Resolución N° 321-MJYSGC/18

• Emisor: Ministerio de Justicia y Seguridad
• Fecha de la disposición: 5 de Abril de 2018

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“2018 - AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD"

RESOLUCIÓN N.° 321/MJYSGC/18

Buenos Aires, 23 de marzo de 2018

VISTO:

La Ley N° 5.688 -Clausula Transitoria Tercera-, la Ley de Procedimientos

Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto de

Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97 (Texto consolidado según Ley N° 5.666) -

artículo 107-, la Resolución N° 966/MJYSGC/2017 y los Expedientes N °

05937784/JPCDAD/2017 y N° 05259728/DGTALMJYS/2018, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Expediente N° 05259728/DGTALMJYS/2018, tramita la presentación

hecha por el Sr. José Andrés Palacio (DNI N°18.449.919), contra la Resolución N°

966/MJYSGC/2017, que dispuso su Retiro voluntario de la Policía de la Ciudad,

fundamentada en la impugnación que realizara en el ámbito judicial contra el

"Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de

Facultades y Funciones de Seguridad en todas las Materias no Federales Ejercidas en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";

Que, mediante la presentación efectuada en el orden 2 del citado Expediente N°

05937784/JPCDAD/2017, el interesado solicitó el Retiro Voluntario, el que le fuera

otorgado a partir del 1° de enero de 2018 mediante la Resolución que ahora recurre.

Que, como ha quedado plasmado en el escrito recursivo, el agravio se sustenta en la

oposición al Convenio de Traspaso mencionado, mas no se vislumbra un agravio en

concreto contra la Resolución N° 966/MJYSGC/2017, la cual ha sido dictada conforme

a derecho, de acuerdo a la normativa aplicable al momento de los hechos;

Que, al respecto, corresponde poner de relieve que “La doctrina del acto propio

importa una limitación o restricción al ejercicio de una pretensión. Se trata de un

impedimento de 'hacer valer el derecho que en otro caso podría ejercitar'. Lo obstativo

se apoya en la ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la que le precede. La

ilicitud reposa en el hecho que la conducta incoherente contraría el ordenamiento

jurídico considerado éste inescindiblemente, noción aplicable en el ámbito

extracontractual o contractual -y también y fundamentalmente, dentro del proceso

judicialy que conlleva como sanción la declaración de inadmisibilidad de la pretensión

de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada,

jurídicamente relevante y plenamente eficaz.“ (Stiglitz, Rubén S., “La doctrina del acto

propio“, L.L. 1984-A, 865, La Ley Online AR/DOC/15486/2001);

Que, si el recurrente entiende que la normativa aplicada a su caso afecta alguno de

sus derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la instancia

adecuada para obtener una decisión que así lo declare. Adviértase que la Constitución

Nacional atribuye a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores del Estado Federal,

el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por

la misma Constitución;

Que, corresponde además al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión

de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la Ciudad

de Buenos Aires, conforme lo establecido en su artículo 106;

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 5347 - 05/04/2018