Resolución 76/2019

 
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Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2019

VISTO el Expediente N° EX-2019-64329735- -APN-DD#UIF, la Ley N° 25.246 y modificatorias y las Resoluciones UIF N° 70 de fecha 24 de mayo de 2011 y sus modificatorias, y N° 2 de fecha 6 de enero de 2012 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en atención a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (LA/FT).

Que en el artículo 20 de la precitada norma y sus modificatorias, se enumeran los Sujetos Obligados a informar a la UIF en consonancia con las obligaciones contenidas en los artículos 20 bis, 21 y 21 bis del mismo cuerpo legal.

Que mediante el artículo 14, inciso 10 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, se faculta a la UIF a emitir directivas e instrucciones para cumplimiento e implementación de los Sujetos Obligados.

Que la República Argentina es miembro pleno del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) y del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA (GAFILAT).

Que el GAFI es un ente intergubernamental con el mandato de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el LA/FT y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, oficialmente conocidas como “las Recomendaciones”.

Que, en tal sentido, las Recomendaciones emitidas por el mencionado organismo constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el LA/FT.

Que las mencionadas Recomendaciones constituyen los “Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación” que fueron revisados en el año 2012 y, como consecuencia de ello, se modificaron los criterios para la prevención del LA/FT, pasando así de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un Enfoque Basado en Riesgo.

Que, en tal sentido, la actual Recomendación 1 establece que a los efectos de un combate eficaz contra los referidos delitos los países miembros deben aplicar un Enfoque Basado en Riesgos, a fin de asegurar que las medidas implementadas sean proporcionales a los riesgos identificados.

Que mediante dicho enfoque, las autoridades competentes, Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) deben ser capaces de asegurar que las medidas dirigidas a prevenir o mitigar el LA/FT tengan correspondencia con los riesgos identificados, permitiendo tomar decisiones sobre cómo asignar sus propios recursos de manera más eficiente.

Que las Recomendaciones del GAFI requieren a los países exigir a los Sujetos Obligados que tomen medidas apropiadas para identificar y evaluar sus riesgos de LA/FT (para los Clientes, países o áreas geográficas, productos y servicios, operaciones o canales de envío). Se establece, asimismo, que éstas deben documentar sus evaluaciones para poder demostrar sus bases, mantenerlas actualizadas y contar con los mecanismos apropiados para suministrar información acerca de la evaluación del riesgo a las autoridades competentes.

Que, de igual modo, las Recomendaciones del GAFI establecen que los países deben exigir a los Sujetos Obligados que cuenten con políticas, controles y procedimientos que les permitan administrar y mitigar con eficacia los riesgos de LA/FT que se hayan identificado.

Que a los efectos de dar fiel cumplimiento a los objetivos que han sido asignados a esta UIF en su ley de creación, corresponde tomar en consideración el mencionado cambio de enfoque en los estándares internacionales para lograr una asignación eficiente de recursos en todo el régimen de prevención de LA/FT.

Que en tales términos, la presente regulación procura establecer un nuevo marco regulatorio para cheques de viajero, y el sector de tarjetas de crédito y compra tanto bancarias como no bancarias, Sujetos Obligados contemplados en el inciso 9 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que en tal sentido, la nueva regulación, a diferencia de la Resolución UIF N° 2/2012, pone énfasis en las tareas vinculadas a la administración u operación de estos medios de pago.

Que debido a un cambio en la composición del sector de tarjetas de crédito y compra, corresponde precisar el alcance del concepto de operador de tarjeta de crédito y compra adecuándolos a la realidad imperante en el mercado, y los roles que cumplen los Sujetos Obligados en cada caso.

Que de tal modo se da cumplimiento con uno de los principios rectores de la función reglamentaria consistente en interpretar las leyes conforme las nuevas necesidades y condiciones existentes en cada momento en que ellas son aplicadas, cuidando de no alterar los fines que se tuvieron presentes al momento de su sanción.

Que por ello, se incorporan los conceptos de “Adquirente”, “Agregadores”, “Agrupadores” y “Facilitadores de Pagos”, por su carácter de Operadores de Tarjeta de Crédito y Compra.

