Resolución 242/2023

Fecha de publicación30 Noviembre 2023
EmisorUNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales


Ciudad de Buenos Aires, 29/11/2023

VISTO el expediente N° EX-2023-128315540-APN-DGDYD#UIF del registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios, 652 y 653 ambos del 22 de septiembre de 2022, las Resoluciones UIF Nros. 21 del 18 de enero de 2011 y 70 del 24 de mayo de 2011 y sus respectivas modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo dispuesto por los artículos y de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA es un organismo que funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMÍA y tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).

Que, por su parte, el artículo 20 de la citada Ley, establece y enumera los Sujetos Obligados a informar ante esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en los términos previstos los artículos 21 y 21 bis de esa misma ley.

Que el inciso 12 del referido artículo 20 establece como Sujetos Obligados a informar a los Escribanos Públicos.

Que la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ha emitido, en uso de las facultades establecidas por el inciso 10 del artículo 14 de la Ley mencionada, directivas, instrucciones y resoluciones respecto de las medidas que deben aplicar los Sujetos Obligados para, entre otras obligaciones, identificar y conocer a sus Clientes.

Que mediante la Resolución UIF N° 21/2011 se establecen las medidas y procedimientos que los Escribanos Públicos deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de LA/FT, en tanto que por el artículo 3° de la Resolución N° 70/2011 se reglamenta la obligación de envío a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA de los Reportes Sistemáticos Mensuales (RSM), por parte de dichos sujetos.

Que la República Argentina es miembro pleno del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) desde el año 2000, organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de estándares internacionales para combatir el LA/FT y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), y como tal debe ajustar sus normas legales y regulatorias a sus recomendaciones.

Que en 2012 los estándares de GAFI fueron revisados y como consecuencia de ello se modificaron los criterios para la prevención del LA/FT, pasando así de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un enfoque basado en riesgos.

Que de acuerdo con la Recomendación 1 del GAFI, mediante dicho enfoque, las autoridades competentes, Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) deben ser capaces de asegurar que las medidas dirigidas a prevenir o mitigar el LA/FT tengan correspondencia con los riesgos identificados, permitiendo tomar decisiones sobre cómo asignar sus propios recursos de manera más eficiente.

Que de conformidad con el enfoque basado en riesgo, las APNFD deben entender la probabilidad de que los riesgos de LA/FT ocurran y el impacto que puedan tener, en caso de materializarse.

Que, en ese marco, la Recomendación 22 (R. 22) del GAFI establece que los requisitos de debida diligencia del Cliente y de mantenimiento de registros, como así también los requisitos sobre las personas expuestas políticamente, las nuevas tecnologías y la dependencia de terceros, establecidos en las Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17, se aplican a las APNFD, y por ende, también a los notarios, en las siguientes situaciones: cuando preparen o lleven a cabo transacciones para sus Clientes sobre las siguientes actividades: compra y venta de bienes inmuebles; administración del dinero, títulos, valores u otros activos del Cliente; administración de las cuentas bancarias, de ahorros, títulos o valores; organización de aportes para la constitución, operación o gestión de sociedades; constitución, operación o gestión de personas o estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.

Que según la Recomendación 23 (R. 23) del GAFI, los requisitos plasmados en las Recomendaciones 18 (Controles internos y sucursales y subsidiaras extranjeras), 19 (Países de mayor riesgo), 20 (Reporte de Operaciones Sospechosas -ROS-) y 21 (Revelación de la realización de un ROS a la UIF y confidencialidad), se aplican a todas las APNFD, señalando que debe exigirse a los notarios que reporten las operaciones sospechosas cuando, en nombre de un Cliente o por un Cliente, se involucran en una transacción financiera con relación a las actividades descritas en el párrafo (d) de la Recomendación 22.

Que la Nota Interpretativa (NI) de la R. 23, establece que los notarios no tienen que reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que éstos están sujetos al secreto profesional.

