Resolución 27/2020

 
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Ciudad de Buenos Aires, 23/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-27470427- -APN-GDYE#ENARGAS; la Ley N° 24.076; su Decreto Reglamentario N° 1738/92 y modificatorios; el Capítulo IX de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución (RBLD), aprobadas por Decreto N° 2255/92; la RESFC-2019-12-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, la RESFC-2019-72-APN-GAL#ENARGAS y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº RESFC-2019-72-APN-GAL#ENARGAS, este Organismo aprobó una “Metodología de Traslado a tarifas del precio de gas y Procedimiento General para el Cálculo de las Diferencias Diarias Acumuladas”, identificada como Anexo IF-2019-08335385-APN-GAL#ENARGAS (en adelante la “Metodología”), que estuvo sujeta a consulta previamente conforme lo dispuesto por la Resolución Nº RESFC-2019-12-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.

Que dicha “Metodología” se determinó cuando la Secretaría de Gobierno de Energía del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (en adelante SGE), aprobaba mediante Resolución Nº RESOL-2019-32-APN-SGE#MHA, un mecanismo para el concurso de precios para la provisión de gas natural en condición firme para el abastecimiento de la demanda de usuarios de servicio completo de las prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes e instruía a Mercado Electrónico de Gas (MEG) Sociedad Anónima a que dicte las normas complementarias que considere necesarias para la organización e implementación de los mecanismos de concursos de precios aprobados.

Que, en ese orden, dicha “Metodología” contemplaba que “[…]se considerará, en principio, satisfecho el cumplimiento de la certificación requerida por el Decreto Nº 1411/94, en el marco de la adecuada evaluación que debe realizar este Organismo de los contratos de adquisición de gas para su eventual traslado a tarifas, si dichos contratos provienen de subastas públicas realizadas en el ámbito del MERCADO ELECTRÓNICO DE GAS S.A. (MEGSA), en tanto las mismas cumplan con las previsiones determinadas en el artículo 8° del Decreto N° 1053/18”.

Que resulta oportuno traer a colación una serie de planteos efectuados en oportunidad de que dicha “Metodología” estuvo sujeta a consulta pública.

Que METROGAS S.A. manifestó que “En todo contrato, el precio es el resultado de obligaciones y derechos que tienen ambas partes, por lo cual no puede aislarse el mismo de dichas condiciones y el hecho de no haberse negociado en el MEGSA no puede ser causa para su no reconocimiento o limitación sin tomar en cuenta esas otras variables” (IF-2019-04993001-APN-SD#ENARGAS, del Expediente Electrónico N° EX-2019-01861956- -APN-GAL#ENARGAS).

Que, en esa línea, Compañía General de Combustibles S.A., sostuvo que “El Proyecto de Norma […] presume que el mecanismo de subasta pública puesto a consulta pública por la Secretaría de Gobierno de Energía (la “Secretaria de Energía”) a realizarse en el ámbito del Mercado Electrónico del Gas (“MEGSA”) constituye un mecanismo transparente, abierto y competitivo (la “Subasta”). Esta Subasta debe asegurar, como principio fundamental del traslado a tarifas del precio de gas, que los precios negociados entre las Distribuidoras y sus proveedores (productores y comercializadores) “sean el resultado del libre juego de oferta y demanda en un mercado competitivo” (Conf. artículo 83 de la Ley 24.076, Decreto 2731/1993 y Decreto 1411/1994) y aseguren “(...) el mínimo costo para los consumidores compatible con la seguridad del abastecimiento” (Conf. artículo 38, inc. d) de la Ley 24.076). Sin embargo, el diseño de la Subasta, como así también los términos y condiciones de la misma, no aseguran “el mínimo costo para los consumidores compatible can la seguridad del abastecimiento” (Conf. artículo 38, inc. d) de la Ley 24.076) ni permiten” (...) la formación de precios óptimos poro beneficio de los consumidores” (Conf. Considerando 2º del Decreto 2731/1993)” (IF-2019-05038109-APN-SD#ENARGAS del Expediente Electrónico N° EX-2019-01861956- -APN-GAL#ENARGAS).

Que, sobre el particular, es oportuno retener el criterio señalado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, en oportunidad de la consulta pública ya reseñada, al sostener “En cuanto al procedimiento general para el cálculo de las diferencias diarias acumuladas, el Ente debe realizar un exhaustivo control de la información que presenten las distribuidoras, puesto que ello tendrá un impacto en la tarifa que abonen los usuarios. Además, existen mecanismos de actualización que entendemos, que de ninguna manera pueden afectar los derechos económicos de los usuarios”; ya que claramente cualquier metodología debe “garantizar” una debida protección a los derechos económicos y sociales de los usuarios. (IF-2019-04995353-APN-SD#ENARGAS del Expediente Electrónico N° EX-2019-01861956- -APN-GAL#ENARGAS).

Que de las anteriores opiniones previas a la vigencia de la resolución Nº RESFC-2019-72-APN-GAL#ENARGAS surgía la necesidad de resguardar los principios imperativos de regulación que se encontraban en el marco normativo que rige la competencia del ENARGAS.

Que, dicho ello, cabe indicar que la estructura tarifaria es un sistema que refleja los costos de cada segmento de la industria; así la tarifa que pagan los usuarios finales de servicio completo se encuentra compuesta por los siguientes componentes (Artículo 37 de la Ley N° 24.076): i) el Precio del Gas en el punto de ingreso al sistema de transporte: que remunera a los productores de gas y cuyo precio, que no está regulado, surge de los contratos firmados entre las Distribuidoras y Productores; ii) la Tarifa de Transporte, que remunera la prestación del servicio de transporte a través de los gasoductos troncales, desde las áreas de producción hasta las áreas de consumo (ingreso al sistema de distribución), y es regulada por el ENARGAS y iii) la Tarifa de Distribución, que remunera la prestación del servicio de distribución de gas por redes, desde el punto de recepción en el gasoducto troncal hasta los puntos de consumo, y es también regulada por el ENARGAS.

Que el Marco Regulatorio de la industria del gas prevé dentro de los tipos de ajustes...

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