Resolución 338/2022

• Fecha de publicación: 04 Agosto 2022
• Sección: Resoluciones
• Emisor: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Ciudad de Buenos Aires, 01/08/2022

VISTO el Expediente N° EX-2022-50507990- -APN-DGAYF#MAD, la Ley N° 25.675, la Ley N° 27.250, el Decreto Reglamentario N°1030 de fecha 17 de diciembre de 2020; Ley N° 24.051, el Decreto N°831 de fecha 3 de mayo de 1993; el Decreto N°447 de fecha 17 de mayo de 1993, las Resoluciones de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 177 de fecha 19 de febrero de 2007, 1639 de fecha 31 de octubre de 2007, 1398 de fecha 08 de septiembre de 2008, 481 de fecha 12 de abril de 2011, 177 de fecha 27 de febrero de 2013, 206 de fecha 24 de junio de 2016 y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Nacional establece en su primer y segundo párrafo del artículo 41 que las autoridades deben proveer a la protección del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Que el tercer párrafo del precepto constitucional antes citado dispone que “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. (...)”.

Que por su parte mediante la Ley de Ministerios N° 22.520, se asignó a este MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN, las responsabilidades primarias de asegurar la adopción y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos respectivos, en función de garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con el ambiente y el patrimonio natural de la Nación.

Que la Ley 25.675 General del Ambiente es una ley marco en materia de presupuestos mínimos de protección ambiental que el Congreso de la Nación ha sancionado en virtud del mandato del tercer párrafo del artículo 41 CN y que reúne en su texto aspectos básicos de la política ambiental nacional, en consonancia con diversas contribuciones de la comunidad jurídica y de la sociedad en general.

Que en su artículo 22 la ley citada, prescribe que “...toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir (...)”.

Que, por su parte, el artículo 1 de la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051 establece que la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley, cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional o, aunque ubicados en territorio de una provincia estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado, o cuando las medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere conveniente...