Que, respecto a las actividades indicadas en la Recomendación 22, corresponde hacer una salvedad, relativa al marco normativo local que regula a los Escribanos Públicos, considerando lo expuesto por los representantes del sector, mediante presentación del 21 de septiembre de 2023 (IF-2023-128315587-APN-DGDYD#UIF).

Que, conforme lo disponen las leyes provinciales y la ley orgánica de la Ciudad de Buenos Aires, en la esencia de la función notarial pueden advertirse claramente dos aspectos, la autenticación de hechos, en tanto, relatados como tales, como resultado específico de la fe pública de la que el notario es depositario, y la captación del significado intrínseco de los actos jurídicos y su configuración documental de modo de dotarlos de plena eficacia.

Que, asimismo, la función típicamente notarial, supone: a) la interpretación de la voluntad de las partes; b) la subsunción de las voluntades anudadas en la norma jurídica, de modo de configurar negocios jurídicos lícitos; c) la formación de instrumentos jurídicos válidos; d) la previsión de su eficacia y, por último, e) la previsión de las consecuencias del negocio instrumentado.

Que, en función de lo antedicho, el Escribano Público no efectúa ningún tipo de intermediación o corretaje, ni actividad mandataria, ni está facultado para administrar bienes de terceros o de sus clientes. La intervención del Escribano Público en la República Argentina se caracteriza por su total imparcialidad en los negocios en que interviene como profesional del derecho que ejerce una función pública. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se puede constituir en administrador de bienes de sus clientes ya que perdería, en ese caso, su actuación autenticadora y documentadora esencial.

Que, como consecuencia de lo expuesto, resulta claro, que los Escribanos Públicos no pueden en ningún caso, en ejercicio de la función notarial, efectuar las actividades de “administración de bienes y/u otros activos”, ni de “administración de cuentas bancarias, de ahorros y/o de valores” en nombre o por cuenta de terceros; por lo que a pesar de estar previstas en las Recomendaciones 22 y 23 ya mencionadas, no han sido incluidas en la presente norma.

Que en junio de 2019, GAFI emitió la Guía sobre “Orientación para un enfoque basado en riesgos para profesionales jurídicos” (“Guidance for a Risk-Based Approach for Legal Professionals”), la cual resume los elementos clave para la implementación de las Recomendaciones del GAFI y de un enfoque basado en riesgo por parte de los profesionales del derecho, entre los que se encuentran los notarios.

Que, a los efectos de dar fiel cumplimiento a las competencias que han sido asignadas a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA en su ley de creación, corresponde modificar el marco regulatorio vigente, con el objeto de establecer y/o adecuar las obligaciones que los Escribanos Públicos deberán cumplir cuando lleven a cabo las Actividades Específicas previstas en la R. 22, con el alcance indicado, para administrar y mitigar los riesgos de LA/FT, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes, conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI.

Que, asimismo, desde la entrada en vigencia de la normativa aplicable a dichos Sujetos Obligados, se supervisó su labor y como resultado de ello se han advertido oportunidades de mejora en función de la información recabada, la operatividad del sector y la práctica observada.

Que en la norma propuesta se han tenido en cuenta los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA y FT/FP aprobadas por los Decretos Nros. 653/22 y 652/22, respectivamente.

Que del informe publicado por esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA titulado “Análisis y Evaluación de los Reportes de Operaciones Sospechosas de los Sujetos Obligados” (2022), surge la necesidad de mejorar algunos aspectos vinculados a la temática referida.

Que, por otra parte, se han considerado las señales de alerta para la identificación de operaciones inusuales ilustradas en el documento “Análisis: Implementación de Medidas Preventivas de LA/FT en el Sector Notarial” del Grupo de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera (GTARIF) del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA (GAFILAT), de enero 2020.

Que para llevar adelante la reglamentación se realizaron consultas y mantuvieron reuniones con el CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ha emitido opinión, conforme lo establece el inciso d) del artículo de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias.

Que el Consejo Asesor ha tomado intervención en los términos del artículo 16 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y el Decreto N° 290/07 y sus modificatorios.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUELVE:

CAPÍTULO I. OBJETO Y DEFINICIONES.

ARTÍCULO 1°.- Objeto.

La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos...

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