Resolución General 9/2020

Emisor:INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Fecha de publicación:16 Mar 2020


Ciudad de Buenos Aires, 13/03/2020

VISTO: Las leyes N° 19.550 Ley General de Sociedades, en adelante “la LGS”), N° 22.315, N° 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, cuyo Título III instituyó el régimen legal de las denominadas Sociedades por Acciones Simplificadas (en adelante “la/s SAS”) y N° 27.444, modificatoria de las leyes precitadas; la Resolución General IGJ N° 6/2017 modificada por su homóloga N° 8/2017 y la Resolución General IGJ N° 7/2015 (“Normas de la IGJ”); y

CONSIDERANDO:

I.

Que el at. 21 inc. b) de la Ley N° 22.315 –orgánica de la IGJ- atribuye a este organismo efectuar la interpretación con carácter general y particular de las disposiciones legales aplicables a los sujetos sometidos a su control.

Que mediante las resoluciones generales IGJ N° 6/2017 y su modificatoria N° 8/2018, esta IGJ puso en acto la referida atribución y con consideración a los criterios interpretativos que estatuyó reglamentó diversos aspectos del régimen de la sociedad por acciones simplificada (“la SAS”, Ley N° 27.349, su Título III, arts. 33 a 62) mediante las resoluciones generales IGJ N° 6/2017 y su modificatoria N° 2018, autolimitando dicha interpretación al ejercicio de funciones registrales.

Que esa interpretación del derecho de fondo en sede de reglamentación puede ser llevada a cabo tanto para la revisión y eventual modificación de criterios sentados con anterioridad, como para establecer otros en otras materias susceptibles de interpretación, y plasmar en prescripciones normativas las resultantes.

Que la interpretación de la ley de fondo puede ser llevada a cabo en punto a las atribuciones de fiscalización de esta IGJ y no solo las de registración matricular, en tanto se lo haga con consideración de la ley supletoriamente aplicable –Ley General de Sociedades N° 19.550 (“la LGS”)- de forma conciliada a las finalidades de la ley 27.349.

Que en referencia a las SAS las finalidades de dicha ley se centran en poner a disposición de los emprendedores para el desarrollo de sus actividades una forma jurídica personificada de constitución y puesta en marcha rápida y sencilla y funcionamiento orgánico flexible conforme a las permisividades de la ley y en hacer posible en favor de ella –además de otros emprendedores que no adopten la forma jurídica de la SAS- el acceso a financiamiento a través de mecanismos que la misma ley contempla, tales como el del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), el Sistema de Financiamiento Colectivo y el Programa “Fondo semilla” (arts. 14 y ss., 22 y ss. y 63, ley 27.349)

Que no se desprende de la letra ni del espíritu de la ley 27.349 que para que se satisfagan las señaladas finalidades sea necesario que en relación a terceros las SAS deban funcionar en determinadas condiciones de clandestinidad, opacidad y sin contralor administrativo de ninguna clase, posibilidad que se desprende de algunas disposiciones de la RG 6/2017; ni tampoco que se puedan vulnerar derechos esenciales de los socios, cuya anticipada renuncia seguramente solo conduciría a futuras situaciones jurídicas abusivas y a consiguientes escenarios de conflictividad judicial que es sabido resultan fatales para la suerte de una empresa.

Que las SAS pueden ser un valioso instrumento jurídico a condición de que las utilicen genuinos emprendedores y de que lo hagan en condiciones de transparencia y equidad entre los socios que son claramente favorables a éstos pues si no existe o no se transparenta o publicita información confiable respecto de la sociedad y de los propios socios, aumentará el riesgo para los terceros o al menos con toda probabilidad será esa la percepción de estos y será más dificultoso que operen con la sociedad, lo cual terminará afectando a los socios.

Que el art. 31 de la Constitución Nacional establece una jerarquía normativa en el ordenamiento jurídico, disponiendo que ella y las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación.

Que por lo tanto ninguna norma de rango inferior a la ley –con excepción de los denominados decretos de necesidad y urgencia (DNU, art. 99 párrafos tercero y cuarto de la Constitución Nacional), de transitoria equiparabilidad supeditada a que alcancen ulteriormente rango legal mediante la intervención parlamentaria)- puede modificar las leyes en el contenido sustantivo de éstas, aunque sí proveer, sin modificar su espíritu, los medios y detalles conducentes a hacer efectiva su aplicación, interpretándolas con consideración no solo al ordenamiento inmediato de fondo que se reglamenta sino armonizándolas cuando fuere necesario en mayor alcance con prescripciones del ordenamiento jurídico general e incluso con principios de éste.

II.

Que procede ahora entrar a la consideración de diversas disposiciones de la RG 6/2017 que violan la legislación de fondo, tanto normas y principios del Código Civil y Comercial de la Nación como normas de la ley 19.550 e incluso de la ley 27.349 en cuanto desnaturalizan o exorbitan prescripciones de ésta, lo cual transgrede el sentido de la atribución de interpretación contemplada en el ya citado art. 21 inc. b) de la ley 22.315.

II.1.

Que en la interpretación de la ley 27.349 el art. 23 de la RG 6/2017 plasma el criterio de un capital social inicial como un requisito meramente formal e irrelevante y que no queda otro remedio que satisfacer toda vez que la ley de fondo lo consigna como uno de los contenidos del instrumento de constitución (art. 36 inc. 6, ley 27.349).

Que en efecto, el citado art. 23 de la resolución administrativa establece al respecto que “en ningún caso”, cualquiera sea la naturaleza o diversidad del objeto social, se exigirá la acreditación de un capital que supere el capital mínimo previsto por el art. 40 de la ley 27.349, equivalente a dos veces la cifra del salario mínimo vital y móvil, o sea, en la actualidad, a partir de octubre de 2019, la suma de $ 33.750.

Que ello supone que el capital social no es contemplado bajo la perspectiva de una de sus funciones, cual es la de productividad o medio hacia la consecución del objeto social, ni tampoco desde la mira de su función de garantía hacia los terceros, todo lo cual resulta a todas luces inadmisible.

Que la dotación de un capital social que relacionado al objeto de la sociedad luzca inicialmente razonable para que la sociedad ponga en marcha su actividad con medios propios hasta que acceda a fuentes de financiamiento es una exigencia de la buena fe en la realización de los actos jurídicos, sean éstos de índole contractual o constituyan declaraciones unilaterales de voluntad dirigidas a la creación de un sujeto de derecho diferenciado del declarante.

Que es inaceptable que una resolución administrativa exponga al socio o socios de una sociedad a la pérdida de la limitación de la responsabilidad inherente al tipo social escogido, por vía de la desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad que será con toda probabilidad el corolario de la actuación dañosa de una sociedad ab initio subcapitalizada.

Que conforme más abajo se examina la antes señalada desconsideración de funciones esenciales del capital social puede quedar grotescamente agravada con la previsión del art. 25 inc. d) de la RG 6/2017, el cual en referencia a la integración del capital admite que ésta se pueda acreditar con la sola constancia en el instrumento constitutivo de haberse solventado con ella los gastos de inscripción de la sociedad en el Registro Público.

Que en la etapa inicial de la vida de la sociedad el capital social debe ser el necesario para la puesta en marcha del emprendimiento que constituye su objeto y un desarrollo inicial hasta que la sociedad acceda a fuentes crediticias, haciéndolo con un capital que prevenga un excesivo traslado de riesgos a terceros por la vía de los pasivos que se derivarán del crédito, hasta que éste se traduzca en el giro del negocio en condiciones más seguras para los terceros.

Que los mecanismos de financiamiento de la ley 27.349 contemplan como aspectos salientes que la SAS emitiría acciones como...

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