Resolución 169.

Emisor:MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - SECRETARÍA DE COMERCIO
Fecha de la disposición:28 de Marzo de 2018
 
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

SECRETARÍA DE COMERCIO

Resolución 169/2018

Ciudad de Buenos Aires, 27/03/2018

VISTO el Expediente EX-2018-03299665--APN-CME#MP, las Leyes Nros. 22.802 y 24.240, y sus modificatorias, el Decreto Nº 891 de fecha 1 de noviembre de 2017, las Resoluciones Nros. 171 de fecha 4 de julio de 2016, 207 de fecha 17 de marzo de 2017 y 390 de fecha 16 de mayo de 2017, todas de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, y a una información adecuada y veraz.

Que el Artículo 12 de la Ley Nº 22.802 faculta a la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en su carácter de Autoridad de Aplicación, a establecer los requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir los productos o servicios que no se encuentren regidos por otras leyes; a determinar el lugar, forma y características de las indicaciones o colocar sobre los frutos y productos que se comercializan en el país o sobre sus envases; y a obligar a quienes ofrezcan servicios a informar claramente al consumidor sobre sus características.

Que, a su vez, el Artículo 5º de la Ley Nº 24.240 establece que las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.

Que, la Resolución Nº 171 de fecha 4 de julio de 2016 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, aprobó la regulación de seguridad eléctrica para el equipamiento eléctrico de baja tensión que se comercialice en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que, dicha resolución fue dictada con la intención de reformular algunas de las exigencias del régimen vigente hasta ese momento, de forma tal de garantizar a la población la seguridad y la información en la utilización de los productos eléctricos que se comercialicen en el país.

Que, posteriormente, la Resolución Nº 171/16 de la SECRETARÍA DE COMERCIO fue modificada por las Resoluciones Nros. 207 de fecha 17 de marzo de 2017 y 390 de fecha 16 de mayo de 2017 ambas de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que habiendo transcurrido un período de aplicación práctica de la Resolución Nº 171/16 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, se ha advertido que existen cuestiones y exigencias que resulta conveniente modificar, corregir y aclarar, a fin de facilitar el comercio y, al mismo tiempo, brindar a los consumidores y usuarios estándares de seguridad e información adecuados.

Que la presente medida, manteniendo y velando por los mismos objetivos de seguridad e información que tenía la Resolución Nº 171/16 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, pretende simplificar su aplicación a fin de evitar la generación de costos y dilaciones innecesarios que obstruyen y entorpecen el comercio y que no agregan valor en la consecución de los objetivos centrales antes referidos.

Que, el Decreto Nº 891 de fecha 1 de noviembre de 2017 aprobó las BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional, el dictado de la normativa y sus regulaciones.

Que, dichas Buenas Prácticas, se integran por una serie de principios, entre los cuales se destacan el principio de simplificación normativa, mediante el cual se establece que las normas y regulaciones que se dicten deberán ser simples, claras, precisas y de fácil comprensión; el principio de mejora continua de procesos, a través de la utilización de las nuevas tecnologías y herramientas informáticas; el principio de evaluación de implementación; y el principio de presunción de buena fe del ciudadano.

Que la modificación que se promueve está enmarcada en los principios establecidos por las referidas normas.

Que la normativa de seguridad eléctrica debe acompañar los cambios y las mejoras tecnológicas y permitir la automatización de procesos.

Que, en este sentido, manteniendo el principio de certificación de tercera parte, como reaseguro principal de la seguridad de los productos eléctricos que se comercializan en el país al público en general, se tornan innecesarias aprobaciones y análisis administrativos adicionales.

Que, asimismo, y de acuerdo al principio de presunción de buena fe del ciudadano, lo propio sucede con las aprobaciones y análisis de las Declaraciones Juradas en los casos de productos exceptuados por estar destinados a un uso por parte de personal idóneo, o por tratarse de repuestos o insumos destinados a un bien final.

