Resolución General N° 12

• Emisor: Ente regulador de los servicios públicos
• Fecha de la disposición: 15 de Abril de 2015

Primera Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCIV - Nº 73 CÓRDOBA, 21 de abril de 20154

tarifas debe ser cuidadosamente fundado y concebido con criterio restrictivo.

Por lo expuesto, voto en contra de la modificación de los valores tarifarios promovidos por los

prestadores arriba referenciados.

Así voto.

Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los arts. 21 y siguientes de

la Ley Nro. 8835 – Carta del Ciudadano, y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de

Agua y Saneamiento bajo el Nro 056/2015, el Honorable Directorio del ENTE REGULADOR DE

LOS SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP) por mayoría (Voto del Presidente Dr. Mario Agenor BLANCO

y de los Directores: Mariana Alicia CASERIO, José Carlos ARÉVALO, Juan Pablo QUINTEROS y

Walter SCAVINO):

R E S U E L V E:

Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación del cuadro tarifario correspondiente a la prestadora del

Servicio de Agua Potable de la Cooperativa de Aguas Obras, Servicios Públicos y Asistenciales de

Villa Santa Cruz del Lago y Zonas Adyacentes Limitada, en los términos propuestos en el informe

técnico del Área de Costos y Tarifas, el que como anexo único forma parte de la presente resolución

y empezará a regir a partir de los consumos registrados desde el primero de Marzo de 2015.-

Artículo 2°: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente el Cuadro Tarifario aprobado

a los fines pertinentes.

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

MARIANA ALICIA CASERIO DR. MARIO AGENOR BLANCO

VICEPRESIDENTE PRESIDENTE

JOSÉ CARLOS ARÉVALO

DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS DR. MIGUEL OSVALDO NICOLAS

DIRECTOR DIRECTOR

WALTER SCAVINO

DIRECTOR

ANEXO

http://goo.gl/NnZzdL

Resolución General N° 12 Córdoba, 15 de Abril de 2015.-

Expte. Nº 0521–048988/2015.-

Y VISTO: Que vienen las presentes actuaciones en las que tramita el Recurso de Reconsideración

interpuesto por la “Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Limitada” en contra de la Resolución

ERSeP Nº 6 de fecha 12 de marzo de 2015.-

Que por el instrumento cuestionado, el ERSeP dispuso: “Artículo 1º: ORDENASE a la Cooperativa

de Trabajo Aguas Cuencas del Sol Limitada a compensar económicamente a los usuarios del

Servicio Público de Agua Potable de la ciudad de Cruz del Eje como consecuencia de la deficiencia

de continuidad en la prestación del servicio durante el lapso de siete días, con un monto equivalente

al veintitrés por ciento (23%) de la factura del mes de Marzo del año 2015, según las pautas del

Informe Técnico obrante a fs 23/25.-“

Que no existen antecedentes en las actuaciones que den constancia de la fecha de recepción de

la cedula de notificación que obra en fotocopia, razón por la cual no se puede evaluar si el recurso

de que se trata ha sido interpuesto en tiempo y forma atento lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley

Nº 5350 (t.o. Ley 6658).

Que no obstante ello y atento al tenor de la cuestión planteada se procederá a su tratamiento en lo

sustancial.-

Y CONSIDERANDO:

Que cuadra analizar los cuestionamientos efectuados por la prestadora en cinco aspectos

sustanciales: A) Nulidad del acto recurrido; B) Consideraciones en orden a la forma de evaluar los

hechos; C) Objeciones vinculadas a los aspectos técnicos que involucra el hecho en cuestión sobre

los que se expide el Área Técnica D) Relación contractual y E) Pedido de Suspensión del Acto.

I Que respecto de la Nulidad del Acto Recurrido sostiene el recurrente que: “La resolución

cuestionada es nula por ilegal, ilegítima, arbitraria e irrazonable…” da razones.

