Resolución 1231/2019

EmisorMINISTERIO DE SEGURIDAD
Fecha de publicación24 Dic 2019


Ciudad de Buenos Aires, 20/12/2019

VISTO el Expediente Nº EX-2019-112162500- -APN-UCG#MSG, las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nros. RESOL-2018-956-APN#MSG del 27 de noviembre de 2018, RESOL-2019-395-APN#MSG del 2 de mayo del 2019, RESOL-2019-598-APN#MSG del 15 de julio de 2019, RESOL-2019-845-APN#MSG del 2 de octubre de 2019, y RESOL-2019-932-APN#MSG del 18 de octubre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° RESOL-2018-956-APN#MSG se aprobó un nuevo “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, que deroga toda disposición o normativa contraria al mismo (arts. 1° y 2°).

Que dicha norma amplía de manera significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal por parte de los funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad, alejándose de las recomendaciones del “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley” establecido por la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS que, según el artículo 22 de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, deben ser incorporadas a los reglamentos que delineen el accionar policial y de las fuerzas de seguridad.

Que, en efecto, el mencionado Código establece, entre otras disposiciones, que en el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas; y que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario (arts. 2° y 3°).

Que, por su parte, los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley” —adoptados por el Octavo Congreso de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en LA HABANA, CUBA (1990)— prescriben que los funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad deberán utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de armamento letal, autorizando su uso sólo cuando otros medios resulten ineficaces.

Que dicha norma establece que cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben actuar en proporción a la gravedad de los daños, respetando y protegiendo la vida humana, para luego resaltar que sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

Que el artículo 5° del Reglamento General aprobado por la Resolución N° RESOL-2018-956-APN#MSG -que detalla los supuestos que se consideran situaciones de peligro inminente a los fines del uso de la fuerza letal- configura una ampliación que excede los criterios impuestos por la normativa hasta aquí detallada y se aleja del límite claro al uso de la fuerza letal por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad. Es que en la base conceptual de este reglamento subyace una inadmisible desconsideración del estándar de la legítima defensa, vulnerando sus exigencias y alcances al amparo de una justificación que pretende fundarse en el deber policial de hacer cumplir la ley.

Que, sin embargo, y en atención a la normativa antes reseñada, la utilización de armamento letal por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sólo se encuentra habilitada cuando sea estrictamente inevitable a los fines de proteger una vida -propia o de terceros- (v. arts. 34, incs. 4° y , y 35. Cód. Penal).

Que, en tal sentido, autorizar la utilización del armamento letal ante el mero acaecimiento de una fuga, o de resistencia a una detención si quien lo hace no encuadra en una situación estricta de “peligro inminente” de ocasionar la muerte, o, en su caso, lesiones graves de terceras personas o del personal de las fuerzas policiales y de seguridad intervinientes, así como habilitar su uso contra quienes portan otro tipo de armas o incluso no portan armas -situación contemplada en el artículo 5° del Reglamento General aprobado por la Resolución N° RESOL-2018-956-APN#MSG-, atenta contra el principio de proporcionalidad y el de racionalidad del uso de la fuerza letal; principios que, junto con la excepcionalidad y la progresividad, rigen el accionar policial en el modelo de un Estado Democrático de Derecho, cuya observancia se halla prescripta, como antes se indicó, por el artículo 22 de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059.

Que, de los considerandos de la Resolución N° RESOL-2018-956-APN#MSG, se desprende que uno de los fundamentos esgrimidos para justificar el dictado de la misma es que resultaría necesario implementar acciones que tiendan a sostener la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía en su conjunto y de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales, cuando se encuentren en una situación de peligro inminente, como así también velar por la protección de los derechos fundamentales de todas las personas.

Que, como primera observación a tal fundamento, cabe señalar que, tal como se adelantó anteriormente, las circunstancias que habilitan el uso de la fuerza letal por parte del personal policial y de las fuerzas de seguridad, contempladas en la referida resolución, no configuran, en su mayoría, situaciones que generen un peligro inminente para la vida de los agentes y de terceras personas. Pero, además, la habilitación del uso de armas letales por fuera de los principios de proporcionalidad, excepcionalidad, racionalidad y progresividad que deben regular su uso, configura una situación de riesgo para las personas víctimas de delitos, para personas ajenas al hecho y para los mismos integrantes de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, toda vez que el uso “irracional” de la fuerza genera un contexto de exponencial violencia que aumenta la vulnerabilidad y en nada contribuye a la protección de la vida de las personas involucradas en el hecho, ni de terceras personas ajenas al mismo.

Que, asimismo, este uso “irracional” incrementa la violencia en los hechos delictivos, pudiendo afectar de manera directa en la subjetividad de las personas que cometan un delito, toda vez que la ausencia de criterios de proporcionalidad y racionalidad en el uso de armas por parte de los funcionarios policiales, convierte en extremo cualquier enfrentamiento y estimula, por ende, el uso de armas por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad y por parte de quienes pretendan delinquir. Este aumento de la violencia genera una situación de mayor peligro para el personal policial, para quienes delincan y para terceras personas que se encuentren en las inmediaciones en las que suceda el hecho.

Que, asimismo, la resolución mencionada, configura un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, limitando la posibilidad de este último de ejercer su tarea de control sobre el accionar policial, toda vez que se recortan las facultades de los jueces para establecer posibles conductas ilegales ya que el carácter amplio de las situaciones contempladas en el reglamento permite que varios supuestos que, judicialmente, podrían ser caracterizados irracionales y excesivos, puedan encuadrarse en la categoría del “cumplimiento de deberes” y, por lo tanto, ser justificados por haber configurado, según el contenido de la resolución, un “peligro inminente”.

Que todo lo precedentemente expuesto impone derogar la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° RESOL-2018-956-APN#MSG.

Que el uso del armamento letal se encontraba regulado, hasta el momento del dictado de la Resolución RESOL-2018-956-APN#MSG, por disposiciones específicas de cada una de las fuerzas policiales y de seguridad, que reglamentaban su uso conforme a los principios de proporcionalidad, racionalidad, excepcionalidad y progresividad.

Que, así, dicha regulación se encontraba contenida, entre otros, en el Procedimiento Operativo Normal N°1/06 “Normas básicas para el personal que se desempeña en tareas de seguridad” de la GENDARMERÍA NACIONAL, las Directivas Nros. 8 y 9 “S”/2007 DOPE UP4 de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, el Reglamento General de Armas y Tiro, RGPFA N° 8, modificada por la ODI N° 25 de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y el Protocolo General de Actuación para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial - (PGA) No. 5 de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Que resulta necesario restablecer los criterios de actuación contenidos en aquellas disposiciones y en todas aquellas otras que, consistentes con los principios de proporcionalidad, racionalidad, excepcionalidad y progresividad, hubieran podido quedar genéricamente derogadas por aplicación del artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2018-956-APN#MSG. Ello, a afectos de que el personal policial y de las fuerzas de seguridad ajuste su accionar a...

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