Resolución 30 - E.

Emisor:Procuracion del Tesoro de la Nacion
Fecha de la disposición:29 de Diciembre de 2016
 
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Resolución 30 - E/2016

Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2016

VISTO lo dispuesto por el artículo 4°, inciso a, de la Ley N° 12.954 y el "Informe Evolutivo Actualizado Sobre el Nivel de Recupero en los Procesos de Ejecución donde el Estado Nacional es Parte Actora", elaborado por la Dirección Nacional de Auditoría de esta Procuración del Tesoro de la Nación, relativo a la gestión de cobro encomendada a los servicios jurídicos públicos y,

CONSIDERANDO:

Que el referido informe presenta una visión retrospectiva de los distintos controles que se han llevado a cabo, en los últimos veinte años, sobre carteras de cobro o recupero gestionadas por distintos servicios jurídicos integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado.

Que puede observarse, en ese período, una serie de variables que se repiten de modo constante y que guardan directa relación con los bajos niveles de eficacia en el cobro de las acreencias públicas que, en la mayoría de los casos, no supera el porcentual de un dígito.

Que, entre dichos factores negativos, se cuentan la omisión de trabar medidas cautelares y de ejecutar aquellas trabadas, la virtual paralización del expediente una vez dictada la sentencia de trance y remate y la omisión de priorizar la atención de los juicios de montos mayores.

Que las características e implicancias de las observaciones transcriptas, habrán de aparejar la imposibilidad, o la demora significativa en el cobro de los montos reclamados. Ello resulta más fundado aún si tenemos en cuenta que 106.891 juicios, de un total de 1.635.081, registran fecha de inicio entre los años 1996 y 2005 y, conforme la información brindada por los servicios jurídicos intervinientes, aún se encuentran en trámite.

Que, por lo demás, la cronología descripta en el informe elaborado es un claro indicio acerca de la falta de receptividad de las observaciones y recomendaciones oportunamente efectuadas, así como de la Doctrina de Auditoría elaborada por la Procuración del Tesoro de la Nación en orden a la necesidad de agotar los medios disponibles para percibir las acreencias fiscales.

Que, finalmente, la elevada cantidad de juicios ejecutivos alcanzados por la situación descripta da cuenta de la importancia del interés patrimonial del Estado en la adecuada tramitación de estas causas judiciales.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 4°, inciso a, de la Ley N° 12.954 y...

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