Que en relación a este aspecto cuadra efectuar las siguientes consideraciones:

Que en primer lugar se debe destacar que, de las razones esgrimidas, se desprende con claridad

que el presentante parte del criterio de que se aplico una sanción en base al Informe técnico

producido por el Área Técnica de la Gerencia de Agua y Saneamiento, cuando en realidad se trato

de una medida de índole regulatoria tendiente a restaurar el equilibrio en la relación usuario prestador.

Que esta circunstancia le da un carácter absolutamente diferente al acto recurrido, a su motivación

y al procedimiento aplicado, ya que el mismo se asienta sobre principios absolutamente diferentes de

los que se requieren para un proceso sancionatorio.

Que en efecto, el acto administrativo atacado fue dictado por el órgano competente mediante el

procedimiento correspondiente y se ajusta a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico siendo adecuado

a los fines perseguidos.

Que ello es así por que como ya se tiene dicho en virtud del art. 42 de la CN los servicios públicos

estarán fuertemente regulados tanto por leyes y demás reglamentaciones que conforman los “marcos

regulatorios” y corresponde a los “organismos de control” la aplicación de esos marcos regulatorios.

Que como ya se ha reconocido jurisprudencialmente: “…….la ley 8835, previó la facultad

jurisdiccional que acuerda al Ente la posibilidad de resolver la situación controvertida aun de oficio.

El art. 25 inc d) y t) de dicho cuerpo normativo, da al Regulador la competencia en la toma de

decisiones al momento de “resolver las controversias que se susciten con motivo de la prestación de

los servicios regulados” y en general, de “…realizar todos los demás actos que sean necesarios

para el buen ejercicio de la función reguladora y la satisfacción de los objetivos de la ….. Ley”.

Dichas actividades deberán ser ejecutadas conforme a quien interpreta la situación planteada y

dentro de un marco de razonabilidad en las decisiones tomadas.”1

Que en orden al procedimiento y la motivación se dio amplia participación al Área Técnica de la

Gerencia de Agua y Saneamiento, la que se expide en varias oportunidades en el mismo sentido tal

como se analizara a posteriori.

Que finalmente, y abundando sobre los fundamentos esgrimidos por la resolución recurrida los

que quedan aquí reproducidos, el fin perseguido consistió y consiste en restaurar el equilibrio en la

relación usuario prestador y no en la aplicación de una medida sancionatoria.

Que abona la postura lo sostenido por la doctrina citada por la jurisprudencia supra mencionada en

el sentido de que “……..Zubiaur ha sostenido que ‘el usuario es el fin último tanto del control del

Estado en este campo -se refiere a los servicios públicos- como de la técnica del servicio público. No

existirá un buen servicio público ni tendrá razón de ser toda regulación o control estatal por más

estrecho que sea, si el usuario no encuentra satisfechas sus necesidades básicas o se encuentra

indefenso ante el accionar de los prestadores’ (“La concesión de servicios públicos”. Rev. Juríd. de

Bs.As. Nº 3, Fac. Derecho de la U.B.A., A. Perrot, Bs.As. 1991, ps. 103/104).

“Por ello, coincidimos también con Gordillo cuando señalaba que el término más importante de la

relación concesionario-usuario es este último, y que debe propenderse a un régimen jurídico que

garantice el interés del usuario, a quién señala muchas veces postergado y resignado a recibir un

mal servicio, viéndose imposibilitado de atacar la defección del prestador del servicio, por haberse

confundido la noción de ‘interés público’ con ‘interés estatal’ o ‘interés de la administración’. (A.

Gordillo, “Tratado de Derecho Administrativo”, T. II, De. Macchi, Bs.As., 1980, Cap. XIII, ps. 20/21,

Nº 13).

Que la legislación estableció marcos regulatorios de los servicios públicos y se crearon entes

reguladores dotados de facultades de dirección y control de naturaleza policial.