Que la presente norma tiene por objeto establecer las obligaciones que los Sujetos Obligados deberán cumplir para gestionar los riesgos de LA/FT, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes, conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI.

Que en este sentido, se pretende que los mencionados Sujetos Obligados identifiquen, evalúen y entiendan sus riesgos y, en función de ello, adopten medidas de administración y mitigación de los mismos, a fin de prevenir de manera más eficaz el LA/FT.

Que de igual modo, desde un Enfoque Basado en Riesgos corresponde establecer, para casos de inobservancia parcial o cumplimiento defectuoso de alguna de las obligaciones y deberes impuestos en la normativa, la posibilidad que esta UIF pueda disponer acciones correctivas idóneas y proporcionales, necesarias para subsanar los procedimientos o conductas observadas.

Que las reformas propuestas se condicen con las medidas que el Estado Nacional ha ido implementando en un proceso sostenido de modernización de la Administración Pública Nacional, también orientadas a fomentar la interoperabilidad entre las administraciones públicas, propiciando el intercambio y colaboración mutua, implementando herramientas tecnológicas que posibiliten acercar a los ciudadanos herramientas eficaces para su interacción con la Administración; en atención a lo dispuesto por el Decreto N° 891/2017 de Buenas Practicas en Materia de Simplificación.

Que se han realizado consultas y mesas de trabajo con el Banco Central de la República Argentina, la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción y Trabajo, la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (ATACYC), la Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito y Consumo No Bancarias (CERTACyC), Mercadolibre S.R.L. (MercadoPago), Tarjeta Naranja S.A., y E-Payments S.A, American Express Argentina S.A., Prisma Medios de Pago S.A. (VISA), First Data Cono Sur S.R.L. (Mastercard), y Bancar Tecnología S.A. (Ualá).

Que la Dirección de Supervisión y la Dirección de Análisis de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA han tomado intervención en la elaboración de la presente.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ha tomado la intervención que le compete.

Que el Banco Central de la República Argentina ha sido consultado en los términos del inciso 10 del artículo 14 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que el Consejo Asesor ha tomado intervención en los términos del artículo 16 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y por los Decretos Nros. 290 de fecha 27 de marzo de 2007 y 233 de fecha 25 de enero de 2016.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUELVE:

CAPÍTULO I. OBJETO Y DEFINICIONES.

ARTÍCULO 1°.- Objeto.

La presente Resolución tiene por objeto establecer los lineamientos para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados que son operadores del sector de tarjetas de crédito y compra, y emisores de cheques de viajero, deberán adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA/FT.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones.

A los efectos de la presente Resolución se entenderá por:

a) Autoevaluación de riesgos: Es el ejercicio de evaluación interna de Riesgo de LA/FT realizado por el Sujeto Obligado para cada una de sus líneas de negocio alcanzadas por la presente normativa, a fin de determinar su perfil de riesgo, el nivel de exposición inherente y evaluar la efectividad de los controles implementados para mitigar los riesgos identificados en relación, como mínimo, a sus Clientes, productos y/o servicios, canales de distribución y zonas geográficas. La autoevaluación de riesgos incluirá, asimismo, un análisis sobre la suficiencia de los recursos asignados, sumado a otros factores que integran el sistema en su conjunto como la cultura de cumplimiento, la efectividad preventiva demostrable y la adecuación, en su caso, de los controles internos y planes de capacitación.

b) Adquirente: Es aquella persona humana, jurídica o estructura legal sin personería jurídica que realiza algunas de las siguientes tareas vinculadas a la operación de tarjetas reguladas por la presente norma, consistente en:

1) Adherir a comercios al sistema de tarjetas de crédito.

2) Liquidar al receptor de pagos el importe de los pagos con Tarjetas que cuenten con la autorización de pago otorgada por el correspondiente Emisor.

c) Agregador, Agrupador o Facilitador de Pagos: es aquella persona humana, jurídica o estructura legal sin personería jurídica, que mediante un contrato con el Adquirente, proporciona a sus clientes, a través de...

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