbito de competencia del mencionado Organismo. El funcionario actuante debe dar intervención inmediata a su superior y al área técnica competente.

  2. Verificada la existencia de una cosa que por acción u omisión del sujeto responsable de la misma pudiere resultar objeto de una infracción a las normas legales referidas, se puede proceder a su interdicción, y en su caso, al decomiso inmediato de la cosa conforme con la normativa vigente.

  3. Tratándose de tránsito de cosas sin el amparo sanitario correspondiente, no puede justificarse su procedencia y estado sanitario con documentación presentada con posterioridad al labrado de las actuaciones.

ARTICULO 4º

— El término de la restricción establecida por las medidas dispuestas no puede exceder los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de su notificación, pudiendo prorrogarse por otro término igual, menor o mayor en caso que la autoridad sanitaria del área competente entienda que existen razones para ello. Por razones fundadas y previa justificación el plazo puede extenderse mediante el dictado del acto administrativo pertinente por un término máximo de NOVENTA (90) días corridos renovables.

ARTICULO 5º

— El funcionario responsable del procedimiento debe designar el destino que se dará al objeto de la intervención, para que éste sea depositado en los términos y con los alcances fijados en el artículo 216 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación.

ARTICULO 6º

— Cuando el objeto de la intervención constituya o pueda presumirse que constituye un riesgo para la salud pública, sanidad animal o vegetal o calidad agroalimentaria puede procederse al decomiso inmediato de la misma. En este caso, la interdicción y/o clausura puede extenderse a todos aquellos objetos o cosas que puedan haber tenido contacto con el objeto decomisado, y a todo tipo de establecimiento, ya sea agropecuario, industrializador o depósito, o medio de transporte público o privado.

ARTICULO 7º

— En caso que se proceda al decomiso de una cosa, los funcionarios intervinientes dispondrán, previa intervención de su superior o de la Dirección de Asuntos Jurídicos o de la Dirección competente en razón de la materia, el destino...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA