Resolución 3404/2022

• Fecha de publicación: 26 Julio 2022
• Sección: Resoluciones
• Emisor: INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

Ciudad de Buenos Aires, 22/07/2022

VISTO el Expediente N° EX-2022-67495193- -APN-DGTA#INAES, y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo que ejerce las funciones que le competen al Estado Nacional como autoridad de aplicación del régimen legal de cooperativas y mutuales, así como las relativas al desarrollo, promoción, fiscalización, control público y superintendencia de dichas entidades.

Que el Decreto N° 721/00 prescribe, entre las atribuciones del Directorio, la de evaluar periódicamente el cumplimiento de los planes en ejecución, así como las funciones ordinarias que el Organismo desarrolle, proponiendo las correcciones y adaptaciones que estime necesarias; tanto como identificar y evaluar situaciones de orden legal, social, político, económico, organizativo y de cualquier otra índole que fuese necesario modificar para un mejor cumplimiento de los objetivos del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL.

Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado dependiente de la Presidencia de la Nación, tiene como función principal el fortalecimiento de la ética y la integridad en la Administración Pública Nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia.

Que al ratificar la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN por Ley Nº 24.759, y la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, (31 de octubre de 2003), por la Ley Nº 26.097, nuestro país se comprometió a crear mecanismos para lograr una extendida participación tanto de la sociedad civil como de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción, a través de herramientas tanto punitivas como preventivas.

Que, por la normativa mencionada ut supra, el Estado se compromete a promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad de los funcionarios públicos, a la aplicación de códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas y a la instauración de procedimientos de acceso a la información pública.

Que, del mismo modo, resulta esencial definir estrategias para garantizar la transparencia e integridad de las contrataciones públicas y de otras actividades que presuponen la interacción de los funcionarios con el sector privado, así como para prevenir, detectar y...