Resolución General 33/2020

 
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Ciudad de Buenos Aires, 31/07/2020

VISTO: el artículo 1669 del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme al cual el contrato de fideicomiso debe inscribirse en el Registro Público que corresponda, y las normas reglamentarias sobre el mismo dictadas por esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA; y

CONSIDERANDO:

1. Que este Organismo, a los fines de adecuar su normativa reglamentaria al Código Civil y Comercial de la Nación, dictó la Resolución General IGJ N° 7/2015 en sustitución de su antecedente Resolución General IGJ N° 7/2005, y en aquella incluyó normas reglamentarias relativas a la inscripción en el Registro Público de los contratos de fideicomiso (artículo 1669 del código citado), a saber, los artículos 284 a 291 en el Título V del Libro III de la resolución de mención, disponiendo en ellos sobre los requisitos de la registración, la figura del fiduciario, las inscripciones posteriores a la del contrato de fideicomiso, la constitución del fideicomiso, los fideicomisos sobre acciones, el eventual régimen contable, la implementación informática de un registro de fiduciarios y la extinción de los fideicomisos, etc.

Que algunas de dichas disposiciones fueron modificadas por la Resolución General IGJ N° 9/2015 y lo propio hizo la Resolución General IGJ N° 6/2016, que además derogó algunas de ellas.

2. Que resulta conveniente revisar el régimen normativo que ha quedado luego de las modificaciones y supresiones efectuadas por las resoluciones generales citadas precedentemente, y asimismo precisar el ejercicio de la función registral y los efectos o alcances de la registración.

3. Que la necesidad de inscripción del contrato de fideicomiso en un registro público ha sido objeto de preocupación y aspiración por parte de la doctrina nacional (MOISSET DE ESPANES Luis, “Aspectos registrales del fideicomiso” en JA 1995 – III – 2014, página 1; ídem, JUNYENT BAS Francisco y MOLINA SANDOVAL Carlos A, “Bases para una reforma del régimen del Fideicomiso. A propósito de la necesidad de su inscripción”, en La Ley 2007 – C- 782; etc.) y si bien, incorporada esa registración a la legislación nacional por la ley 26994, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1669 no aclara cuál es el Registro Público al que hace referencia -cuestión que esta resolución deja dilucidada en considerandos más abajo expuestos-, ni tampoco cuál es el efecto que tiene la registración requerida, lo cierto es que existe consenso en cuanto a la necesidad de que una reglamentación proceda a determinar los datos a incorporar al Registro y fundamentalmente sobre los alcances de la inscripción (LORENZETTI, Ricardo L., “Código Civil y Comercial Comentado”, tomo VIII, Rubinzal-Culzoni Editores, página 180; ALTERINI, Jorge H., Director general, “Código Civil y Comercial Comentado”, Tratado Exegético”, tomo VII, páginas 1025 y 1026).

Que resulta claro, atento la redacción de la norma del artículo 1669 del Código Civil y Comercial, que el registro en el cual se deberá inscribir el contrato de fideicomiso debe ser el Registro Público de Comercio de cada jurisdicción (LORENZETTI, ob. cit. tomo VIII, página 180), pues la referencia al “registro público que corresponda” permiten segregar situaciones alcanzadas por registros especiales (SANCHEZ HERRERO Andrés, Director y SANCHEZ HERRERO PEDRO, Coordinador, La Ley, tomo V, Contratos. Parte Especial, 2018, página 1152 y 1153), como ser los que rigen respecto de fideicomisos financieros que realizan oferta pública, cuya toma de razón deberá hacerse por ante la Comisión Nacional de Valores (art. 1691 del CCyCN). Así lo entendió esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA cuando, en la Resolución General Nº 7/2015, denominada “Normas de la Inspección General de Justicia”, en su artículo 36, inciso 4º, apartado e), dispuso que el Registro Público inscribe los siguientes actos… “4. e. Los contratos de fideicomiso, sus modificaciones cese y/o sustitución del fiduciario y/o extinción, excepto los que se encuentren bajo el control de la Comisión Nacional de Valores” (texto conforme Resolución General IGJ Nº 9/2015).

4. Que, a diferencia de lo que sostiene alguna doctrina (ALTERINI JORGE HORACIO, “Código Civil y Comercial Comentado, Tratado Exegético”, Ed. La Ley 2015, tomo VII, página 1025), no es cierto que, en lo que respecta a la inscripción de los fideicomisos en el Registro Público previsto por el artículo 1669 del CCyCN, esta norma carecerá de toda operatividad hasta tanto se establezca por vía reglamentaria el régimen de inscripción del fideicomiso en el Registro Público, pues esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, en ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 22.315, en el artículo 11, inciso c) (“Dictar los reglamentos que estime adecuados y proponer al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Justicia de la Nación, la sanción de las normas que, por su naturaleza, excedan sus facultades”), incluyó en el Título V, del L¡bro III, de la Resolución General IGJ Nº 7/2015, denominada “Normas de la Inspección General de Justicia” los artículos 284 a 291 que han configurado el concreto ejercicio de la potestad administrativa de “dictar los reglamentos que estime adecuados”, esto es se ha delineado la competencia registral de dicho Organismo, disponiendo al respecto los requisitos de la registración, la figura del fiduciario, las inscripciones posteriores a la constitución del fideicomiso, los fideicomisos sobre acciones, el régimen contable, la implementación informática de un registro de fiduciarios y la extinción de los fideicomisos etc., lo que implica una verdadera reglamentación del artículo 1669 del Código Civil y Comercial de la Nación en la esfera competencial de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, que tuvieron primera vigencia en esta Jurisdicción desde el día 2 de Noviembre de 2015 (conf. art. 2º, RG IGJ Nº 7/2015, publicada en el B.O.R.A. del 31/07/2015).

Que, sin embargo, la aludida resolución, más allá de haber sufrido modificaciones y derogaciones sobrevinientes en relación a los contratos de fideicomiso en consideración, no ha aclarado los efectos o alcances de dicha registración, ni las facultades de este Organismo en torno al alcance de sus funciones, en lo que respecta a la inscripción de fideicomisos en el Registro Público, el cual -obviamente- no es ni podrá ser jamás un “registro buzón” mediante el cual al encargado de dicho registro se limite a inscribir, sin más trámite, la documentación recibida, pues ello es absolutamente incompatible con las funciones que, desde el año 1857 en adelante, el Código de Comercio de la Provincia de Buenos Aires -redactado por los juristas Eduardo Acevedo y Dalmacio Vélez Sarsfield-, asignó al encargado del Registro Público de Comercio, para todas las inscripciones mercantiles previstas en dicho ordenamiento legal. Jamás, desde los albores del Derecho Comercial argentino, el “Encargado del Registro Público de Comercio” -hoy Registro Público- ha sido un archivador de documentos, y la mejor prueba de ello es que dicho registro mercantil ha estado, alternativamente, en manos judiciales o administrativas -y lo está, desde el año 1980, a cargo de esta Inspección General de Justicia, antes Inspección General de Personas Jurídicas- que, como su nombre lo indica, sus funciones no se limitan a archivar, sino a inspeccionar, que conforme al Diccionario de la Real Academia Española, implica “examinar o reconocer atentamente”, actividad que en nuestra legislación se conoció desde siempre como el “control de legalidad” -en sentido amplio-, lo cual implica una labor de mucha mayor intensidad que la de...

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