Resolución 436/2023
Fecha de publicación | 15 Marzo 2023 |
Emisor | MINISTERIO DE SALUD |
Sección | Primera Sección - Legislación y Avisos Oficiales |
Ciudad de Buenos Aires, 14/03/2023
VISTO las Leyes Nros. 24.759, 26.097, 25.188, 27.275, 22.520, y, los Decretos Nros. 258 del 10 de abril de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y 456 del 3 de agosto de 2022, la Decisión Administrativa Nº 891 del 13 de septiembre de 2022, la Resolución del Ministerio de Salud Nº 1417 del 18 de julio de 2022 y el Expediente N° EX-2022- 127478855-APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que la integridad, la ética y la transparencia en la función pública son componentes fundamentales para un modelo de gestión orientado a fortalecer las capacidades institucionales necesarias para el desarrollo de las políticas públicas de un Estado presente e inclusivo.
Que la República Argentina asumió ante la comunidad internacional el compromiso de adoptar medidas eficaces para la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción en todos los niveles.
Que el Estado Nacional aprobó la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, mediante la sanción de las Leyes N° 24.759 y N° 26.097, respectivamente.
Que dichos tratados internacionales determinan la asunción de compromisos tendientes a adoptar diversas medidas con el objeto de preservar la integridad en el ejercicio de la función pública.
Que, asimismo, instan a la adopción de normas y medidas que garanticen la transparencia, debida diligencia, capacitación de los agentes y funcionarios, comportamiento ético en la función pública, el desarrollo de sistemas apropiados de contrataciones públicas, la gestión de conflictos de interés, la rendición de cuentas y la gestión de riesgos y control interno.
Que en igual sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe reciente “Estudio de la OCDE sobre Integridad en Argentina. Lograr un cambio sistémico y sostenido” aconseja, entre otras muchas acciones, garantizar políticas de integridad en todos niveles de gobierno, así como mejorar la coordinación y extensión de las políticas de integridad en el Poder Ejecutivo Nacional.
Que la posición de los funcionarios como servidores públicos exige el deber de cumplir con las demandas de transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo así los vínculos con la ciudadanía, como garantía de la confianza en las instituciones de la República.
Que, en ese sentido, por medio de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública se establecen un conjunto de...
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