Resolución 129/2020

 
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Ciudad de Buenos Aires, 25/08/2020

VISTO

El Decreto Ley 6.070/58 ratificado por la Ley 14.467;

La Ley de Procedimiento Administrativo 19.549; y su Decreto Reglamentario 1759-PEN/72 T.O., los Decretos 333-PEN/85, 434-PEN/16 y 891-PEN/17;

La Ley de Firma Digital 25.506 y su Decreto Reglamentario 182/2019;

Las Resoluciones COPIME N°13/15, Nº130/17 y Nº65/20; Nº66/20, y,

CONSIDERANDO

Que el Consejo Profesional ostenta la legítima función de regular el gobierno de las matrículas que en orden a las distintas profesiones congrega;

Que, en orden a las potestades que le fueran conferidas por el Decreto Ley Nº 6.070/58 ratificado por Ley 14.467, este Consejo se encuentra debidamente habilitado para emitir la documentación que acredite la calidad de los distintos profesionales congregados, mediante el Certificado de Matrícula Profesional y Certificado de Registro de Idóneo;

Que estas habilitaciones consumadas en los instrumentos señalados en el párrafo anterior, constituyen documentos públicos en los términos del Artículo 290 y con los alcances previstos en el Artículo 293 del Código Civil y Comercial de la Nación;

Que, desde la implementación del Plan de Modernización del Estado Nacional, aprobado por Decreto 434/16, se viene impulsando en la Administración Pública Nacional la facilitación de la gestión documental para el ciudadano, acceso a la información y la reducción de los plazos en las tramitaciones, mediante la generación de documentos y expedientes electrónicos, registros y otros medios contenedores de información para la tramitación de los expedientes.

Que el Decreto 891/17, que aprobó las Buenas Prácticas en Materia de Simplificación, demandó al Sector Público aplicar mejoras continuas de procesos a través de la utilización de las nuevas tecnologías y herramientas informáticas, utilizar e identificar los mejores instrumentos, los más innovadores y los menos onerosos, con el fin de agilizar procedimientos administrativos, reducir tiempos que afectan a los administrados y eliminar regulaciones cuya aplicación genere costos innecesarios, partiendo del reconocimiento de la presunción de buena fe del ciudadano, facilitando la acreditación de situaciones fácticas mediante declaraciones juradas. En ese marco, se requirió a los organismos de la Administración Pública Nacional que diseñen tramitaciones simplificadas y se los exhortó a impulsar acciones similares que permitan la tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea de todos los trámites;

Que...

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