Que el ente no actúa como supuesto árbitro que dirime conflictos entre partes iguales, sino que tiene

el deber constitucional y legal de buscar equilibrar la desigualdad existente, compensando el poder

monopólico o exclusivo con un mayor peso de su control y una mayor defensa del usuario” 2

Que en consecuencia, el acto atacado de nulidad fue dictado por autoridad competente, no viola los

principios que informan los procedimientos y normas establecidas legal o reglamentariamente para

su dictado. Tampoco se encuentra viciado por error, dolo o violación de la Ley en cuanto al fondo

todo lo cual lo deja fuera de las posibilidades previstas por la ley 5350 to 6658 para la nulificación de

un acto.

Que como corolario de ello el acto que por esta vía se pretende nulificar cumple en un todo con las

previsiones de los artículos 97 y 98 de la ley 5350 6658, y no se encuentra comprendido dentro de

alguno de los supuestos previstos por los artículos 104 y 105 del mencionado cuerpo legal.

Que en segundo lugar sostiene el recurrente que: “ Es un error tomar y considerar a los hechos

en conjunto, como hechos permanentes y continuos, en definitiva como una unidad, pese a la

cercanía temporal entre uno y otro, puesto que en realidad, son hechos aislados e independientes,

motivados por diversas causas (altas temperaturas, exceso de consumo en los barrios del centro o

barrios bajos, falta de presión, roturas concomitantes, pérdidas de agua por roturas motivadas por

el movimiento del suelo e influencia de árboles y raíces, etc, etc.), en donde la Cooperativa actuó de

manera inmediata, oportuna y diligente para solucionar estos imprevistos causadas fundamentalmente

por la influencia del clima y de la naturaleza y que de tal manera se encuentran previstos en las

contingencias y causales del marco regulatorio para su pronta solución.

Aplicar, la sanción en base al informe Técnico N° 49/2015, del cual se desprende, en forma

arbitraria que se trataría de la afectación del servicio por parte de la Cooperativa por dos

acontecimientos “producidos los días 29 de enero y 6 de febrero de 2015 respectivamente, provocando

deficiencias de continuidad en el radio servido”!, y que “las deficiencias de continuidad en el servicio

determinada en el presente informe (7 días), constituye un 23 por ciento del periodo de facturación

02-2015”

Que sostiene que: “La sanción ha sido impuesta en base a varios hechos aislados e independientes

uno de otro, desconociendo un elemento común: causa no imputable a la concesionaria.”

Que en este sentido cuadra destacar que el recurrente no desconoce la existencia de los hechos

que dan base a la medida regulatoria, difiriendo en la forma de contar los plazos y evaluando la

conducta de la Prestadora. Sin duda que a la luz de lo analizado dicho argumento cae en razón de

que se trata la medida de equilibrar la situación planteada los días 29 al 31 de enero y 6 al 10 de

febrero ambos del año 2015 conforme a las pautas del informe técnico oportunamente producido y

no de sancionar hechos que podrían constituir infracciones a la normativa vigente lo cual es evaluado

por cuerda separada. A los fines de la medida regulatoria no se evalúa la conducta de la Prestadora

sino las consecuencias que la misma tiene en relación a los usuarios.

Que se trató en el caso de que un sector de la comunidad –de usuarios en el sentido y alcance

protectivo del art. 42 de la Constitución Nacional- que tiene derecho a la prestación del servicio de

provisión de agua potable en condiciones suficientes y aptas de continuidad no lo recibió de esa

forma y ello llevo al Regulador a tomar un medida tendiente a restaurar el equilibrio en la relación

usuario-Prestador y no de aplicar una sanción por uno o mas hechos infractores.

Que en relación a los aspectos Técnicos el Área Técnica analiza los: “3.1. HECHOS DIAS 29 AL

31 DE ENERO DE 2015” y los 3.2.- HECHOS DIAS 06 AL 10 DE FEBRERO DE 2015 de acuerdo

1 - SENTENCIA Nº 199, Cámara contencioso administrativa de primera nominación, autos: "AGUAS CORDOBESAS S.A. C/ ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

(ERSEP) - PLENA JURISDICCIÓN"

2 - Del fallo citado