Que, en ambos casos, la Autoridad de Aplicación conserva amplias facultades de fiscalización del comercio, las cuales se ven facilitadas por la información que deben presentar los fabricantes e importadores, permitiendo una adecuada trazabilidad de los productos.

Que, la fiscalización del mercado, ya sea de oficio o mediante denuncias, resulta un medio eficiente para controlar la aplicación de las regulaciones administrativas, ya que no genera las externalidades negativas antes mencionadas propias de aprobaciones previas.

Que, la aplicación del principio de simplificación, conlleva en forma implícita la necesidad de evitar la duplicación de ensayos y certificaciones de productos cuando éstos ya fueron realizados por laboratorios y organismos técnicos del exterior de probada competencia.

Que, esta circunstancia, conduce a incluir en el régimen de seguridad eléctrica el reconocimiento de los ensayos y certificaciones realizados por laboratorios y organismos que forman parte del sistema de evaluación de la conformidad conocido como Esquema CB, el cual funciona en el ámbito de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) para los Aparatos Eléctricos.

Que, del mismo modo, en la correcta implementación del régimen de seguridad eléctrica para los casos de equipamiento eléctrico importado, es fundamental la participación de la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA.

Que, los principios de simplificación y presunción de buena fe antes referidos tornan aconsejable que las verificaciones a ser llevadas a cabo por la Dirección General de Aduanas, respondan a un sistema de selectividad en las condiciones establecidas por dicho organismo.

Que, asimismo, es necesario aclarar el régimen aplicable a los insumos y repuestos, de forma tal de facilitar el control aduanero y que no haya duplicaciones innecesarias de certificaciones que alcancen a éstos y a los bienes finales de los que forman parte.

Que las demás modificaciones promovidas, como la extensión del plazo de vigilancia del equipamiento eléctrico y la eliminación del etiquetado del importador, responden también a los principios de simplificación y facilitación del comercio antedichos, sin que se vean afectados los objetivos principales de seguridad e información a los consumidores, los cuales se encuentran asegurados por el sistema de certificación, la provisión de información por parte de los fabricantes, importadores y comercializadores a la Autoridad de Aplicación y la fiscalización de mercado de los organismos competentes.

Que, por lo tanto, la presente modificación promueve la derogación y ratificación de normativa relacionada con el régimen de seguridad eléctrica, tanto anterior como posterior a la Resolución Nº 171/16 de la SECRETARÍA DE COMERCIO, con el objetivo de concentrar en la presente norma los aspectos principales de dicho régimen, brindando mayor claridad y certeza a todos los actores y participantes del mismo.

Que, estos mismos objetivos son los que inspiran una redacción simple, clara y concreta de la norma, sin remisiones innecesarias ni la inclusión de Anexos técnicos extensos que puedan dar lugar a confusión en su aplicación práctica.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 22.802 y 24.240, y el Decreto Nº 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículos 1 a 3
ARTÍCULO 1º Objeto

La presente resolución tiene por objeto asegurar que el equipamiento eléctrico que se comercialice en la REPÚBLICA ARGENTINA cumpla con los requisitos que brinden un elevado nivel de protección a la salud, la seguridad de las personas y de sus animales domésticos y bienes.

ARTÍCULO 2º Ámbito de aplicación

La presente medida se aplicará:

a) Al equipamiento eléctrico a utilizarse con una tensión nominal de entrada, para material consumidor, y/o de salida, para material generador entre CINCUENTA VOLT (50 V) y MIL VOLT (1.000 V) en corriente alterna, y entre SETENTA Y CINCO VOLT (75 V) y MIL QUINIENTOS VOLT (1.500 V) en corriente continua.

b) A las fuentes, cargadores y transformadores que operen con las tensiones de entrada y/o salida previstas en el presente artículo.

Esta resolución no se aplicará al equipamiento eléctrico, ni a las fuentes, cargadores y transformadores a utilizarse con una tensión no comprendida en el inciso a) de este artículo, ni al detallado en el Anexo I que, como IF-2018-09913486-APN-DNCI#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º Definiciones

A...

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